La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el periódico digital Sin Comillas presentaron el jueves dos demandas en el Tribunal Superior de San Juan para que el gobierno entregue a la prensa información pública que el Ejecutivo se ha negado a divulgar sobre la reforma contributiva.

Frente a la secretaría del centro judicial, el presidente de la ASPPRO, Rafael Lenin López, explicó que la primera demanda exige que se le ordene al secretario de Hacienda que provea a la prensa el informe elaborado por la firma KPMG sobre la anunciada reforma con la que el gobierno se propone modificar el sistema tributario del país.

Sin Comillas hizo el 20 de noviembre pasado la petición del documento que debe contener datos sobre los cambios que afectarían a todos los ciudadanos puertorriqueños. Sin embargo, la agencia, secundada por el secretario de la gobernación, Víctor Suárez, ha denegado la solicitud, alegando que el informe de KPMG no es final, sino que se trata de un documento de trabajo que no es público.

Tanto López, como la periodista y editora del medio digital, Luisa García Pelatti, y el abogado que lleva el caso, Frank Torres Viada, sostienen que es público por tratarse de una gestión que se comisionó a la firma, pagada con fondos que provienen de las contribuciones de los puertorriqueños.

García Pelatti destacó que tener acceso al informe es esencial para poder cumplir con su función de informar a los ciudadanos sobre las implicaciones de un asunto de alto interés público.

La otra demanda pide la intervención del Tribunal para que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) divulgue todo lo relacionado a los acuerdos llegados con UBS Financial Services, en los que la firma se comprometía a pagar $3,500,000 y ofrecía restituir $1,681,742 a algunos clientes relacionados con transacciones en Fondos Mutuos Cerrados. Con este recurso, la ASPPRO se une al pleito ya presentado por un grupo de ciudadanos para validar su acceso a información que también es considerada pública.

López mencionó el memorando que emitió la Fortaleza el pasado noviembre que ordenaba agilidad a las agencias de gobierno en la respuesta a peticiones de información por parte de la prensa. La directriz cita la Orden Ejecutiva 2013-006, en la que el gobernador Alejandro García Padilla exigía "un gobierno de transparencia basado en el acceso a la información y estadísticas públicas". Indica, además, que toda información solicitada por la prensa debe ser respondida en un periodo de 24 horas con un acuse de recibo por escrito. Sin embargo, López consideró que esta directriz, que no tiene peso ni validez legal, se ha convertido en un obstáculo a los procedimientos.

“Hemos activado el proceso judicial y, de ahora en adelante, lo estaremos utilizando más, en la medida en que sigamos obteniendo de los jefes de agencia y funcionarios la negativa a entregarnos documentos que son públicos”, insistió López.

Mientras, el abogado Torres Viada expresó que “tiene que entender el pueblo de Puerto Rico y tienen que entender las autoridades gubernamentales que en una democracia, el acceso a la información es esencial para que los ciudadanos puedan participar de la discusión de los asuntos públicos”.

“La gente tiene derecho a saber. No existe razón válida para que el Estado, en estos dos asuntos, pretenda mantener secreta y bajo un velo de misterio una información”, destacó sobre los documentos que han sido generados con fondos públicos y que se considera indispensable para los ciudadanos puedan conocer las intenciones del gobierno antes de que se tomen decisiones finales.

“Democracia es un asunto de todos los días y, justamente, ese principio de participación ciudadana está respaldado por las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa, que es lo que se está intentado vindicar aquí”, indicó.

 El presidente de la ASPPRO exhortó a los periodistas a formalizar sus solicitudes de información mediante cartas a los jefes de agencia, les den plazos y que, si al cabo de ese plazo, el requerimiento no se ha atendido, que recurran a la organización para entonces activar el proceso judicial. “No podemos depender del análisis de burócratas ni de opiniones consultivas al Departamento de Justicia. Todos los documentos son públicos”, sentenció López.