Los puertorriqueños tienen la vista puesta en la reunión que celebra mañana en Nueva York la Junta de Supervisión, entidad establecida por el Congreso,  para atender la deuda, en Nueva York, donde pueden darse avances en el pulso que mantiene con el Gobierno de la isla por las finanzas publicas.

La Junta de Supervisión, creada a partir de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. (Promesa, por sus siglas en inglés), puso como límite el sábado para que el gobernador Ricardo Rosselló, introdujera cambios en el Plan Fiscal presentado a ese entidad de control, documento considerado inasumible.

La Junta de Supervisión exige al Ejecutivo un Plan Fiscal, que debe servir como línea maestra para cuadrar, sin déficit, los presupuestos de los próximos años, creíble financieramente, a lo que respondió el Gobierno de la isla con un documento que no ha convencido a la entidad de control, que ya advirtió que si no recibe un estudio convincente actuará de forma unilateral.

Cumplido el plazo el sábado, Rosselló informó que envió una carta al presidente de la Junta de Supervisión, José Carrión, en la que sugería que técnicos de ambas partes acercasen posiciones.

El desacuerdo tiene su raíz en las proyecciones del crecimiento económico para los próximos años, ya que la Junta de Supervisión prevé un escenario mucho más negativo que el Gobierno.

Las estimaciones son fundamentales, ya que afectan directamente a las estimaciones de la recaudación de impuestos, lo que es base para cuadrar los próximos presupuestos.

Los datos aportados por el Ejecutivo en el Plan Fiscal presentado prevén que para el presente año fiscal la economía de la isla caiga un 1.6 % y en 2018 un 1.5 %, mientras que la Junta de Supervisión dice que sus proyecciones apuntan a que la economía se contraerá este año un 2.2 %.

En la carta del sábado, el gobernador recuerda a la Junta de Supervisión que sus exigencias implicarían el despido de 45.000 funcionarios y que 300.000 personas sin capacidad para contratar un seguro privado se quedaran sin acceso al plan público de salud.

Rosselló insistió en la misiva en que técnicos de ambas partes acerquen posiciones al entender que sus estimaciones son las más cercanas a la realidad.

No se conoce respuesta oficial a de la Junta de Supervisión, que en su último comunicado oficial, el jueves, advirtió al Gobierno de que no certificará un Plan Fiscal con el que se trata de corregir el déficit fiscal por no cumplir con las estipulaciones de la Ley Promesa, además de asegurar que la propuesta se basa en proyecciones económicas optimistas y proyectar un gasto público por debajo de las tendencias históricas.

La junta de Supervisión pide al Ejecutivo acabar con el déficit en dos años fiscales, lo que implica recortes en pensiones, salud y educación necesarios para cerrar una brecha de cerca de $4,500 millones.

La propuesta de Rosselló, a través de recortes, solo se acerca a los $3,300 millones, muy alejada de la cifra exigida.