Aunque los jueces lograron aumentar su salario vía una demanda judicial, el gobernador Pedro Pierluisi dejó claro este sábado que todo está sujeto a que se le apruebe a la Rama Judicial el presupuesto que lo viabilizaría.

De inmediato, la decisión de lograr un aumento en lo que queda del año fiscal, que culmina el próximo 30 de junio, recae en manos de la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, para los próximos años fiscales la balanza recae en que la Legislatura apruebe dinero para los jueces. Ya el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, adelantó que no daría paso a la asignación de este dinero.

La explicación del primer ejecutivo surgió durante un aparte con la prensa, tras haber participado del 120 aniversario del natalicio del exgobernador Luis A. Ferré.

Según detalló, para el aumento salarial de este año “yo espero que la Junta permita que se utilice, que apruebe la reprogramación solicitada por OGP, para que entonces la Rama Judicial tenga a su disposición el monto que ya se le asignó en el presupuesto para la paga de los jueces. Yo espero que eso se permita. Entonces, eso debe resolver el asunto en este año fiscal. Ya para el que está corriendo”.

El aumento para la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, sería a $154,556 anuales, el de los jueces asociados del Tribunal Supremo será de $144,480 y el de los jueces del Tribunal de Apelaciones será de $130,579. Mientras, el salario de los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia será de $118,133 y el de los jueces municipales del Tribunal de Primera Instancia $91,974.

Pero, no está seguro que la Judicatura tenga dinero a partir del próximo 1 de julio para pagar estos salarios. Por ello, el primer ejecutivo habló de la necesidad de legislar para fijar por ley estos aumentos.

“Ya para el próximo es una materia presupuestaria, a menos que se legisle, pues para el próximo será una materia presupuestaria. Tendremos que incluir la cantidad necesaria para honrarle la paga justa y necesaria que merecen los jueces. Y, entonces, así que ahora será un asunto presupuestario, a menos que se legisle. Porque si se legisla, pues entonces tenemos más certeza, porque ya están las escalas aprobadas, y ya es más bien a nivel presupuestario cumplir con ese mandato de ley”, afirmó.

Por su parte, en declaraciones escritas, el ente fiscal indicó que “tiene conocimiento de varios proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa para enmendar la Ley de la Judicatura, específicamente para aumentar los salarios de los jueces”. Según sus expresiones, la Junta pareció inclinarse a favor de una solución legislativa al asunto. “Apenas la semana pasada el propio gobernador Pedro R. Pierluisi propuso legislación sobre este asunto, una clara indicación de que el gobernador también prefiere una solución legislativa al actual impasse entre los poderes legislativo y judicial del Gobierno de Puerto Rico. Esto significa que el proceso para encontrar una vía a seguir está en curso y la Junta de Supervisión continuará monitoreando”, finalizó.