El 12 de enero de 2014, Pedro González regresaba a su casa tras un agotador día de trabajo en una pizzería, cuando una goma de su auto se reventó y lo obligó a detenerse en el paseo -a más de 30 pies de la vía- para tratar de resolver la situación.

Apenas levantaba la puerta del baúl de su carro cuando vio las luces de otro vehículo que venían hacia el lugar donde estaba. Trató de esquivar el golpe, pero fue imposible. Una conductora en estado de embriaguez y guiando a exceso de velocidad lo impactó y dejó pillado a la altura de sus rodillas. El golpe fue tan fuerte que solo tuvo unos 30 segundos consciente en los que clamó vivir para poder ver crecer a su hijo de tres años.

Han pasado nueve años desde aquel trágico choque en el que Pedro, actualmente de 32 años, quedó gravemente herido. Aunque su súplica por vivir se cumplió, las consecuencias de la colisión provocaron una amputación de su pierna derecha y desechar para siempre su deseo de unirse al Ejército de Estados Unidos.

En entrevista con Primera Hora, el hombre reconoce los desafíos que ha enfrentado por casi una década. En cambio, ha decidido conciliar los retos narrando su testimonio a personas convictas que, tras conducir borrachas, se han visto involucradas en accidentes vehiculares.

“Mi interés es trastocar las vidas de otras personas a través de mi testimonio... me choca que esto sigue siendo tan común hoy en día, esto de atropellar un peatón. Y creo que a través de esta iniciativa puedo llevar un mensaje de lo que puede causar una persona guiando en estado de embriaguez. Que vean lo que me causaron a mí: una amputación. Es un asunto de llevar conciencia para que, si todavía no han causado un accidente, pues que reaccionen, y no esperen a provocarlo”, comenta el joven de 32 años sobre su participación en los talleres que se ofrecen a través del Programa de Servicios Especializados para Vías Libres de Alcohol y Sustancias (SEVAS) de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

Alza en fallecimientos de peatones

Y es que la falta de control en el uso de alcohol y el exceso de velocidad entre conductores se han convertido en una crisis en Puerto Rico, un país en el que se suscitan más de 18,000 accidentes de tránsito al año. El 84% son varones y el 16% féminas.

Solo en el 2022, se reportaron 18,624 colisiones en las que 1,460 personas resultaron heridas y 271 fallecieron.

Pero, si desafortunado fue el panorama el año pasado, en este 2023 es mucho más desolador: los choques finalizando julio sobrepasaban los 6,000 casos en los que más de 550 personas resultaron heridas y, lamentablemente, otras 169 fallecieron.

A diferencia de lo que ocurría antes, donde los más que morían eran conductores, en esta ocasión los más afectados son los peatones, como fue el caso de Pedro.

Datos provistos por el Negociado de la Policía de Puerto Rico a Primera Hora confirman que en los primeros siete meses del año se ha reflejado un aumento de un 66% en las muertes de transeúntes. Hasta finales de julio este es el renglón, con 55 casos, con más fatalidades, seguido por los conductores (51), motociclistas (39), pasajeros (18) y ciclistas (6).

Las víctimas fatales en choques de tránsito en su mayoría son jóvenes de 20 a 29 años, seguidos por los de 30 a 39 años y los de 40 a 49 años. Tristemente, también han muerto niños. Las estadísticas muestran que un menor entre 0 a 9 años falleció en los pasados meses y otras ocho personas entre los 10 y 19 años también perecieron.

“En el 2022, nosotros logramos bajar las fatalidades en las vías de rodaje, fueron casi 40 fatalidades menos que tuvimos comparado con el año anterior. Pero este año estamos viendo de nuevo un aumento y los peatones son algo que nos tiene bien preocupados, porque estamos observando que están muriendo en ese renglón personas entre 40 a 90 años. Estas personas están muriendo, en su mayoría, en horas nocturnas o de madrugada, intentando cruzar carreteras sumamente complicadas”, acotó en teniente Elvis Zeno, director auxiliar de la División de Patrullas de Carretera del Negociado de la Policía.

Puntualizó que el 45% de los choques fatales entre peatones, se debe a negligencia de los transeúntes.

“Lo que estamos viendo es que no usan los cruces peatonales o los puentes peatonales. Además, hay que recordar que el peatón debe conducirse siempre por una vía adecuada en dirección contraria al flujo vehicular. Pero lo que vemos es que le están dando la espalda al conductor y no como lo establece la ley. Tampoco vemos que utilicen las aceras”, dijo.

Sin embargo, enfatizó que en términos generales la mayoría de los accidentes en Puerto Rico involucran dos factores: exceso de velocidad y guiar en estado de embriaguez. Es por esto que se inician campañas intensivas en las que se han logrado arrestar hasta a 240 conductores en un wikén porque estaba guiando borracho.

“Cuando buscamos factores vemos que, en términos generales, esos dos aspectos de velocidad y alcohol son los más problemas que ocasionan y, en bastantes ocasiones, van cogidos de la mano. Por eso nos enfocamos en hacer este tipo de trabajo los fines de semana, porque un conductor que logramos detener bajo efectos de alcohol es, posiblemente, una vida que salvamos”, explicó al agregar que por concepto de la Ley 22 de Tránsito en todo accidente vehicular de carácter grave o fatal hay que hacerle obligatoriamente la prueba de alcohol a los involucrados.

Vuelven a guiar ebrios

En Puerto Rico, la Ley 22 establece que el porcentaje de alcohol en la sangre permitido para conductores mayores de 21 años es de 0.08%. Por otra parte, para conductores de vehículos pesados, oficiales, motoras y jóvenes entre los 18 a 20 años, el porcentaje permitido por ley es de 0.02%.

Sin embargo, la fiscal Jimara Gabriel Maisonet, directora de la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia, afirma que se ha corroborado que un .05% de alcohol en la sangre de una persona es suficiente para interferir en la toma de decisiones y en la visión.

Agregó que, anualmente, en Puerto Rico sobre 3,000 personas son arrestadas por conducir bajos los efectos de bebidas embriagantes y el 45% de estos son reincidentes. De otra parte, según datos de la agencia, el 69% de los choques fatales involucraron a personas que arrojaron .08% o más de alcohol en la sangre.

“No podemos seguir permitiendo que el alcohol siga entristeciendo a las familias puertorriqueñas”, comenta la fiscal Gabriel Maisonet.

Explicó que, precisamente, la unidad especializada busca desde 2017 llevar a tribunales la mayor cantidad de los conductores que conducen bajo efectos de bebidas embriagantes. Con estos fines se asignó un fiscal especializado en cada una de las 13 regiones judiciales.

“El programa ha sido exitoso y se probó empíricamente. Antes de empezar el programa en el 2017, el 45% de los casos de embriaguez se caían en los tribunales por la sencilla razón de que no se completaba la Regla 95 de procedimientos criminales, que es la de descubrimiento de pruebas. Actualmente, no se caen casos por esa razón y los casos que llevamos a tribunal son robustos, al extremo que el 91% de los que se radican llegan a convicción”, acotó Gabriel Maisonet al destacar que el avance en casos resueltos les ganó un reconocimiento en 2021 por parte de la Governors Highway Safety Association.

Subrayó que desde 2018 hasta el 14 de julio de 2023 se habían radicado 16,421 casos. En ese periodo se sometieron 154 casos en las que un conductor o conductora bajo los efectos de alcohol provocó grave daño corporal a otra persona, mientras el número de casos radicados por muertes suma 72.

“Son casos en el que se requiere de mucho trabajo, porque hay que pasar mucha prueba. Se presentan muchos testigos: está el policía que, a lo mejor puso a soplar al conductor; el químico de salud que calibra las máquinas o el enfermero que sacó la sangre analizando el porciento de alcohol, entre otros profesionales”, expresó Gabriel Maisonet.

Expresó que no siempre los convictos son sentenciados a penas de cárcel, pero sí todos son sometidos a un mínimo de 10 terapias en el programa SEVAS de Assmca, precisamente, la iniciativa en la que Pedro participa voluntariamente narrando su testimonio a los que resultan culpables de diversos delitos asociados a guiar borrachos.

Hasta mediados de julio de este año, SEVAS ha admitido a 511 convictos al programa, según explicó a Primera Hora la directora del proyecto, Wilmarie Mejías.

“De ese grupo, el 87% son hombres y el 13% mujeres. La mayoría tienen entre 40 y 60 años de edad. Y un análisis sociodemográfico determinó que el 80% dijo haber completado la escuela superior... pero también tenemos abogados, ingenieros y otros profesionales entre los convictos”, acotó Mejías.

Dijo que del total de participantes -quienes una vez resultan convictos son evaluados por un trabajador social y un psicólogo clínico- el 13% son reincidentes.

“Se trata de personas que ya habían resultado una o más veces culpables en un tribunal por delitos que involucran conducir bajo una borrachera”, manifestó.

Un dato singular es que de las personas impactadas este año, hubo 323 que recibieron el tratamiento basado en evidencia que demostró que tenían dependencia al alcohol.

“Cuando los psicólogos y trabajadores sociales clínicos indagaron, descubrieron que el 86% tenía depresión y el 85% ansiedad, factores predominantes entre las personas con adicción al alcohol y otras sustancias controladas. De hecho, durante las entrevistas se detectó que siete participantes requerían tratamiento para otras adicciones de sustancias controladas y fueron referidos para atención médico y de tratamiento a otros programas”, explicó Mejías.

Destacó, sin embargo, que la parte más impactante del programa de rehabilitación es cuando los convictos escuchan al panel compuesto por personas que resultaron gravemente heridas en accidentes ocasionados por borrachos, o a familiares de víctimas fatales. En la dinámica también participan conductores que provocaron accidentes.

“Muchos se impresionan escuchando el testimonio de las víctimas. Tenemos el caso de Pedro, por ejemplo, en el que él cuenta cómo quedo sin una pierna a causa de un choque provocado por una persona que guiaba en estado de embriaguez. Y tenemos otros casos, como el de una señora que perdió a su esposo y dos hijos... son historias que impactan y, precisamente, eso es lo que queremos para que reaccionen y lo piensen dos veces antes de volver a guiar bajo efectos de alcohol”, acotó Mejías.

¿Qué se está haciendo?

Conscientes de que la crisis de seguridad vial está amenazada, principalmente, por conductores que guían a exceso de velocidad y efectos de alcohol, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, ha intensificado sus campañas de prevención en estos temas.

“Piensa en las consecuencias, guiar borracho es un crimen y serás arrestado”, es una de las que más llama la atención junto a “Tienes una vida por delante, respeta los límites de velocidad” o “¡Sé un peatón responsable!”.

En entrevista con Primera Hora, el director ejecutivo de la Comisión, Luis Rodríguez, destacó que, aunque los accidentes de tránsito ocurren todo el año, se hace énfasis en la prevención en los meses de verano y épocas festivas de Navidad cuando más movilidad vehicular hay en las carreteras.

“Además, a través de la Comisión se designan sobre $120,000 en fondos federales para el pago de horas extras a policías municipales y estatales para que hagan intervenciones relacionadas a estas campañas”, acotó Rodríguez al agregar que el pago de fiscales especializados en procesar a conductores borrachos, también sale de sobre $900,000 en fondos de la Comisión.

De otra parte, subrayó que, próximamente, se presentará un nuevo plan de seguridad vial en Puerto Rico que fue diseñado tras recoger las preocupaciones principales de líderes comunitarios de unos 62 municipios.

“Esta vez la Comisión se lanzó a la calle para conocer las necesidades. Hicimos varias reuniones con participación de jóvenes, universitarios, envejecientes, policías... hubo mucho enfoque en el área metro y oeste por la preocupación de que en estas regiones se dan muchos de los choques con peatones”, explicó Rodríguez al añadir que muchos de los puntos de discusión se enfocaron en el marcado de pavimento, rotulación e iluminación de carreteras, entre otros.

Entre tanto, adelantó también que se iniciaron conversaciones con el asesor legal de La Fortaleza a fin de que se impulse un proyecto de ley de administración que enmiende la Ley 22 de tránsito con el propósito de evitar que conductores en estado de embriaguez que causen grave daño corporal a otras personas cualifiquen para penas alternas.

“Nos parece injusto que no se considere actualmente como un delito violento y que estas personas cualifiquen para penas alternas. Hemos visto casos recientes de conductores con cuatro convicciones por el mismo delito de conducir bajo estado de embriaguez que tienen la posibilidad de cualificar para penas alternas, como restricción domiciliaria, tratamiento terapéutico o trabajo comunitario. Eso es injusto para las víctimas que sufren daño corporal permanente a causa de un conductor ebrio. Enmendando el artículo 7.06 de la Ley 22, a esas personas se les podría aplicar hasta cinco años de cárcel porque pasaría a ser un delito violento grave. No se puede permitir que la percepción sea que estos conductores negligentes no tienen consecuencias por sus actos”, sentenció Rodríguez.