La reciente radicación de un proyecto de ley en el Senado que impulsa una reforma a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para, entre otras cosas, “garantizar su autonomía”, revivió las fricciones entre la administración y la comunidad universitaria sobre cómo debe ser repartido el poder y quién debe tomar las determinaciones en esta importante institución educativa.

En una mesa informativa en la que participó Primera Hora, varios rectores y personal administrativo de la UPR alertaron que los cambios gerenciales que se impulsan en la propuesta, radicada por petición, “incide directamente en la acreditación y en la pérdida de fondos federales”.

La vicepresidenta asociada de Acreditación y Avalúo, Jennifer Alicea Castillo, puntualizó que “el proyecto de ley que estamos hablando se aparta completamente de lo establecido en el requisito de cumplimiento de la Middle States Commission on Higher Education, específicamente, bajo el estándar número VII, que se titula ‘Gobernanza, liderazgo y administración’. Este estándar es muy claro en cómo establece las obligaciones del principal ejecutivo de toda institución acreditada y también establece las funciones y obligaciones de ese ente rector de la universidad, de esa institución”.

“Toda institución que quiera ser acreditada y quiera permanecer acreditada tiene que seguir al pie de la letra estos estándares y en este caso, pues afecta directamente el estándar número VII. Este estándar VII requiere que las instituciones educativas tengan un cuerpo rector legalmente constituido y establece las obligaciones. Así es que es un asunto muy importante que toda esta reforma, enmiendas, lo que se quiera presentar por las serias preocupaciones que la comunidad universitaria tiene, siempre se vean bajo el lente de la acreditación y es algo que le falta a este proyecto”.

Sin embargo, la Comisión Multisectorial de la Reforma Universitaria que analizó y redactó durante el pasado cuatrienio este Reforma Universitaria rechazó los señalamientos. Aluden a que la propuesta fortalecerá la institución. Pero, sobre todo, insisten en que la despolitizará.

El proyecto de ley del Senado en controversia fue identificado como el PS172. Se radicó el pasado jueves, 11 de febrero. Está liderado por la autoría del senador independiente José Vargas Vidot, pero también incluye otros nueve autores. La mayoría han sido profesores de la UPR y todos son parte de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, a la cual le corresponde ver el proyecto en vistas públicas.

De inmediato, la presidenta de la Comisión, Ada García Montes, no supo detallar cuándo se iniciaría el proceso de análisis de esta medida, la cual quedó engavetada el cuatrienio pasado tras ser presentada días previos a comenzar la cuarentena del coronavirus, el 13 de marzo de 2020.

Necesaria la reforma

El rector del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Agustín Rullán, quien asumió la batuta en explicar la postura institucional en torno a la medida, dejó claro desde un inicio que no se oponen a que se impulse una reforma. De hecho, afirmó que están a favor de promover cambios a una ley que data del 1966 y requiere ser modernizada.

“No nos oponemos para nada a que esto se discuta, en que busquemos reformar a la Universidad para ajustarnos a los tiempos, para dirigirnos a una visión que mejore la Universidad y mejore a Puerto Rico”, planteó.

Indicó que la base filosófica de promover la despolitización, así como darle autonomía y sana administración a la UPR “son principios buenos”. Sin embargo, el catedrático de Ingeniería Industrial señaló que el proyecto adolece de alternativas que promuevan ese mejoramiento institucional que se busca.

En un resumen suministrado para hacer constar la posición institucional se informó que, “lejos de gestar una universidad ágil, moderna y transparente, de aprobarse el PS172, según redactado, crearía burocracia adicional en la institución, tanto en los procesos administrativos, fiscales, como en los relacionados a la enseñanza y aprendizaje”.

Rullán mostró preocupación porque, a su juicio, la mayoría de las decisiones requerirían ser aprobadas por la Junta Universitaria, lo que la convertiría en un cuerpo administrativo. Señaló que, a esta entidad, compuesta por representantes de la propia UPR, se le transferirían muchas de las responsabilidades que tiene en la actualidad la Junta de Gobierno, pero que en el proyecto de ley se le nombraría Consejo Universitario.

“La Junta Universitaria tendrá entre sus facultades y deberes la aprobación del presupuesto, el nombramiento del principal ejecutivo de la Universidad, las políticas sobre el manejo de personal, entre otras gestiones… La Junta de Gobierno solo va a ratificar y el presidente a ejecutar lo que dicta la Junta Universitaria”, aludió Rullán, al establecer que “tenemos preocupación que esto va a paralizar la Universidad”.

También mostró objeción con el hecho de que el rector tendría que ejecutar decisiones administrativas que no tomó y también hacerse responsable de su resultado. Pero, más importante aún, denunció que “el presidente que sea electo estaría carente de autonomía para desarrollar e implementar planes institucionales”.

“La Universidad se puede tornar en una ingobernable”, subrayó Rullán.

Esta reconfiguración de poderes, según alegó el rector del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao Delgado, podría plantear problemas de conflictos de intereses, ya que las decisiones supuestamente estarían en manos de los estudiantes y la propia academia.

Recordó que la UPR es una corporación pública que tiene que regirse por esos estándares y las normativas de la Oficina del Contralor.

“El modelo que se pretende establecer aquí se le va a dar una presencia grande a estudiantes y docentes y eso en principio suena y se percibe como bien que los estudiantes y profesores participen de esta junta directiva. El problema es que cuando tú estás en esa junta directiva hay que tomar decisiones y las decisiones que usted tome no pueden verse como que le afecten a usted y usted pueda o no dar la apariencia de que se beneficia”, expuso.

Indicó que aspectos decisionales como disminuir el presupuesto de la UPR o aumentarles la matrícula a los estudiantes podrían generar esos conflictos de intereses.

Acreditación

Es esta reconfiguración de los poderes que explicaron los rectores lo que llevaría a la pérdida de la acreditación, según argumentó la vicepresidenta asociada de Acreditación y Avalúo.

Alegó que “no se puede ir cambiando las facultades de los entes de la universidad, porque estaríamos incumpliendo con el estándar número VII” del ente regulador, la Middle States.

Este estándar establece que “la institución debe estar gobernada y administrada de manera que le permita realizar su misión y metas declaradas de una manera que beneficie efectivamente a la institución, sus estudiantes y las otras entidades a las que sirve”.

En una de las subdivisiones, establece que entre los atributos que debe tener esta gobernanza está el que tenga “suficiente independencia y experiencia para asegurar la integridad de la institución. Los miembros deben tener en miras su responsabilidad principal hacia la institución acreditada y no permitir influencias políticas, financieras o de otro tipo para interferir con sus responsabilidades”. También destaca que sus miembros no pueden interferir con la operación diaria de la institución.

“No podemos apartarnos en lo establecido en blanco y negro. Queremos que se atienda toda enmienda, todos los proyectos, utilizando al ente que nos presenta, la Comisión que nos acredita”, explicó Alicea Castillo.

Según expusieron los funcionarios, la UPR debería regirse “por un cuerpo compuesto por miembros externos a la comunidad universitaria, libre de intereses personales para que sus determinaciones y decisiones sean imparciales, saludables y razonables”.

Ferrao recomendó que ese Consejo Universitario esté compuesto por exalumnos con posiciones de poder y “millonarios” para que así puedan atraer más entradas económicas a la institución. Comentó que otras universidades de Estados Unidos tienen esta filosofía y les ha ayudado a aumentar su fondo dotal.

“Ese es el tipo de gente que hay que traer a las Juntas de Gobierno”, afirmó el rector de Río Piedras.

Rullán explicó que todos estos puntos fueron señalados por la institución cuando la Comisión Multisectorial de la Reforma Universitaria desarrollaba la propuesta. Aceptó que dos rectores participaron del proceso, pero dijo que no fueron escuchados. Aludió a que la mayoría de sus integrantes eran estudiantes y profesores, por lo que se carecía de balance.

Informó que la Comisión ya cesó funciones y en la actualidad “no nos parece que tengamos un canal de comunicación” para exponer estos puntos de vista. Dijo que, por esta razón, realizaron la denuncia pública.

Expresó que hay “otros mecanismos de dar participación” a la comunidad universitaria que no fueron explorados por la Comisión. A modo de ejemplo, dijo que la Junta Universitaria podría presentar un listado de los candidatos a presidir la UPR y que el Consejo Universitario tenga que escoger solo entre las personas recomendadas. Igual dijo puede ocurrir con los rectores y decanos.

Se trata de “crear un mecanismo donde la recomendación sea escuchada, sin necesariamente darle toda esa autoridad”, expuso el rector del RUM.

Finalmente, expuso que los aspectos educativos deben dejarse “en manos de quien provea la educación”. Por ello, pidió a la Legislatura que cuando analice la medida no dicte cómo deben ser las clases, sino que se enfoque en despolitizar, modernizar y hacer que en la universidad rija el principio de mérito.