Pela’o y sin empleados el DACO
Nominada secretaria hace diagnóstico de la agencia a cargo de defender a los consumidores.
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El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) está falto de empleados y de presupuesto.
Esa fue la realidad con la que se encontró la nominada secretaria, Natalia Catoni, en sus primeros días en el cargo.
Según describió en entrevista con Primera Hora, “DACO tiene unos problemas presupuestarios que se ha acumulado con los años. Yo entré a una agencia que tiene alrededor de 143 empleados. Varios se han retirado recientemente. Pero, qué le hace falta, yo diría, otros 150 (empleados) más, por decirlo de esa manera. (Tiene) un presupuesto que está completamente enajenado de la realidad administrativa de la agencia y de lo que es la jurisdicción. Yo puedo decir que el DACO tiene una jurisdicción extremadamente amplia, más que a nivel de consumidor, siempre con la visión de que defendemos al consumidor, pero una jurisdicción amplia a nivel comercial, de asuntos comerciales, y el presupuesto no lo refleja. Tampoco refleja lo que son para mí los salarios actuales de ciertas profesiones”.
El presupuesto asignado a la agencia para el año fiscal 2024-2025 fue de $16,087,000, consta del documento oficial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Catoni aceptó que todavía no ha recibido información oficial que le detalle si, con el cambio de administración, la agencia tiene disponible el 50% de este presupuesto para laborar hasta el 30 de junio.
Aun cuando tenga el dinero disponible, la funcionaria denunció que bajo la pasada administración de Pedro Pierluisi se comprometieron fondos que ahora perjudican en el funcionamiento del DACO.
“Esto es una realidad. Se crearon puestos que me amarran presupuestos, que son los de los coordinadores interagenciales, los famosos puestos de carrera que se crearon a lo último en la última pasada administración. So, hay unos cambios presupuestarios que estoy verificando para asegurarme que el año (fiscal) que viene yo tenga suficiente presupuesto para, no solamente para reclutar personal nuevo, no solamente de carrera, pero también personal de confianza suficiente para que la agencia pueda mejorar y pueda ser más eficiente. Volvemos. El objetivo de todo esto es con miras a que la política pública de la gobernadora, que es un gobierno para el ciudadano, se pueda lograr y yo tengo que mirar a la agencia desde ese punto de vista”, precisó.
Otra situación con la que Catoni se encontró es que la pasada administración dejó puestos creados y aprobados, pero sin presupuesto para realizar la contratación de estos empleados que les hacen falta. No detalló la cantidad.
“El presupuesto se va a trabajar y se va a revisar la propuesta que dejó la administración anterior. Eso es algo que estamos trabajando en conjunto con Fortaleza, con OGP y con Hacienda, para que desde Fortaleza se comuniquen con la Junta de Supervisión Fiscal. Vamos a buscar la forma de, no solamente lo que queda de los seis meses que quedan de año fiscal, sino que podamos buscar la forma de reconstruir el presupuesto, siempre quedándonos dentro de lo que son los parámetros de balance presupuestario para que la Junta al final se vaya. No queremos ser la nota discordante en el esfuerzo que tiene la gobernadora de sacar a la Junta de Puerto Rico”, expresó la nominada.
En esta revisión de presupuesto, DACO canceló todos los contratos al 31 de diciembre y evalúa con la Secretaría de la Gobernación qué puestos podrían ser nuevamente contratados.
En cuanto a su comentario sobre los salarios de los empleados de DACO, Catoni comentó que los de carrera fueron reclasificados bajo la pasada administración, pero no así los empleados de confianza, como los directores de las regiones. Informó que estos empleados no tienen un plan de retribución desde el 1998, el cual necesita ser actualizado.
Según la ley que creó la agencia, la misión de DACO es “proteger y defender a los consumidores y mantener un balance en el precio de los artículos y servicios de uso y consumo, conforme a la oferta y la demanda, las tendencias inflacionarias y mediante el establecimiento y fiscalización de un control de precios”.