Vieques. El gobernador Pedro Pierluisi defendió este miércoles que los servicios de salud para la población penal permanezcan en manos de un ente privado, luego de que trascendiera que Hermes Ávila Vázquez, acusado de un feminicidio en Manatí, lograra burlar la evaluación de un panel de médicos de la empresa Physician Correctional, contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para proveer ese tipo de trabajo.

Sobre la posibilidad de que se le rescinda el contrato a esa compañía a raíz del caso –como solicitó el senador independiente José Vargas Vidot–, el primer ejecutivo la desestimó: “No, esas decisiones las toma la secretaria (Ana Escobar), pero no se debe uno estar aventurando de esa manera”.

“Esto es un caso en particular. Es objeto de investigación. Habrá que ver quién falló, y estar adjudicando responsabilidades en este momento no es correcto. Es importante que, primero, se haga esa investigación administrativa”, afirmó Pierluisi, al concluir una conferencia de prensa, donde estuvo inspeccionando los trabajos de construcción del hospital de Vieques.

El mandatario pidió, en cambio, tiempo para que se conduzca la investigación administrativa a cargo del DCR, con la asistencia del Departamento de Justicia.

“Yo sé que la secretaria va a atender ese asunto con la mayor urgencia, pero el primer paso es hacer la investigación administrativa y, entonces, ya Justicia dijo que espera recibir el resultado de esa investigación para, entonces, determinar si hay que radicarle cargos a alguien ante los tribunales”, apuntó.

Ávila Vázquez fue imputado por el asesinato de Ivette Joan Meléndez, reportado el pasado domingo. Pero, previamente, en 2005, fue sentenciado a 122 años de cárcel, por la muerte de otra mujer.

Sin embargo, en abril del año pasado, se le permitió salir de la cárcel mediante un pase especial concedido a personas con enfermedades en etapa terminal, debido a sus problemas de salud crónicos, que, entre otras cosas, afectaban su movilidad para caminar, reveló Escobar.

El hombre había sido evaluado por un panel de médicos de Physician Correctional, que concluyó que podía beneficiarse de la Ley 25 de 1992, mediante la cual se otorgan permisos extendidos a convictos que tengan alguna enfermedad terminal o inconvenientes de movilidad.

Pierluisi comentó que fueron los médicos los que “emitieron su juicio”. “Eso es lo que se está investigando ahora”, puntualizó.

Vargas Vidot, mediante un comunicado de prensa, condenó la ejecutoria de Physician Correctional.

“Falló Physician, porque todas las dimensiones que constituyen un servicio de continuo cuidado deben estar concertadas dentro de unos estándares. Es decir, que no fue que falló una persona en evaluarlo, porque un paciente podría engañar a un médico fingiendo síntomas, pero él estuvo confinado por largo tiempo, por lo que debía haber estado siendo objeto de seguimiento de una condición que así lo demandaba”, opinó.

El senador recordó que, hace años, tras la muerte de Shannel Colón Ponce, en 2022, pidió al gobernador que rescindiera el contrato. Cuestionado al respecto, Pierluisi manifestó: “Habrá hecho ese reclamo en aquel entonces, pero cada caso se atiende en sus propios méritos”.

“Los contratos no se cancelan así porque sí, o sea… tiene que haber una causa justificada, ciertamente, pues no la hubo”, sostuvo el primer ejecutivo.