El gobernador Pedro Pierluisi promulgó hoy la Orden Ejecutiva 2021-029 para requerir a las agencias gubernamentales, instrumentalidades y corporaciones públicas que realicen un proceso abierto, competitivo y público en la contratación de servicios profesionales cuando la cuantía es de $250 mil o más durante un año fiscal, informó La Fortaleza.

La orden se aplicará también a enmiendas cuando estas resulten en que la cuantía total de un contrato de servicios profesionales alcance o exceda el monto antes señalado, aunque el contrato original no haya alcanzado esa cantidad.

Así será a partir del próximo 1 de julio, fecha en la que comienza el presupuesto del nuevo año fiscal y se evalúa la otorgación de la mayoría de los contratos gubernamentales.

Estos parámetros también aplicarán a cualquier contrato o enmienda que vaya a estar vigente, así como a los contratos que sean sufragados con fondos federales o sean parte de programas especiales regulados, siempre y cuando estos no sean incongruentes con las guías, propuestas, regulaciones o asignaciones de fondos federales aplicables.

“Este gobierno le declara una guerra frontal a la corrupción e implementará una serie de medidas para brindar mayor transparencia y para prevenir, identificar y combatir actos de corrupción. Esta orden ejecutiva es parte de nuestro programa de gobierno y es cónsona con nuestro propósito de reforzar la estructura gubernamental, para que esté enfocada en la eficiencia y la ejecución. Además, es nuestra intención poder implementar las mejores prácticas de gerencia para obtener resultados medibles y disponer un sistema de contratación competitivo, eficiente y transparente”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.

El estado de derecho vigente establece procesos abiertos y competitivos para adquirir diversos bienes y servicios, pero no dispone de tales requisitos en la contratación de servicios profesionales lo que pudiera conducir a la contratación de servicios innecesarios o a un mayor costo.

Según dispuesto en la orden ejecutiva, todas las agencias gubernamentales, instrumentalidades y corporaciones públicas previo a otorgar un contrato de servicios profesionales por $250 mil o más durante un año fiscal, deberán publicar en su página cibernética o cualquier otro medio de difusión general, una notificación de necesidad de los servicios, que incluya una descripción de los servicios profesionales a contratarse.

En los casos en que el contratante seleccionado sea una persona jurídica se requerirá, como parte de los documentos a entregarse previo a la formalización del contrato a tenor con las leyes y reglamentos aplicables, una certificación en la que se declaren los nombres de todos los dueños, accionistas y oficiales de la corporación a ser contratada.

Como parte del proceso abierto de contratación, cualquier parte interesada y debidamente cualificada podrá someter su propuesta de servicios para dichos fines a la dirección o lugar indicado en la comunicación. Asimismo, incluirá el Certificado de Elegibilidad expedido por la Administración de Servicios Generales. También, el jefe de la agencia gubernamental escogerá a aquel proponente que entienda que está mejor cualificado para suplir las necesidades del servicio de la manera más adecuada, utilizando criterios de confianza y confidencialidad cuando sea prudente y necesario. Todo lo anterior, dentro de los parámetros presupuestarios aplicables.

Toda contratación cubierta por la orden ejecutiva que no siga los procesos y requisitos establecidos será rescindida. Por otro lado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto establecerá unas guías uniformes para cumplir con las nuevas reglas de esta orden ejecutiva y como parte de ello deberá establecer un proceso para evaluar y autorizar solicitudes, que, por vía de excepción, se presenten a tenor con lo dispuesto en la misma.