Que delaten a los “de arriba”, a los que los mandaron, le pidió ayer el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Eder Ortiz, a los 29 acusados del presunto fraude en las primarias de Guaynabo del PNP.

Ortiz dijo que, “si hablan, si dicen nombres, saldrán personas muy cercanas al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill... y posiblemente él”.

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, reaccionó a los arrestos señalando que cualquier actuación contraria a la ley “tiene que ser investigada, procesada y, en caso de probarse, la persona pagar las consecuencias”.

Pierluisi “sospecha”, sin embargo, de las acusaciones porque surgieron “en una semana devastadora” para la administración de Alejandro García Padilla y el Partido Popular: el arribo del gobernador a sus 100 días de gobierno.

Las acusaciones son “objeto de sospecha”, resaltó el comisionado residente, quien cuestionó que Justicia tampoco quiso abundar ayer sobre otras “posibles investigaciones”. También dijo que dejó a interpretación del pueblo los nombres de “otros posibles involucrados”.

“Cualquier funcionario que se preste para perseguir a un penepé será objeto de nuestra más enérgica denuncia”, sentenció Pierluisi.

El comisionado electoral del PNP, Henry Neumann, destacó que Justicia no radicó cargos por violaciones a la Ley Electoral.

“No se ha incumplido con nada que tenga que ver con la fase electoral. En ese proceso, cada partido tiene la oportunidad de investigar las transferencias y recusarlas ante los tribunales”, sostuvo el comisionado, pero el licenciado Fernando Torres Ramírez, miembro del grupo de trabajo de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que investigó la primaria de Guaynabo, le ripostó que los cargos son delitos del Código Penal porque son graves y, por tanto, conllevan penas más fuertes. El periodo de prescripción también es mayor.

Ortiz dijo que el representante Antonio Soto, que compitió por la candidatura a representante por Guaynabo en la primaria, podría pagar con su escaño si se confirma el fraude.

Sobre ese particular, Torres Ramírez explicó que él y el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el grupo de la CEE, Gilberto Concepción Suárez, pidieron que se investigara si en el escrutinio de la primaria hubo actividad delictiva.

Si la hubo y hay convicciones, según el letrado, el escaño de Soto podría ser impugnado.

Quien tendría legitimación activa o standing para tal impugnación sería su contrincante, Ángel Pérez.

Gente vinculada a Pérez, sin embargo, también ha sido cuestionada en todo este escándalo. “Habría que ver si un elector, en ese caso, puede cuestionar a Soto”, dijo Torres Ramírez.

El anuncio del secretario de Justicia de que se investiga otro alegado fraude primarista en Villalba fue aplaudido ayer por el presidente del PNP en ese pueblo, Melvin Vázquez.

“Estábamos esperando ese pronunciamiento porque el fraude en Villalba es peor que el de Guaynabo”, dijo el líder penepé.

Vázquez afirmó que allí el fraude consistió en vaciado de listas y arresto de maletines en las unidades ocho, nueve y 10.

Añadió que un experto en caligrafía encontró 18 firmas falsificadas en la unidad 12.

Señaló que la situación involucra a muchas personas, por lo que espera que Justicia tome acción en el caso.

El nuevo alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, catalogó el asunto como una cortina de humo que lanzan para desviar la atención del caso de Guaynabo.

Reiteró que en Villalba se dio una situación sobre unas irregularidades en varias unidades, que se investigaron todos los maletines, se entrevistaron funcionarios de colegio y, luego de exponer sus testimonios fueron exonerados.

“Se demostró que no hubo irregularidades”, dijo.