Pedro Pierluisi argumenta que bloqueo del Supremo no afecta mandatos de vacunación en Puerto Rico
El gobernador manifestó que el gobierno puertorriqueño posee la facultad de emitir medidas y órdenes para atender un estado de emergencia.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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El gobernador Pedro Pierluisi argumentó este viernes que el bloqueo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hacia los mandatos de vacunación contra el COVID-19 para empleados de compañías grandes, no afecta los mandatos en Puerto Rico.
El máximo foro judicial impidió el jueves que el gobierno del presidente Joe Biden hiciera cumplir el requisito de vacunación a los trabajadores de empresas con más de 100 empleados, o se sometan a pruebas semanales y usen una máscara en el trabajo. Para esto, la administración de Biden había habilitado una medida a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés).
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“En particular, la decisión del Tribunal Supremo federal revocando el mandato de vacunación contra el COVID-19 de OSHA solo concluyó que el estatuto habilitador de esa agencia federal no le confería autoridad para requerir un mandato de vacunación contra el COVID-19. En cambio, en Puerto Rico estatutos como la Ley del Departamento de Seguridad de Puerto Rico y la Ley Orgánica del Departamento de Salud, expresamente confieren al gobierno de Puerto Rico la facultad para emitir distintas medidas y órdenes para atender un estado de emergencia y una situación de salud pública como es una pandemia. Esto incluye los mandatos de vacunación a distintos sectores de la población”, manifestó Pierluisi.
“Por otro lado, la segunda determinación del Tribunal Supremo federal validó la autoridad del secretario de Salud federal para emitir un mandato de vacunación de COVID-19 a los empleados de salud en las facilidades participantes de Medicare y Medicaid, sujeto únicamente a excepciones por razones médicas y religiosas”, señaló.
“Esa decisión refuerza nuestros mandatos de vacunación, al validar un esquema similar. Es decir, un mandato de vacunación que permite las excepciones médicas y religiosas. La decisión del Tribunal Supremo federal reconoció la información científica en la que se fundamentó el mandato, que la vacuna es un medio adecuado para evitar el contagio y la transmisión del virus, la razonabilidad de la medida, entre otros asuntos importantes de estos mandatos. Ante ello, continuamos enfocados en atender adecuadamente la emergencia e implementando las medidas necesarias para combatir esta pandemia de COVID-19″, sostuvo el gobernador.