Quieren sustituir la Ley de Relaciones Federales, que gobierna la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, por “un pacto de futuro” entre ambas partes; con ciudadanía americana... con fondos federales en paridad con los estados... y el tribunal de Estados Unidos sólo para velar por el cumplimiento de las leyes “pactadas”.

La nueva visión de desarrollo del Estado Libre Asociado que se detalla en el manual de capacitación y educación política que recién aprobó el Partido Popular, persigue que Puerto Rico pueda concertar acuerdos comerciales con otros países, siempre que éstos sean “aliados a Estados Unidos”.

En el nuevo esquema nos zafaríamos de las Leyes de Cabotaje que nos obligan a usar la marina mercante americana, que es una de las más caras del mundo, y la relación política estaría basada en la “soberanía”, pero sin que ello signifique independencia ni que se ha alcanzado un acuerdo de libre asociación como los que existen actualmente.

“Soberanía significa dónde reside la 'última fuente' de poder, es decir, quién toma las decisiones finales en un país y, ciertamente, tiene que ser en el propio pueblo. La soberanía no es la independencia ni la separación porque ese concepto no está relacionado a ninguna fórmula de status en particular, sino más bien a un ejercicio del poder de decidir su futuro, irrespectivo de las fórmulas”, señala el documento.

En cuanto a la Ley de Relaciones Federales -estatuto que se ha señalado que hace fehaciente la condición colonial de la Isla en tanto hace aplicables las leyes federales en Puerto Rico sin nuestro consentimiento-, el PPD dice que intentará sustituirla por un pacto bilateral en el que se delimitarían las áreas de jurisdicción.

De la ley, quedarían, entre otros, la autonomía fiscal de la Isla y el poder de Puerto Rico de controlar el ámbito de las leyes marítimas.

“Esto es lo más importante de todo: eliminar la Ley de Relaciones Federales. Nunca se había planteado legalmente cómo salirnos de eso. El Congreso legisla sobre Puerto Rico y eso es la colonia”, dijo el encargado de confeccionar el manual, el representante Jorge Colberg.

El nuevo arreglo, sostiene el PPD, gozaría de reconocimiento internacional ya que la Resolución 2526 de las Naciones Unidas admite como no territoriales la independencia, la anexión, la libre asociación y “cualquier otro arreglo con consentimiento de ambos pueblos”.

En el manual se destaca que el caso de las islas Marianas del Norte sirve de lección para Puerto Rico porque allí negociaron un convenio autonómico que le reconoce poderes en materia de aduanas, salarios, inmigración e impuestos. Marianas, sin embargo, está sujeta a la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos.

Como los puertorriqueños, sus residentes son ciudadanos americanos, pero no votan por el presidente de los Estados Unidos.

Los países con libre asociación -Micronesia, islas Marshall e islas Palau- no son ciudanos americanos y no están bajo la cláusula territorial.