El gobernador Alejandro García Padilla se inhibió de reaccionar esta tarde a la decisión del Tribunal Supremo que declaró que algunas partes de la Ley 160 sobre cambios en el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) son inconstitucionales porque no había tenido tiempo de revisar el documento y adelantó que el gobierno podría pedir una reconsideración.

"No fue hasta luego de las 5:00 de la tarde que nos enteramos que la Secretaría (del Tribunal Supremo) había emitido esta determinación de la corte. Como ya adelantó la jueza (Liana Fiol Matta) no es una determinación final y firme. El Secretario de Justicia va a evaluarla de inmediato. Si hay que presentar una reconsideración, se presentaría. No he tenido la oportunidad de leerla para comentarla", declaró el gobernador, quien reconoció que la decisión tiene un impacto "sobre la viabilidad económica del país".

El primer ejecutivo dijo estar esperanzado de que en la decisión "no haya ningún matiz que torpedee la decisión firme de recuperar (el país) su prosperidad económica... Con esa esperanza voy a leerla".

"Estamos en un momento crucial donde el país se está levantando de un atolladero", insistió, al explicar que examinará la decisión junto al "equipo del Departamento de Justicia para tomar las acciones que sean necesarias".

"Si (la decisión) llegara a ser final y firme y el gobierno no actuara, los maestros se quedan sin pensión en dos años y eso es algo que no puedo permitir", aclaró al insistir a los periodistas que como no ha leído la determinación no emitiría más comentarios de inmediato.

Las declaraciones del primer ejecutivo surgieron al cierre de la conferencia de prensa en la que designó a la jueza Fiol Matta para presidir el Tribunal Supremo en sustitución del juez Federico Hernández Denton, quien se acogerá al retiro desde mañana, sábado. De hecho, la jueza Fiol Matta no quiso emitir ningún comentario sobre la determinación en torno a la Ley 160, aprobada en diciembre pasado.

La decisión del Tribunal Supremo, que contó con cinco votos a favor y tres en contra, dice que aplicar los cambios del plan de pensiones a los maestros activos es una medida irrazonable. Asimismo, señaló que los informes actuariales usados por el gobierno para justificar el estatuto no contemplan los efectos que tendría esta ley.

"Es irrazonable y por consiguiente inconstitucional, toda parte del estatuto que altera el derecho contractual que tienen los peticionarios-demandantes sobre su pensión de retiro", dice la sentencia emitida por el juez Rafael Martínez Torres.

El juez Roberto Feliberti Cintrón decidió inhibirse de este caso porque trabajó en uno de los bufetes que representó a los maestros. Mientras, Fiol Matta y la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez emitieron opiniones disidentes.