Mientras el gobernador Ricardo Rosselló y la Legislatura decidieron retirar el proyecto de la llamada “libertad religiosa” en el gobierno, los empleados públicos observan desde las gradas el revuelo generado y lamentan no haber sido consultados sobre la propuesta que proponía darles el derecho a decidir si atendían o no a una persona.

En un sondeo informal, en el Centro Gubernamental de Guaynabo, varios empleados entrevistados expresaron su rechazo a la medida. Sobre una docena de trabajadores entrevistados, afirmaron que el respeto al ser humano debe prevalecer en su desempeño y se mostraron preocupados por la imagen del gobierno si un empleado rechazaba atender a una persona por su libertad religiosa.

Además, advirtieron que el proyecto de ley iba en contraposición a regulaciones, principalmente federales, que les prohíbe discriminar contra cualquier persona que vaya a buscar un servicio.

Según el abortado proyecto de ley presentado por el ejecutivo, el derecho a la libertad de culto o el ejercicio de libertad religiosa “comprende tanto el derecho de actuar como el de abstenerse de actuar, de acuerdo a las creencias religiosas que se ostentan”.

Para Rafael Espinal, empleado de la Autoridad de Edificios Públicos, “eso lo hacen para distraer al público, para que la gente no piense en los problemas fundamentales del país, como la migración, los jubilados, el desempleo. A esos problemas es a los que le deben poner atención y atender primero que esos proyectos”.

La imagen de lo que es ser un funcionario público fue lo más que destacaron los empleados cuando se le cuestionó por una reacción a la medida.

“Nosotros no podemos tener discrimen, no importa si me afecta o no en mi religión. Nosotros somos empleados primero”, afirmó Minerva Rivera, quien labora en el Departamento de la Familia.

Por su parte, Alberto Rosario, también del Departamento de la Familia, consideró que el gobernador ni los legisladores “no tienen idea” que su propuesta no llegaría lejos ya que, al ser recipientes de fondos federales, les rigen las leyes y estipulaciones que impone el gobierno de Estados Unidos.

“Nosotros por ley, por disposición no podemos discriminar por origen, edad, nacionalidad, raza, sexo o decidir si no vamos a atender a una persona. Siempre ha sido así. Con esa nueva ley lo que crearían es un contraste”, expuso horas antes de que el proyecto fuera retirado.

La regulación federal, de hecho, está escrita en los papeles que los empleados de la Familia le entregan a todo participante de programas federales, como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) o el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

Otro empleado de Familia, Emmanuel Reynoso, entregó copia del documento que le entregan a las personas que acuden a la agencia en busca de ayuda y el mismo destaca que por orden del Departamento de Agricultura federal deben “garantizar igualdad de oportunidades”.

“Si considera que del TANF se ha discriminado contra usted por razón de raza, color, origen nacional, sexo, edad, incapacidad, ideas políticas y creencias religiosas, escriba a Office of Civil Rights US Departamento of Health and Human Service”, dice una parte del documento.

Reynoso comentó que con solo llamar y decir que se discriminó, se comienza un proceso contra el servidor público por “trato rudo y discrimen”.

“Es muy lamentable que no nos estén tomando en cuenta. En un ambiente laboral hay que separar el servicio que vamos a dar con las creencias religiosas personales. Nosotros representamos al estado, al Gobierno. Es un servicio. Si nosotros no los atendemos por creencias religiosas, quién los va a atender”, destacó Reynoso.

Otra empleada de Familia que rechazó la propuesta fue Adriana Mieses. La mujer destacó que sobre sus creencias religiosas siempre prevalece el respeto y la aceptación a los seres humanos.

“Con esa ley yo no estoy de acuerdo. Entiendo que el remedio va a ser peor”, sostuvo.

Un sargento de la Policía, quien prefirió que no se le identificara por su nombre, también rechazó la medida. Dijo que, en el trato al público, siempre debe dominar lo que dicta la Constitución de Puerto Rico, la cual rechaza el discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.

“Nosotros como servidores públicos no podemos discriminar a nadie. Tenemos que atender a todo el mundo por igual”, acotó.

Carlos Negrón, un exempleado del municipio de Guaynabo, afirmó que quien quiera defender sus derechos religiosos sobre su trabajo en el gobierno debe renunciar por falta de vocación.

“El que no me quiera atender a mí por mi condición, pues que renuncie al trabajo porque no le conviene. Tiene que buscarse un trabajo que no tenga que atender público, porque no puede mezclarse con los demás”, opinó.

Mientras los empleados públicos rechazaban la propuesta, los ciudadanos que acudían a buscar servicios expresaron su malestar con la medida.

Ángel Cruz, quien dijo estar desempleado, señaló que, si “el Señor a las prostitutas las perdonó, cómo yo no voy a tratar con una lesbiana o una prostituta por razones religiosas. Yo soy cristiano, pero creo que debemos respetarnos. No creo que por eso deba estar con complejos”.

Por su parte, Joan León, residente de Guaynabo, sostuvo que cuando acude a una agencia de gobierno espera ser tratada con respeto mutuo y equidad.

“Yo espero que me traten bien donde quiera que vaya. Todos somos iguales y debemos mirarnos como Dios no ve”, sentenció.