El representante Héctor Ferrer Santiago indicó hoy que, aunque favorece la eliminación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) al cannabis medicinal, es un tema que debe ser atendido a través de legislación posterior y no en la propuesta que discute en estos momentos la Cámara de Representante para legalizar el uso de marihuana en adultos.

Afirmó que incluir la eliminación de IVU en el Proyecto de la Cámara 1191, de su autoría, provocaría la oposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y acabaría con cualquier posibilidad de aprobación de la medida. “Tan pronto pase esta legislación, este servidor, y ya lo he comunicado con diferentes legisladores… vamos a proponer que de cara al futuro el impuesto al cannabis medicinal vaya disminuyendo a través de los años”, expuso Ferrer Santiago.

El legislador sostuvo que los estados donde hay legislación similar se ha eliminado gradualmente el pago del impuesto, una medida que hace más accesible el cannabis. “Lo que queremos es crear el programa de uso de adulto controlado y, a su vez, eliminar el impuesto a cannabis medicinal”, afirmó.

Esta fue una de las múltiples propuestas que llevaron hoy ante la Comisión de los Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte, miembros de la industria que favorecen la legalización de la marihuana en adultos de 21 años. “Es un aspecto que tenemos que estudiarlo mejor, porque soy de los que piensa que este tipo de industria es bueno que haga una aportación al fisco”, reaccionó Aponte a la posibilidad de eliminarle IVU al cannabis medicinal.

La Fundación Free Juana fue quien trajo la propuesta de eliminación de IVU, al menos a la flor, ante los aumentos en ingresos que podría traer para el gobierno la legalización del consumo de marihuana en adultos. “Ningún otro medicamento requiere este impuesto”, expresó Shadiff Repullo de la Fundación Free Juana.

“Actualmente, los requisitos para poder ser pacientes son ilógicos, extenuantes, lentos e ineficientes...haya personas de escasos recursos que no pueden entrar a la industria del cannabis medicinal”, agregó la licenciada al sostener que existe un exceso de negocios y una limitación de clientes.

La organización Puerto Rico Legal Marihuana, por su parte, hizo varias recomendaciones, entre ellas que, de aprobarse la legislación, no haya una distinción entre la licencia de cannabis medicinal y el programa de uso de adultos, recomendación que tuvo eco en otras entidades.

“Si lo que buscamos es ampliar la industria, debemos hacerlo de manera funcional y permitir que adultos de 21 años o más adquieran el cannabis bajo el modelo ya existente de los dispensarios medicinales”, expresó Goodwin Aldarondo, principal ejecutivo de Puerto Rico Legal Marihuana.

Esta determinación, agregó Aldarondo, facilitaría la fiscalización y el cumplimiento de la industria.

Ferrer Santiago explicó que, según como está redactado el proyecto, los dispensarios de cannabis medicinal existentes van a tener prioridad en la adquisición de las licencias del programa para adultos.

Puerto Rico Legal Marihuana advirtió, además, que el impuesto especial de 20% para uso adulto controlado propuesto en la medida, sumado a los costos de solicitud y renovación de licencias, impediría la viabilidad del uso adulto y la competencia con el mercado no ilegal.

Ante preocupaciones traídas en sala, Ferrer aclaró que esta contribución especial de un 20% sería la única que pagaría el programa para adultos, ya que no estaría sujeto a las disposiciones relativas al IVU.

El presidente de MiCam, José Rivera, se expresó a favor de la medida. La organización, sin embargo, hizo varias recomendaciones de lenguaje, así como propuso la eliminación de ciertos articulados. “Debemos, como país, tener la capacidad de entender que mientras no regulemos las ventas para el uso adulto regulado, será la economía clandestina a que seguirá aumentado sus arcas”, expuso.

Raúl Mari, presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Industria de Cannabis, sostuvo que, entre los beneficios de legalizar el uso de marihuana en adultos, está el renfoque de los recursos de las agencias de ley y orden, un posible alza en el por ciento de esclarecimiento de crímenes violentos y un ahorro de $41,000 anuales por convictos que hoy día están tras las rejas.

Entre sus recomendaciones, está el permitir que una persona esté en ambos programas, el de adultos y el de uso medicinal; y reducir de 30 a 15 días calendarios la aprobación o denegación de licencias y añadir a la definición de cannabis incluida en el Código de Rentas Internas que se trata de un producto agrícola.

El programa de cannabis medicinal emplea a más de 2,000 puertorriqueños y tiene más de 120,000 pacientes registrados, indicó Terry Blevins de Law Enforcement Action Partnership, quien también avaló la medida. “Puerto Rico ha demostrado que está listo para seguir los pasos de los más de 20 estados y territorios de Estados Unidos que han desarrollado e implementado leyes para autorizar el uso adultos del cannabis”, expresó

El exoficial indicó que la legalización de la marihuana es un rechazo a las ventas ilegales y al tráfico de drogas. “En los estados donde se ha implementado un sistema donde la marihuana es legal y controlada, los mercados ilegales son menos convenientes, deseables y rentables...han logrado parar el incremento en las tasas de consumo juvenil”, sostuvo Blevins.

Afirmó que “la guerra contra la marihuana” ha sido “catastrófica” para la sociedad y ha lacerado la confianza de la ciudadanía, así como de los testigos de crímenes, con los agentes de seguridad pública.