Aunque el gobernador evaluaba la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria para, entre varios asuntos, atender una medida que busca identificar una alternativa al impuesto al inventario, hoy la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista le pidió al Primer Ejecutivo dejar el tema para discusión en los próximos trabajos legislativos en agosto.

Así lo explicó el portavoz penepé en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez al indicar que el Proyecto de la Cámara 1692 que radicó junto a Rafael “Tatito” Hernández que toma en consideración las preocupaciones de los pequeños y medianos comerciantes y que “le quitaría una carga contributiva al pueblo”.

“Hay un diálogo establecido y por eso es que le hemos pedido al gobernado raue no cite a una extraordinaria, sino que nos dé la oportunidad de trabajarlo, cosa de que en agosto se pueda atender junto con esas inquietudes que tienen los pequeños y medianos comerciantes”, acotó Méndez al agregar que la medida se trabajó en consenso con los alcaldes.

Una de las controversias o urgencia para atender este tema recae que en el presupuesto fiscal 2023-2024 hay una partida de $66 millones para los municipios, cuyo acceso está condicionado a la aprobación de una medida legislativa que reestructure el modelo del impuesto al inventario.

En cuanto a las enmiendas al Código de Rentas Internas o establecer un nuevo modelo de Código Contributivo, el consenso fue radicar un proyecto que esté alineado con la visión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que tenga un impacto fiscal mínimo al erario.

“El Partido Popular con un sustitutivo que aprobaron lo dañaron (un proyecto de ley que incluía propuestas de reforma contributiva presentadas por el Primer Ejecutivo y de otros legisladores) porque representaba un impacto de cerca de mil millones de dólares a lo que es el ingreso del gobierno de Puerto Rico y afectó las tasas contriburivas que se pudiesen bajar a los pequeños y medianos comerciantes, así como a individuos”, dijo Méndez.

Puntualizó que cualquier pieza legislativa a estos fines debe aprobarse dentro de los próximos seis meses para que pueda entrar en vigor “ese efecto de la rebaja contributiva” en el próximo ciclo contributivo que empieza en enero de 2024.