Ante el Consorcio Internacional de Periodistas Internacionales publicar el pasado domingo la investigación de los “Pandora Papers”, expertos en el campo de economía y leyes dialogaron con Primera Hora sobre cómo estos hallazgos llevarán a las autoridades a un proceso cuesta arriba tras enfrentarse a personas poderosas en procesos financieros complejos.

El economista Heriberto Martínez comentó a este medio que las investigaciones que se ejercerán tras los hallazgos revelados por más de 600 periodistas sobre activos escondidos y tratos por debajo de la mesa entre reconocidas figuras públicas, líderes políticos y multimillonarios en los llamados paraísos fiscales enfrentarán a instituciones fiscales que “no tienen los recursos necesarios para investigar de manera profunda a estas personas, investigar las planillas, investigar si hay evasión contributiva para entonces procesarlos judicialmente”.

Según el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representante, los paraísos fiscales son “jurisdicciones muy pequeñas que gozan de algún grado de soberanía política, pero que están diseñados en su interior para acoger modelos de negocio de una forma más flexible y que pase por debajo del crisol de reguladores de economía más avanzadas”.

Aunque aclaró que la existencia de estas jurisdicciones ni la creación de “boutiques” financieras para administrar transacciones de mayor complejidad no son ilegales en términos generales, puntualizó que “lo ilegal es cuando personas privadas utilizan ese andamiaje financiero para evadir contribuciones en los países de origen”.

El economista indicó que dicha publicación podría llevar a una situación similar como el caso del conglomerado de construcción brasileño Odebrecth, donde 77 ejecutivos de la empresa lograron un acuerdo con las autoridades y pagar una fianza de $2,600 millones a entidades estadounidenses y suizas luego de confesar haber cometido soborno contra funcionarios públicos para expandirse por América Latina.

“Las instituciones del estado, como pueden ser los diferentes departamentos de Hacienda o los diferentes departamentos de Justicia de los países perjudicados por evasión contributiva, van a tardar un poco más en reaccionar para ponerle fin al tema de los paraísos fiscales o encausar, a modo de delito, a muchas de estas personas”, indicó.

“Recordemos también que se pueden llegar acuerdos, ¿y qué es lo que hacen? Pues persona A le debe $50 millones a Hacienda, y Hacienda puede llegar a una negociación de pagar $20 millones y la deuda queda saldada”, añadió.

Por consiguiente, Martínez indicó que la próxima movida debería consistir de movilizaciones institucionales, políticas y civiles para evitar que estas personas “que se aprovechan del marco jurídico para hacer sus negocios evadan impuestos enviando ingresos a paraísos fiscales”.

“Mucho del andamiaje institucional que existen en nuestros países, Canadá, Estados Unidos, América Latina y Europa, son montados para reivindicar las propiedades privadas. Esto quiere decir que las personas que no pagan el justo tributo a las arcas del estado, somos los trabajadores que pagamos impuestos los que terminamos subsidiando la protección del uso y disfrute de la propiedad privada de los sujetos más acaudalados”, sostuvo.

Mientras tanto, Martínez sostuvo que ya se está tomando acción alrededor del mundo para sofisticar la teconología financiera dentro de las agencias financieras y enfrentar la evasión contributiva.

Igualmente, señaló que la administración del presidente Joe Biden está dialogando con diversas potencias económicas para establecer un índice contributivo global y establecer sistemas financieros que auguren un frente común por la transparencia para fiscalizar empresas transnacionales.

Por otra parte, el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Mark Anthony Bimbela, señaló que instituciones como el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia y Fiscalía Federal pudieran iniciar los procesos administrativos y penales correspondientes a una evasión contributiva contra un posible evasor, pero que los mismos serán difíciles.

“Puerto Rico no tiene personalidad jurídica internacional debido a su situación colonial que está subyugada al Congreso de los Estados Unidos, lo cual es parte del problema que crea esta situación de injusticia en el que se encuentra al presente Puerto Rico”, expresó Bimbela.

Igualmente, el abogado litigante en el área penal y civil dijo que la defensa de la privacidad y secretismo de los clientes que hacen las transacciones en esas instituciones bancarias complicarían más la rendición de cuenta.

Mientras tanto, Bimbela comentó que era pertinente que las autoridades comenzaran a ir tras los paraísos fiscales dado que las transacciones que se generan en estos espacios limitan el desarrollo de proyectos socioeconómicos en diversos países, incluso Puerto Rico, por promover la evasión tributaria y no contar con “el principal, es decir, el dinero que tú depositas como tal en un banco, y los intereses que generan esos fondos”.

“Estos no son personas que depositan $500, estas son personas que depositan millones a cuentas bancarias extranjeras... esos fondos no se van a usar en el país de origen para hacer más escuelas, mejorar las carreteras, arreglar el sistema de salud pública, hacer justicia salarial al pueblo, atender las necesidades de los servidores públicos, rescatar las pensiones. Ese es el daño de un paraíso fiscal”, opinó el licenciado.