Los familiares lloraron, estuvieron en el servicio religioso y dijeron su último adiós en el cementerio.

Pero ¡oh sorpresa!

Al mes siguiente el chequecito de la pensión llegó. ¿Y al mes siguiente?, ¡también! Y así hasta por -agárrese- cuatro años y medio... ¡o más!

Durante cinco años la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) pagó sobre $1.2 millones a más de cien personas a pesar de que ya habían muerto, según una auditoría de la Oficina de la Contralora (OC) dada a conocer ayer.

Esos cheques se seguían emitiendo y los familiares seguían cobrándolos como si nada, incluso después de que la ASR había recibido notificación de los fallecimientos.

Todavía al 30 de septiembre de 2013, o sea, hace siete meses, la División de Cobros de la dependencia tenía en la calle un total de $799,948 que no había podido recuperar.

La ineficiencia es tanta que de ese total, hay $205,092 entregados de más que ni siquiera se había hecho la gestión de recobrarlos.

El administrador interno de la ASR, Francisco Del Castillo Orozco, reconoció que hubo serias fallas en el pago, ¡cómo no! Pero despachó el asunto diciendo que “se están tomando las medidas correctivas necesarias”, según se desprende del informe.

La situación ocurre, por lo menos, desde enero de 2008.

De hecho, para cuando la OC se dio cuenta del problemón le notificó a la ASR, pero un año más tarde, todavía unos 50 pensionados descansando en el más allá recibían sus pagos.

Los familiares no fueron los únicos que se quedaron con el dinero de las pensiones a pesar de que sus seres queridos ya no estaban con vida. También pecaron planes médicos y compañías de seguros.

Según el documento, entidades que prestan servicio a pensionados recibieron $161,390, de las deducciones directas a los pensionados fallecidos. Mientras, varias compañías de seguros de salud recibieron $43,702.

La auditoría establece que al 1 de octubre de 2013, la supervisora de la Sección de Nómina no había generado ni tramitado los informes para que la División de Cobros recuperara ese dinero a las empresas.

“Esto propicia el ambiente para la comisión de errores e irregularidades y que no se puedan detectar a tiempo”, señala la auditoría.

Asimismo se advierte, que al dejar pasar tanto tiempo en recobrar el dinero pagado a los muertos, “se puede ocasionar que los mismos se conviertan en incobrables”.

El informe RF-14-09 le achaca a la supervisora de la Sección de Nómina, Madeline Solís Calixto, haber “incumplido con sus responsabilidades de identificar y excluir de la nómina a los pensionados fallecidos”.

La funcionaria inició operaciones dos meses después del periodo auditado, ya que el cargo como tal estuvo vacante del 1 de julio al 3 de septiembre de 2008.

Mientras eso sucedía, el Fondo de Pensiones de los Empleados del Gobierno y el Fondo de Pensiones de los Empleados de la Judicatura tenían un déficit actuarial acumulado de $26,408,913,000 y de $357,752,000, según los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados, al 30 de junio de 2012,

Dice la contralora Yasmín Valdivieso que el personal de la ASR no tenía excusa para dejar que ese dinero se pagara indebidamente, ya que todos los meses reciben del Registro Demográfico un informe de defunciones. Además, en ocasiones reciben notificación de familiares, están los obituarios y todos los días el Banco Gubernamental de Fomento les envía la lista de los depósitos directos rechazados por los bancos comerciales por motivo de fallecimiento.

Igualmente, la auditoría de unas 22 páginas explica que la Sección de Nómina cuenta con una auxiliar administrativa, una auxiliar de Beneficios y Servicios, y tres operadores de equipo de entrada de información.

El primer aviso de pagos efectuados a personas ya fallecidas la ASR lo recibió el 16 de octubre de 2012. El segundo aviso fue siete meses después. Y como quiera, aunque los nombres se eliminaron, ni se habían determinado las deudas y ni se había hecho el proceso de facturación correspondiente.

Recientemente, los empleados del Gobierno y la Judicatura se despertaron con la noticia de que el déficit actuarial en el ASR es tan alto que se aprobaron cambios en sus pensiones y aumento en la edad de su retiro.