Una analista “de compras” del Departamento de Salud, que admitió no conocer los procesos para realizarlas, declaró esta tarde que por instrucciones de la secretaria auxiliar de administración de la agencia, Adil Rosa, tramitó una cotización que le envió el abogado y exdirector de la Administración de Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado, para adquirir pruebas rápidas del COVID-19 a un costo de $42 millones y que el suplidor rebajaría el importe si se le adelantaba el 50% de la factura.

La empleada, Mariel Rivera, la segunda testigo que declara bajo juramento hoy en las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, también dijo que la investigada transacción recibió el visto bueno del task force médico el 26 de marzo, después que Maldonado le envió por email la cotización a nombre de la compañía Apex.

Rivera reconoció en su testimonio que Rosa le instruyó a que se comunicara con Maldonado el 25 de marzo, cuando todavía el Departamento de Salud era dirigido por la entonces secretaria interina Concepción Quiñones de Longo.

En el turno de preguntas del representante independentista, Denis Márquez Lebrón, Rivera admitió que no alertó sobre las irregularidades de la millonaria transacción.

“En ese momento no vi ninguna ilegalidad”, respondió la mujer, quien comenzó a laborar en el Departamento de Salud en noviembre de 2019 por un programa federal. Anteriormente, dijo a preguntas del legislador que tenía un puesto de confianza por el Partido Nuevo Progresista (PNP), en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“¿Por qué Adil Rosa la seleccionó?”, le preguntó Márquez Lebrón a la empleada.

“Más allá de que me conocía, no puedo decir por qué ella me seleccionó”, sostuvo Rivera.

Luego, a preguntas del representante popular Ramón Luis Cruz Burgos, la empleada indicó que tiene “amigos en común” con Rosa.

Burgos le inquirió si las amistades se relacionan con una campaña política, pero no contestó.

En su testimonio de más de cinco horas, la funcionaria detalló que Maldonado le envió la cotización por email a la medianoche del 25 de marzo y al día siguiente, alrededor de las 9:00 de la mañana, junto con Rosa, le mostró el documento al task force médico , en una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en la carretera PR-1 en Caguas.

Sostuvo que nadie preguntó si las pruebas eran certificadas por la Administración Federal de Drogas (FDA, en inglés) y añadió que uno de los médicos dijo que el precio era muy alto, pero no precisó quién. Se limitó a decir que los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado eran los que llevaban la voz cantante en la reunión.

“Quien me dio el nombre del suplidor (Juan Maldonado) para que le solicitara las cotizaciones fue Adil Rosa”, indicó Rivera a preguntas del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales.

Detalló que el 25 de marzo, Rosa le pidió que llamara a Maldonado para una cotización de ventiladores, que el mismo día lo llamó y que este le dijo que tenía otros artículos y pruebas de detección del COVID y a la medianoche le envió la cotización de las pruebas.

“¿El task force corroboró si las pruebas tenían el aval del FDA?, ¿Vieron el brochure del correo electrónico?, le preguntó Morales a la testigo.

“Es correcto, no había documento de la FDA. No recuerdo que me hayan hecho la pregunta del FDA”, contestó la empleada de Salud. Dijo que Rodríguez y Salgado le hicieron preguntas sobre el tiempo de entrega y el precio de las pruebas.

Según Rivera, en la reunión no se mencionó al suplidor y agregó que la decisión final fue que se procediera con la compra. Sostuvo que Maldonado la llamó estando todavía ella en el COE para “indicarme que habían conseguido un millón de pruebas, que llegarían en cinco días, que me había enviado la cotización por $42 millones por email y que se le informó al task force".

Indicó que después, Maldonado puso como condición que si le daban un adelanto del 50% de la compra, bajaría a $38 millones, a lo que accedio el grupo médico.

Narró que al mediodía le comunicó a Maldonado que habían aprobado la compra, que le envió el contrato firmado, pero no por él, sino por otra persona y que a las 3:58 de la tarde, le hizo llegar el certificado y resolución corporativa de Apex.

La vista investigativa continúa esta tarde con el testimonio de Rosa, quien la semana pasada invocó su derecho a estar asistida por un abogado.