El nominado Contralor de Puerto Rico, Osvaldo Soto García no tiene los votos para ser confirmado en la Cámara de Representantes, pero dijo esta tarde al salir de una vista pública en la que estuvo bajo fuego por legisladores de mayoría y minoría, que no le pedirá a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced que retire el controvertible nombramiento.

“Seguiré hacia adelante en el proceso”, dijo Soto a los periodistas. Alegó haber “convencido” a legisladores tras haberlos visitado en sus oficinas legislativas. “Hay varios, pero voy a reservarme la cantidad y los nombres”, indicó el nominado, pese a que el propio presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez aseguró que el nominado no tiene los votos para su confirmación.

“En el último conteo que hice esta mañana no tenía los votos”, indicó Méndez y agregó que “en este caso en particular que es un nombramiento constitucional requiere unas destrezas básicas de auditoría y aunque digan que no, la Constitución habla específicamente de conocimiento en auditoría”.

En la vista pública de unas tres horas ante la Comisión Especial de Nombramientos de la Cámara de Representantes, Soto reconoció que no ha hecho ninguna auditoría.

Reclamó sin embargo, que ni la Constitución ni la ley requieren que el cargo de Contralor debe ser ocupado por un contador público autorizado (CPA).

Soto compareció a media mañana al salón de audiencias 1, del sótano del Capitolio, donde muchos de los legisladores dirigieron sus preguntas a establecer que el nominado no tiene la competencia ni la experiencia para ocupar el cargo que tiene un término constitucional de 10 años.

En torno al trámite procesal del nombramiento, el presidente de la Cámara no precisó si lo llevarán a votación o lo dejarían sobre la mesa.

Por su parte, el portavoz de la mayoría penepé, Gabriel Rodríguez Aguiló indicó que no habrá vistas adicionales en torno al nombramiento de Soto y dijo que la Cámara recesó sus trabajos hasta el martes 29 de este mes para que el Senado actué sobre la nominación. La semana pasada, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz también recesó hasta el lunes próximo en espera de lo que haría la Cámara.

En su ponencia, en la vista de hoy, Soto se proclamó como abogado, aunque reconoció que no ha revalidado. También reconoció que no está certificado por organismos federales para hacer auditorías internas y que tampoco está certificado por la Asociación de Examinadores de Fraude.

¿Usted está admitido a ejercer la profesión (legal)?, le preguntó en su turno el representante independentista, Denis Márquez Lebrón.

“No”, le contestó Soto.

“Pues usted no ha litigado”, le increpó el legislador independentista al confrontarlo con las expresiones de la ponencia donde indicó que “ha litigado en los tribunales, como abogado estudiante”.

Márquez Lebrón dijo que la ponencia que presentó Soto a la comisión legislativa “es un montaje en el que él intentó hacerse pasar como abogado y como persona certificada por la Asociación de Examinadores de Fraude”.

“Siempre soñé con estudiar derecho y ser abogado. También lo logré con muchos sacrificios, viajando a la Pontificia Universidad Católica de Ponce de donde me gradué y recibí el premio del mejor estudiante litigando en los tribunales”, expresó el nominado en su ponencia en la que reclamó además, que cuenta con “más de 20 años tanto en el sector público como el privado, con probada experiencia profesional en gerencia de proyectos complejos”.

Soto también se describió como “un comunicador efectivo con habilidad para escuchar y comprender problemas y adecuar soluciones”.

“Cuento cabalmente con toda la preparación necesaria tanto académica como experiencia profesional en municipios, la rama ejecutiva y la rama legislativa para asumir el cargo”, sostuvo el funcionario que actualmente ocupa el cargo de Secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza. A principios de este cuatrienio, también fungió como Secretario de Asuntos Públicos del Senado.

Reclamó que ni la Constitución ni la ley exigen que tenga experiencia como auditor y que sea un contador público autorizado para ocupar el cargo. “Dos de los siete contralores, no son CPA”, dijo Soto.

Pero, a las preguntas del representante José Aponte Hernández, quien inició los trabajos de la vista pública, Soto admitió que nunca ha trabajado en auditorías. Dijo que como empleado del gobierno, sí ha sido auditado.

“La persona no está apta para dirigir cualquier oficina que haga auditorías en el gobierno”, dijo por su parte el representante popular Rafael “Tatito” Hernández.

El representante independiente, Manuel Natal Albelo expresó a su vez, que Soto no cuenta con la preparación académica ni la trayectoria para ejercer las funciones de Contralor.

“El futuro de Puerto Rico, sobre todo para hacerle frente a la corrupción, no puede depender de premios de consolación para personas que han demostrado una y otra vez, que su lealtad está con el partido, por encima del País”, dijo Natal Albelo.

A preguntas del representante pepené, Antonio “Tony Soto”, el nominado dijo que no ha tomado cursos de auditoría, que no tiene una certificación de la ninguna organización federal para hacer una auditoría interna. “Mirándolo a los ojos le digo que usted no tiene mi voto… no tiene la competencia en un área tan importante”, sostuvo el representante Soto.

En la vista, el representante novoprogresista José “Quiquito” Meléndez fue el único que salió en su defensa. “Conozco a Osvaldo Soto hace mucho, conozco su desarrollo profesional. Hemos visto que en el pasado (en la Contraloría) han funcionado perfectamente, personas que nos CPA’s”, dijo Meléndez.

También se expresó a favor la Asociación de Auditores y Empleados de la Oficina del Contralor.

En contra también se expresaron, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, el ex contralor Manuel Díaz Saldaña y el ex director del Departamento de Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, José A. González Taboada.

Al esbozar sus propuestas Soto dijo que “ante la gran cantidad de fondos federales que se avecinan” es necesario que en la agencia se cree una división de fondos federales. Indicó también que en la dependencia se necesita una transformación tecnológica, un proceso de inteligencia artificial y que los auditores puedan realizar procesos de auditoría en menos tiempo.

Soto abogó además porque la Contraloría tenga una sede propia y que se depure el registro de contratos. Propuso que se legisle en contra de los funcionarios del gobierno y de los municipios que entren data incorrecta de los contratos en el registro.