El representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, criticó hoy el veto de bolsillo que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia le dio al Proyecto de la Cámara 19, que buscaba limitar los derechos o beneficios que ostentará un exgobernante, eliminando la discreción del Comisionado de la Policía para proveerle escoltas.

“Con el problema que tenemos en la grave alza en la criminalidad, el ausentismo en las filas policiales y la limitación de recursos en el gobierno, es insólito que el gobernador Pedro Pierluisi le haya dicho al País que prefiere seguir destinando fondos públicos y oficiales del Negociado de la Policía para brindarle proyección a Ricardo Rosselló, quien no pudo terminar su mandato y renunció por razones harto conocidas”, denunció el representante Aponte Rosario.

El veto de bolsillo es el término que se aplica cuando el Gobernador de Puerto Rico no toma acción al recibir un proyecto aprobado por la Legislatura y se vence el término para ser firmado. De esta manera, la ley simplemente no existe y el Gobernador no está obligado a explicar las razones o explicaciones para no haberla firmado. Si la Asamblea Legislativa quiere insistir en el mismo, puede volver a radicar la medida.

El proyecto 19, aprobado en Cámara y Senado buscaba enmendar la Ley 2-1965, conocida como la ‘Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores’ para lograr dos cosas: que no se pueda considerar como exgobernador a un primer ejecutivo que haya renunciado al cargo -como ocurrió con Ricardo Rosselló Nevares- y que se prohiba “al Comisionado o Superintendente de la Policía de Puerto Rico asignar o proveer escoltas a cualquier exgobernador que no cumpla con alguno de estos requisitos”.

Por “requisitos”, el proyecto se refería a que el primer mandatario haya sido electo por elección popular, que no haya sido destituido y que no haya renunciado al cargo, sin tocar la decisión del Tribunal Supremo, que le ha permitido a varios exgobernadores tener escolta una vez han terminado su mandato y retenerla, en algunos casos ininterrumpidamente, tras salir de La Fortaleza.

Estos son los casos de los ex gobernadores, Pedro Rosselló, Luis Fortuño y Alejandro García Padilla, quienes, según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, tienen derecho a escolta cuando están en Puerto Rico.

Los ex gobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Sila M. Calderón, renunciaron a las escoltas y favorecieron públicamente el proyecto de ley.