Mientras unos líderes comunitarios encuentran prudente el reglamento que prohíbe la instalación de piscinas en los residenciales públicos del País, otros catalogan como “injusto” y prejuicioso que se les amenace con cancelar el contrato de arrendamiento a los que violen la cláusula.

Divididas: así están las opiniones de un par de líderes consultados por Primera Hora respecto al asunto que desde el martes ha sido tema de conversación en la Isla luego que, el administrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta, advirtiera que cesará el contrato de todo aquel que tenga equipos de entretenimiento acuático en las áreas comunes de los complejos y mucho más en esta época de sequía.

La presidenta de la Junta de Residentes del residencial Manuel A. Pérez en San Juan, María Judith Franco, está de acuerdo con que se haga cumplir con el reglamento que impide tener piscinas en las viviendas públicas.

“Respaldo ciento por ciento al secretario (López Arrieta). Esta situación con las piscinas hay que pararla. En mi casa, por ejemplo, apenas tengo agua, solo sale un hilito y esta gente botando un líquido que ahora con la sequía es tan preciado. La verdad es que es increíble. Y muchos ni siquiera pagan el agua”, lanzó Franco.

De hecho, dijo que desde ayer se comenzó el proceso de orientación con las personas que ocupan las 900 unidades en el lugar.

“Nos llegó la carta y se les entregó primero a los que tienen piscinas, que son como ocho, y al resto se les dará durante la semana”, expresó quien confía en que la gente de su comunidad entienda la importancia de “acatar” la orden del administrador de Vivienda Pública.

“Algunos vinieron donde mi a preguntar. Yo los orienté y les expliqué la situación. Entiendo que la gente las quitará porque la gente de aquí es buena y comprensible. Los que no lo hagan y se pongan potrones pues tendrán que responder ante el secretario o un tribunal”, agregó.

De otra parte, Carmen Berríos, líder comunitaria del residencial El Prado, en Río Piedras, reconoce que el País atraviesa por tiempos de sequía y hay que evitar un racionamiento pero, no está de acuerdo con que se imponga a los residentes retirar las piscinas de los complejos.

“Pero, ¿por qué? Nosotros pagamos agua. La gente piensa que nos regalan el agua y no es así. Tenemos una tarifa fija de agua y luz y si nos pasamos nos cobran como a cualquier hijo de vecino... me molesta mucho que la gente de urbanización nos critiquen de tener beneficios y hasta insinúen que no nos partimos el lomo como ellos. Eso no es así. Aquí muchos trabajamos y, hasta el doble, y tenemos que encima bregar con otros problemas sociales de nuestra comunidad. Y lo cierto es que estos nenes no tienen más entretenimientos aquí en el verano pues, la cancha ni los ‘playgrounds’ sirven”, puntualizó en referencia al complejo que tiene 220 apartamentos y alberga a más de 350 niños de entre 0 y 12 años.