Un grupo de más de 100 organizaciones sin fines de lucro, filantrópicos y comunitarios, denominado como el Task Force Social del Pueblo, reclamó hoy que los problemas de seguridad alimentaria en el país han llegado a un nivel de crisis humanitaria y desmientieron la estrategia de distribución de alimentos por parte del gobierno y la exactitud de la información publicada al respecto.

En un comunicado de prensa, exigieron a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, tomar acción inmediata para atender el hambre que enfrenta la niñez y otras comunidades vulnerables ante esta emergencia de salud pública, afirmando que es responsabilidad exclusiva del gobierno atenderla.

De acuerdo con varios miembros del grupo, la crisis alimentaria es un síntoma de un problema que existía mucho antes del COVID-19, y los niños son particularmente vulnerables. "Antes de que iniciara esta crisis de salud, Puerto Rico ya confrontaba un problema de seguridad alimentaria por múltiples factores. Entre estos, la dependencia en la importación de alimentos, salarios bajos y el hecho de que el dinero de asistencia nutricional que reciben las familias de escasos recursos económicos no es suficiente para mantener un nivel de nutrición adecuado. La emergencia del COVID-19, igual que los recientes terremotos y huracanes, otra vez exacerbó el problema,” expresó Marcos Santana, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud y uno de los portavoces del Task Force Social del Pueblo.

Según estudios del Instituto del Desarrollo de la Juventud, la niñez es particularmente vulnerable en este país, debido al hecho de que la gran mayoría- 71%-vive en condiciones de pobreza o cerca de ella. “Son hogares en los que se ha profundizado la precariedad económica. Los datos indican que la mayoría de esos padres y madres que trabajan y todavía viven en pobreza o cerca de ella están en industrias altamente impactadas por la cuarentena- hoteles, restaurantes, ventas al detal. Para los que estaban fuera de la fuerza laboral antes de la crisis, sabemos que muchos suplementan con ingresos de economía informal, limpiando casas, vendiendo dulces, ese tipo de cosa, que ahora no pueden llevar a cabo”, explicó Amanda Rivera, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud.

La organización informó que durante semanas se ha discutido en distintos foros la apremiante necesidad alimentaria que tienen todos los estudiantes del sistema de educación pública del país que dependen del desayuno y almuerzo que regularmente reciben en sus escuelas. Inclusive, varios miembros del Congreso de los Estados Unidos y la Junta de Supervisión Fiscal solicitaron al Departamento de Educación atender dicha necesidad. Sin embargo, el gobierno ha abdicado su responsabilidad alegando que ha donado los alimentos de los comedores escolares para que las organizaciones sin fines de lucro lo distribuyan en las comunidades.

“Es una situación inaceptable. No es suficiente entregar los alimentos para que otros resuelvan. Aunque el Task Force Social del Pueblo reconoce y agradece el tremendo esfuerzo de las organizaciones sin fines de lucro que voluntariamente dieron la mano, el Estado no puede utilizar la voluntad legítima de las organizaciones que intentan aliviar el hambre de la gente como subterfugio para no asumir su responsabilidad cabalmente”, afirmó Reynaldo Alegría presidente de la Comisión en Torno a los Derechos de la Niñez del Colegio de Abogados.

En una carta dirigida a congresistas de los Estados Unidos el 13 de abril de 2020 en respuesta a preguntas sobre la estrategia de alimentación de estudiantes, el Departamento de Educación alegó haber entregado los alimentos a una lista específica de 84 organizaciones sin fines de lucro, la cual también publicaron para orientar al público a los recursos. En cambio, al comunicarse con varias de las organizaciones nombradas, el Task Force Social del Pueblo corroboró que ninguna recibió una lista de familias escolares donde deberían entregar la comida y más preocupante aún, algunas de las organizaciones señaladas han desmentido haber recibido los alimentos.

Una organización que se sorprendió al verse incluida en la lista es el Centro de la Mujer Dominicana, basado en Río Piedras. Romelinda Grullón, directora ejecutiva del centro afirmó haber asistido a una orientación virtual sobre la iniciativa y que posteriormente en varias ocasiones se comunicó con los coordinadores de la orientación y les confirmó que no podía buscar ni recibir la comida. Esto, definitivamente pone en duda el nivel de organización del gobierno en asegurar que los alimentos verdaderamente llegaron a los estudiantes que diariamente dependen de esta comida.

El Departamento de Educación, en respuesta a una pregunta de los congresistas sobre la cantidad de comida diaria que recibirán los niños alegó además haber distribuido alrededor de 4,113,000 raciones de alimento entre el 30 de marzo y 7 de abril de 2020. De ser cierto, dicha cantidad solo cubriría aproximadamente seis días y medio de desayunos y almuerzos distribuidos entre los 300,000 estudiantes del sistema público. Esto, sin contar el hecho de que los alimentos no llegaron a todos los estudiantes del sistema y fueron distribuidos a otros miembros vulnerables de las comunidades, lo que disminuiría los días de comida satisfechos por estudiante. Las organizaciones con quien se comunicó el Task Force Social del Pueblo confirmaron haber recibido comida para repartir una sola vez, lo cual puede indicar que los niños han estado sin asistencia alimentaria por alrededor de dos a tres semanas.

Además de sus preocupaciones sobre el alcance de la distribución de alimentos, miembros del Task Force Social del Pueblo expresaron sus frustraciones con el vacío de apoyo operacional provisto por el gobierno a las organizaciones que se hicieron voluntarios para buscar y repartir la comida entregada por el Departamento de Educación. Según Charlotte Gossett-Navarro, directora senior de operaciones en Puerto Rico de Hispanic Federation, entidad que lanzó un fondo de emergencia de $1.5 millones para entidades sin fines de lucro ante el COVID-19, varias de las organizaciones que ellos subvencionan participaron en el esfuerzo pero no recibieron ayuda adicional de la agencia. “Como en todos las emergencias del país, las organizaciones sin fines de lucro han dicho presente para el pueblo y muchos estamos muy dispuestos a colaborar con el gobierno. Además, no veo razonable que el Departamento de Educación declare que no puede abrir los comedores escolares para proteger la seguridad de sus empleados, pero a su vez solicita la colaboración de las organizaciones comunitarias en cumplir su deber sin tampoco proveerles los equipos de protección y otros recursos requeridos para realizar el trabajo. Los filántropos estamos cubriendo estos gastos necesarios pero no debe ser así cuando hay fondos públicos disponibles y la responsabilidad que están asumiendo en realidad le corresponde al gobierno,” sentenció Gossett-Navarro.

Para el Task Force Social del Pueblo “el gobierno tiene la obligación de asegurar que todos los estudiantes del sistema de educación pública tengan acceso a un nivel de nutrición adecuado y que el gobierno cuenta con varias opciones para asegurar que ningún estudiante pase hambre mientras las escuelas permanecen cerradas. Han publicado una declaración pública que ofrece recomendaciones concretas sobre cómo mejor atender a este y otros asuntos urgentes. Este próximo lunes, hay en agenda una conversación con la gobernadora, en la que el Task Force Social del Pueblo elevará a su consideración todos los planteamientos y sugerencias esbozadas en esta declaración pública”.

Para la líder Carmen Villanueva Castro de la comunidad Hill Brothers Sur y miembro del PRODEV que reúne a 82 líderes comunitarios, “estamos viviendo una emergencia de seguridad alimentaria que se traduce en que hoy muchas familias y niños en nuestras comunidades están experimentando hambre. Existen muchas estrategias inmediatas y a corto y mediano plazo para responder a la emergencia. De inmediato exigimos data sobre donde y a cuantos niños se ha distribuido alimentos y evidencia que se proveyó en cantidad y calidad suficiente para satisfacer la necesidad nutricional de cada alumno. Además se debe integrar más grupos para aumentar el alcance del esfuerzo.”

A corto plazo el líder comunitario indicó que el Task Force Social del Pueblo ve necesario re-abrir los comedores escolares de una forma segura y ordenada con métodos alternos de distribución de la comida como sistemas de entrega a domicilio. “Algunos municipios ya lo están haciendo y hay muchos modelos que podemos mirar en otras jurisdicciones. Por ejemplo, el modelo de entrega satélite, que ha funcionado muy bien en Puerto Rico durante los campamentos de verano, se puede adaptar para entregar comida a domicilio o por servicarro. Con la capacitación, equipo de protección, protocolos y modelo de entrega apropiados se puede salvaguardar el salud de todos involucrados y asegurar que nuestras comunidades no se quedan con hambre", dijo Villanueva.

De igual forma, el Task Force Social del Pueblo denunció que el gobierno todavía no ha procesado las miles de solicitudes del programa de asistencia nutricional y desempleo que están pendientes y reclaman que se emitan los desembolsos de dichos beneficios inmediatamente, para aliviar la crisis alimentaria del país.

“Entendemos que la alimentación de nuestros estudiantes es de importancia primordial. El gobierno federal ha establecido múltiples dispensas o exenciones que el Departamento de Educación y otras agencias pueden usar y que flexibilizan la preparación y distribución de comidas. Exhortamos que las agencias de Puerto Rico colaboren para explorar estas opciones y determinar cuál sería la mejor opción en nuestro contexto local", dijo Carlos Rodríguez-Silvestre, director ejecutivo de la Fundación Flamboyán en Puerto Rico.

A mediano plazo, ellos propusieron que el Departamento de la Familia implemente el “Pandemic EBT” bajo el programa de asistencia nutricional. A su vez, propone que el gobierno expanda la entrega de alimentos a personas vulnerables que no pueden cocinar, que no deben salir de sus casas por condiciones de salud o no cualifican para los beneficios de asistencia nutricional. Según Rodríguez-Silvestre, “por lo menos seis estados se están aprovechando del programa de “Pandemic EBT” para que esos fondos, que se usarían para proveer desayuno y almuerzo para los estudiantes, les lleguen directamente a las familias a través de las tarjetas de PAN. Entendemos que Puerto Rico todavía no ha solicitado participar en este programa.”

Santana Andújar, reiteró, que, “la emergencia alimentaria es una crisis humanitaria que el gobierno debe atender con el máximo grado de transparencia y participación ciudadana. Los comedores públicos, los alimentos de las escuelas, los beneficios del programa de asistencia nutricional y desempleo son beneficios del pueblo y el gobierno debe rendir cuentas por su administración. Día a día la gente tiene derecho a saber cómo, dónde y cuándo su necesidad alimentaria será satisfecha y no recibir excusas burocráticas del gobierno para no atenderlas.”