Organizaciones comunitarias y magisteriales marcharon en la tarde de este jueves hacia La Fortaleza para reclamar una moratoria de cinco años que evite el establecimiento de más escuelas alianzas o chárters por entender que es una privatización que afectará la educación pública.

La manifestación se da en momentos en que el Departamento de Educación se encuentra en un proceso de recibir propuestas de entidades y municipios que interesen establecer este tipo de escuelas, en las que la agencia paga por cada estudiante matriculado.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, explicó que, hasta el momento, han recibido ocho propuestas y que cuatro de estas buscan poner en operaciones para agosto próximo unas cinco escuelas alianzas. De ser avaladas, estas se unirían a otros 11 planteles que se han establecido ya.

Dos de los organizadores de la marcha, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, así como el director de la organización El Otro Puerto Rico, Alonso Ortiz Menchaca, tronaron contra el hecho que el gobierno le dé paso a este tipo de escuelas. Aludieron a que son “inmorales”, le quitan fondos que deben ir destinado al sistema público de enseñanza, fomenta la privatización de servicios que deben estar en manos del gobierno, desplaza los derechos alcanzados por el magisterio y permite que inversionistas transformen la educación en un negocio.

Por estas razones, el grupo de manifestantes apoyó que en la Legislatura se le dé paso resolución conjunta del Senado 424, que busca paralizar el proceso de crear escuelas alianzas por cinco años.

Martínez explicó a Primera Hora que este sería un primer paso para buscar que se deje sin efecto la Ley 85 de Reforma Educativa de Puerto Rico, la cual autoriza que se establezcan hasta un 10% de escuelas alianzas basado en el número total de planteles bajo Educación. Específicamente, avala hasta 85 de estas escuelas.

La líder magisterial aceptó que coincide con el gobernador Pedro Pierluisi de que parte del reclamo que hacen requiere acción legislativa. Pero, explicó que interesan conocer su postura en cuanto a que se permitan que más escuelas alianzas se establezcan en la Isla. Por tal razón, dijo que le llevaron esta manifestación y se proponen realizar más actividades futuras para hacer sentir su reclamo.

“Primero, le diría al señor gobernador, le recuerdo, que no todo lo legal es moral”, sostuvo, al exponer a modo de ejemplo la esclavitud.

Aludió a que la Reforma Educativa fue impulsada por dos convictos por corrupción, el exsenador Abel Nazario y la exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

De inmediato, reclamó una “verdadera reforma educativa” que no avale la privatización, así como que tenga en cuenta las necesidades de la comunidad y el magisterio.

“Quien quiera hacer negocio privado que busque fondos y la sostenga, pero no puede ser que desvíen los fondos de las escuelas públicas”, exigió la presidenta de la Federación de Maestros.

Por su parte, Ortiz Menchaca reprochó que inversionistas de la Ley 22, que en su mayoría son extranjeros que tienen exenciones contributivas, hagan de la educación un negocio.

“Nos parece preocupante que ante los nuevos cambios que se están proponiendo implementar en el Departamento de Educación, supuestamente para descentralizarlo, el fin o la consecuencia última de eso sea que se les entregue a los Ley 22 y estos tipos de inversionista la capacidad de decidir cómo se educa a los niños y niñas. Eso es un peligro que no vamos a permitir”, indicó, previo a iniciarse la marcha.

Dijo que el gobierno no puede tratar la educación como un negocio.

“Aquí se nos va la vida si nosotros permitimos que el dinero público se ponga en el bolsillo privado, que no tiene obligación de dar información sobre qué invierte en sus operaciones ni tiene el deber respetar el derecho de nuestro magisterio. La educación pública se va a destruir”, puntualizó el abogado.