Las organizaciones que demandaron al gobierno para exigir la apertura de los comedores escolares esperan que el gobierno de Puerto Rico no apele la sentencia emitida anoche por el juez Anthony Cuervas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la cual ordena al Departamento de Educación la apertura inmediata de las cocinas escolares para brindarle alimento no solo a los menores de edad, sino a todas las personas necesitadas.

Uno de los abogados que llevó el caso, Osvaldo Burgos, afirmó este sábado, durante una conferencia de prensa virtual, que sería “un acto mezquino del estado, si el estado fuera a pedir una reconsideración o a apelar esta decisión en un foro superior. Sabemos que eso es una posibilidad en términos de estricto derecho. Pero, de una lectura de la sentencia y los fundamentos que utilizó el juez, nosotros no vemos manera que no sea de una temeridad extrema o una frivolidad de parte del estado que proceda ni siquiera a una solicitud de reconsideración”.

Hasta el momento, el secretario de Educación, Eligio Hernández, no se ha expresado sobre el curso que tomarían tras perder la demanda incoada por varias organizaciones, entre las que se encuentra Proyecto Matria y el Comité Timón de Padres y Madres de Niños de Educación Especial.

El portavoz de prensa de la agencia, Aniel Bigio, informó a Primera Hora que se espera por la aprobación de un comunicado de prensa.

Sobre el caso en general, Burgos y la directora de Proyecto Matria, Amárilis Pagán, insistieron que es una vergüenza que se tenga que recurrir a los tribunales para que el gobierno cumpla con su deber fundamental en momentos en que mantiene una cuarentena obligatoria para evitar los contagios con coronavirus.

“En este caso uno puede estar muy contento con el resultado, pero como país es vergonzoso que nosotros tengamos que haber llegado al tribunal para pedirle al tribunal que le orden a nuestro gobierno a cumplir con un deber ministerial básico, que es asistir a la ciudadanía en estado de necesidad. El alimento es un principio fundamental básico, es un principio de derechos humanos que no debería estar en controversia. El haber tenido que llegar al tribunal nos trae vergüenza como país, nos debe avergonzar del sistema de gobierno que tenemos, que la ciudadanía en un estado de necesidad, en un estado de emergencia, haya tenido que demandar para que sea un tribunal que le recuerde al estado lo que incluso el estado ha invocado como fundamento para tenernos encerrados en las casas o para privarnos de nuestros derechos”, manifestó el abogado.

Por su parte, Pagán insistió que en todo el proceso legal el gobierno actuó con “intransigencia”

“Esto se debió resuelto de otra manera”, indicó la activista.

La portavoz de Matria reconoció que los demandantes no estuvieron contentos con la solución a medias que aluden tomó Educación cuando demandaron. Comentó que la apertura de 109 comedores escolares para preparar unos 64,000 almuerzos no era suficiente ni siquiera para atender a los menores que están en el sistema público de enseñanza. Dijo que estos representan unos 280,000 alumnos.

“Lo que nos indigna es saber que el gobierno tiene los recursos económicos para hacerlo y se niega, que tiene la infraestructura para hacerlo y no la quiere utilizar”, puntualizó.

Sostuvo que, ahora que el tribunal ordenó la apertura de los comedores, se deben abrir las cocinas de las 822 escuelas catalogadas como “aptas” tras los terremotos de enero, así como cumplir con el mandato de no solo alimentar a los menores de edad, si no también a todas las personas que pasan necesidad en esta emergencia de salud pública causada por el coronavirus.

Le recomendó a Educación que use el transporte escolar para distribuir los alimentos o que busque alternativas en los municipios donde los alcaldes no se han hecho responsables de la distribución de los alimentos diariamente.

Entretanto, pidió a la ciudadanía que fiscalice a Educación para lograr que los alimentos lleguen a las comunidades necesitadas y que denuncien cuando no se cumpla con el pueblo.

Por otro lado, otra de las abogadas del caso, Mary Cele Rivera Martínez, mostró su inconformidad con que el gobierno provocara que los tribunales resolvieron un pleito en el que se trataba el bienestar social.

“El hambre del pueblo nunca debió llegar al tribunal”, insistió.

Añadió que “la razón de ser del Estado y su deber constitucional es proteger y velar por el bienestar de su ciudadanía. Eso incluye el deber de alimentar a un pueblo que en medio de una emergencia nacional padece de hambre. El gobierno nos obligó a ir al tribunal a exigir el cumplimiento de su deber”.

Rivera Martínez comentó que en todo el proceso de la demanda el gobierno demostró que no tenía ánimo a alimentar al pueblo.

“El tribunal de una manera muy cónsona menciona que le extraña o no puede permitir la injusticia que, por un lado, el gobierno haga un ‘lockdown’ y, por otro parte, encerrando esos padres y madres, después les vengas a decir que están obligados a alimentar a los niños”, comentó.