Las dos principales asociaciones periodísticas de Puerto Rico anunciaron hoy la creación de la nueva Alianza Pro Transparencia (APT), un grupo de presión en contra de la opacidad en el manejo de información pública cuya primera acción será llevar al Tribunal Supremo de Estados Unidos la petición de la divulgación de las grabaciones de las comparecencias a corte de Andrea Ruiz Costas, una mujer asesinada por su expareja en abril pasado.

La creación de la Alianza fue anunciada por la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Damaris Suárez y su homólogo del Overseas Press Club (OPC), Luis Guardiola, con el apoyo de las escuelas de derechos de las universidades de Puerto Rico (UPR) e Interamericana, así como de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Ponce y del Colegio de Abogados y Abogadas.

“Esta es una alianza histórica que une a las principales organizaciones periodísticas y que de manera orgánica ha movilizado a entidades comprometidas con el acceso a la información y la transparencia”, dijo Guardiola en conferencia de prensa en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas.

Tanto la Asppro como la OPC encabezaron los esfuerzos, infructuosos hasta ahora, de que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) divulgara los audios de las comparecencias a corte de Ruiz Costas, quien fue al Tribunal de Primera Instancia de Caguas a buscar protección contra su expareja, quien eventualmente la asesinó, según confesó el hombre.

El 25 de marzo, Ruiz Costas acudió a la sala de la jueza Sonya Nieves a pedir una orden de protección contra el hombre, Miguel A. Ocasio Santiago. La jueza no la concedió y, en cambio, los citó a ambos para cinco días después, el 31 de marzo. El 26 de marzo, Ruiz Costas presentó una denuncia criminal contra Ocasio Santiago por amenazas y acoso.

Pero tras relatar en términos clarísimos, y con ejemplos concretos, el brutal patrón al que la tenía sometida su expareja, la jueza Ingrid Alvarado, quien en la vista demostró estar molesta por la hora en que la tocó atender el caso, no le creyó y no encontró causa para arresto contra el hombre, quien tenía antecedentes en violencia de género.

Frustrada por lo acontecido en sus comparecencias a corte, Ruiz Costas desistió de sus denuncias contra Ocasio Santiago, quien el 27 de abril, la mató en su casa en Caguas y después intentó disponer de su cadáver quemándolo en un paraje apartado en Cayey.

El Tribunal Supremo denegó peticiones y varias reconsideraciones tanto de la OPC como de la Asppro, con los argumentos, rechazados ambos por la comunidad legal, de que los procesos de violencia de género son confidenciales y de que es necesario proteger la identidad de las víctimas de estos delitos. La madre de Ruiz Costas, Olga Esther Costas Rodríguez, pidió por declaración jurada que los audios de las vistas sean difundidos.

El audio de la comparecencia de Ruiz Costas ante la jueza Alvarado fue difundido por el medio digital Noticel, que lo obtuvo de fuentes que no ha identificado.

No quedando vías disponibles para lograr transparencia en este caso a través de las cortes puertorriqueñas, la APT prepara un recurso que será presentado “en las próximas semanas” ante el Supremo de Estados Unidos. “Para nosotros, este caso significa mucho y garantizamos que no lo vamos a soltar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo Guardiola.

La organización está consciente de que el camino hacia el Supremo estadounidense – que es el único foro que puede revisar las determinaciones del Supremo de Puerto Rico que impactan derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos, como es el derecho a la información, que es el que está en juego aquí – es bastante cuesta arriba.

Primero, se va a presentar un recurso discrecional, lo cual significa que el foro estadounidense tiene la discreción de acogerlo o no. Normalmente, solo acoge una ínfima parte de los recursos discrecionales.

Además, está el asunto del costo. Guardiola dijo que el costo de llevar un caso hasta las últimas consecuencias en el Supremo estadounidense puede llegar “hasta cientos de miles de dólares”. Las organizaciones por supuesto no tienen esas cantidades de dinero, pero están en proceso de recaudarlo.

“No tenemos duda de que vamos a prevalecer”, dijo Rafelli González, abogado de la Asppro.

Si el caso llegará al Supremo de Estados Unidos, o si tendrá éxito si el foro lo acogiera, nadie lo sabe en este momento. Pero tres profesores de derecho que participaron en la conferencia de prensa – Efrén Rivera, de la UPR y Esther Vicente y Carlos Gorrín Peralta de la Interamericana - dijeron que al caso le sobran méritos pues consideran las determinaciones del Supremo puertorriqueño en este caso erradas en muchos sentidos.

Rivera dijo que en Puerto Rico hay derecho constitucional tanto a la información como a que los procesos judiciales sean públicos; los dos fueron negados. Rivera explicó, además, que aunque en los casos de violencia de género se permite controlar, no prohibir, el acceso a los procesos, es para proteger la identidad de la víctima, lo cual no es el caso aquí porque ya su nombre lo conoce todo Puerto Rico, además de que falleció.

“El razonamiento (de la mayoría del Supremo de Puerto Rico) es muy defectuoso”, dijo Rivera.

Vicente, por su parte, señaló que ninguna disposición de la Ley 54 de Violencia Doméstica dice que los proceso serán confidenciales. La confidencialidad se estableció después para proteger la identidad de la víctima, “no para esconder lo que pasa allí”.

Gorrín Peralta, mientras tanto, dijo que el Supremo cometió una irregularidad “crasa” al apropiarse del caso que había sometido la Asppro en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas cuando ya se había citado una vista y “sin que nadie se lo pidiera” y decidiendo en contra de la divulgación sin siquiera darle la oportunidad al gremio periodístico de plantear su caso en una vista.

“Eso fue una violación crasa del debido proceso de ley”, manifestó Gorrín.

En la conferencia de prensa participaron siete familiares de Ruiz Costas, quienes han sido consistentes reclamando que se divulgue qué pasó con su pariente en corte, incluso efectuando una manifestación la semana pasada frente a la sede del Tribunal Supremo. “Nosotros como familia queremos saber qué ocurrió. Cualquier familia en la situación de nosotros estaría buscando respuestas”, manifestó Rebecca Noriega Costas, prima hermana de Ruiz Costas.

Aunque la primera acción de la APT es contra la rama judicial, sus portavoces dijeron que van a exigir transparencia en las tres ramas de un gobierno que cada vez luce más reacio a cumplir su deber ministerial de divulgar información que es pública. “Hemos creado esta Alianza con miras a largo plazo, contra toda la opacidad”, sostuvo Suárez.