Un proyecto de ley de la Procuraduría de las Mujeres (OPM) que propone penas fijas, limitar los programas de desvío e imponer grilletes electrónicos hasta que se complete el programa de reeducación al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, fue objetado hoy por el Proyecto Matria y Taller Salud.

Las organizaciones feministas advirtieron que la medida tiene defectos y que “la mano dura” se aleja del enfoque de rehabilitación y prevención para atajar el problema de violencia de género.

También señalaron contradicciones en la pieza legislativa, pues a pesar de que el título de la medida habla de aumentar las penas, la propuesta en sí lo que busca es especificar las penas de la Ley 54, que es una ley especial, a la luz de los cambios al Código Penal.

La medida fue evaluada en una vista pública en la cual la OPM no pudo proveer datos a la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre los transgresores de la Ley 54 acogidos a programas de desvío, casos de reincidencia y los que están actualmente bajo supervisión electrónica. La Procuraduría tampoco ofreció estadísticas sobre los casos de la Ley 54 que se caen o prosperan en los tribunales. La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, no asistió a la audiencia “por compromisos previos” y estuvo representada por el abogado de la agencia, Ángel Rodríguez Nazario.

“Ante la violencia rampante hacia la mujer, nos hubiera gustado que la licenciada Boria hubiese estado presente. Hay un País que reclama su presencia en estos espacios cuando es evidente que hay una ola de violencia”, reclamó la senadora y presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Gretchen Hau.

El licenciado Rodríguez Nazario indicó, por su parte, que la medida persigue espeficar unas penas fijas en la Ley 54, que el asunto del desvío se limite a alegaciones de culpabilidad y que durante toda la etapa del procedimiento se imponga supervisión electrónica, sin discreción judicial.

Sostuvo que, actualmente, bajo la Ley 54 las penas “están clasificados en grados” y deben ser atemperadas al formato de penas fijas como están en el Código Penal. “Hay necesidad que eso se aclare en la Ley 54 para que no necesitemos del Código Penal. Sería mejor que la Ley 54 establezca las penas específicas que están imponiendo”, dijo en referencia a los delitos clasificados de maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza, restricción a la libertad y agresión sexual conyugal.

El abogado indicó que la medida busca que la persona agresora que quiera someterse a un programa de desvío venga obligada a hacer alegación de culpabilidad. Actualmente, la ley dispone que un primer ofensor se pueda acoger automáticamente a un programa de desvío. La pieza legislativa reitera que el incumplimiento de las órdenes de protección constituye delito grave con pena de entre 6 a 8 años de cárcel y que los infractores de la ley que resulten convictos mediante fallo, o veredicto de culpabilidad, no podrán acogerse a libertad a prueba o sentencia suspendida.

“Lo que se está buscando es que la persona agresora se someta a estos programas de desvío a conciencia de que quiere entrar a estos programas de desvío, de que, si realmente quiere probar su inocencia en un caso más allá de duda razonable, sea bajo un tribunal de derecho o bajo un juicio por jurado; que esta persona no tenga el beneficio del desvío porque realmente no le interesa beneficiarse de un programa de desvío… Lo que queremos es que quizás las personas agresoras no utilicen las estrategias de litigio en los tribunales para tener mayor beneficio y como salir mejor de los casos utilizando el sistema”, sostuvo.

¿Cuántas personas se han acogido al desvío? ¿Cuántos programas hay ahora mismo vigentes?, le preguntó la senadora Hau, quien además, recordó que la OPM es la que certifica los programas de desvío.

“De que la OPM tiene la facultad para solicitar información la tiene, por la ley habilitadora, tiene funciones fiscalizadoras que esa información la pudiera solicitar. No obstante, como el asunto que íbamos a discutir era el proyecto y los cambios a la ley, esos asuntos específicos los tendríamos que solicitar”, dijo Rodríguez Nazario, quien tampoco pudo decir cuántos sumariados de la Ley 54 tienen colocados actualmente grilletes electrónicos.

Hau le otorgó tres días laborables para someta estos datos a la Comisión, al igual que las estadísticas sobre reincidencia.

“Hay un protocolo interagencial... son asuntos que hay que enmendar, las estadísticas las podemos solicitar, pero no es una información que recibe a diario la oficina”, expuso el licenciado.

“Me resulta incómodo que la OPM no tenga ese registro”, replicó la senadora y le otorgó tres días laborables para someter todos los datos solicitados.

En otra vista el miércoles del Comité de Seguridad Pública del Senado sobre supervisión electrónica, presidida por Henry Neuman, trascendió que 372 personas tienen grilletes electrónicos por casos de violencia doméstica, según datos provistos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Estoy sorprendida con la participación de la OPM porque parecería estar totalmente desvinculada de la ley que creó esa oficina y los deberes que le han sido adjudicados por ley 20 de 2001 y por leyes subsecuentes como las relacionadas con procesos de desvío y de grillete electrónica. Parecería que la Oficina no está al tanto de la ley que le da sus funciones ni de lo que ha pasado en los últimos años”, expresó, por su parte, la licenciada Amárilys Pagán, del Proyecto Matria.

Pagán sostuvo que entre las funciones de la OPM está el supervisar la implementación de la Ley 54 y rendir unos informes anuales. “Eso quiere decir que si no tiene información de primera mano tiene el deber de solicitarle a las agencias de gobierno que le suministren esa información y que todas las preguntas que se quedaron sin contestación en la mañana de hoy pudieran ser contestadas sin ningún tipo de dilación porque esa es su función. En la información que tiene que ver con los tribunales, Departamento de Justicia, Seguridad Pública y Corrección, no solamente la OPM le puede solictar periódicamente la información y tenerla al día, sino que además, si estuviera haciendo el trabajo de coordinación de los servicios a nivel nacional, tendría a esas agencias sentadas en una mesa de trabajo”, indicó la abogada feminista.

Dijo que “una de la razones por las que existe (el comité) PARE es porque la OPM dejó de hacer eso hace años y PARE está haciendo lo que originalmente se hacía en la OPM”.

En cuanto al proyecto de ley, la portavoz de Matria dijo que a pesar de que ahora se está hablando con un lenguaje de establecer penas fijas y clarificar las penas según establecidas en la Ley 54, a la luz de los cambios en el Código Penal, “la realidad es que el título del proyecto de ley específicamente dice que es para aumentar las penas de la Ley 54″.

También dijo que la exposición de motivos contradice la medida cuando dice que no existe evidencia de que el aumento en penas para cualquier delito funcione como disuasivo. “No favorecemos penas mayores porque sí creemos en la rehabilitación, hay casos en los que uno quisiera que el agresor no saliera nunca porque está en peligro de la víctima, pero reconocemos que salen como salen porque no hay un proceso de rehabilitación”, sostuvo Pagán, quien también objetó el eliminar el ámbito discrecional en la imposición de supervisión electrónica.

“Hemos tenido casos en que las personas se quitan los grilletes. Estos operan con una tecnología que no está disponible en todo Puerto Rico. Debe ser un elemento, pero no el principal”, indicó Pagán.

Enid Marie Pérez, también del Proyecto Matria, dijo que en 2020 se radicaron unas 6,500 querellas bajo la Ley 54, hubo 3,778 arrestos, en 3,537 de los casos se radicaron cargos por el Ministerio Público y solo hubo 53 convicciones.

Mientras, Tania Rosario Méndez, de Taller Salud dijo que en 2029, la propia Procuradora de las Mujeres informó que 25 de 26 programas de desvío no tenían licencias vigentes para su operación. “Reiteramos que limitar las instancias en las que estará disponible el desvío solo favorece a la parte agresora y no genera un proceso de justicia restaurativa para la sobreviviente”, indicó para agregar que el proyecto “presenta deficiencias y no recoge las voces de las personas afectadas por esta manifestación de la violencia de género.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, fue excusado y sometió un memorial a favor de la medida, sin enmiendas.

La senadora Hau dijo, sin embargo, que el proyecto “hay que verlo en su macro” y no descartó que de bajarse a votación, el texto original sufra enmiendas. “Hay que seguir la discusión de la medida y hay que ser muy cuidadosos en el estudio que va a hacer la Comisión. No me gustaría que bajáramos a votación un proyecto que rallara en la violación de rehabilitar a esta persona, que permita ese proceso, pero que también le haga justicia a las víctimas que han padecido de este mal social”, afirmó.