La Unión Americana de Libertades Civiles Capítulo de Puerto Rico (ACLU-PR), en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y entidades eclesiásticas, anunció la creación de un Frente Amplio Contra Las Políticas Migratorias de Trump, comprometidos con la protección, organización y orientación de la comunidad migrante en Puerto Rico. Este esfuerzo responde a la creciente necesidad de combatir las políticas migratorias que violan derechos fundamentales y perpetúan el sufrimiento de las comunidades más vulnerables.

“La comunidad migrante necesita orientación, servicios y protección,” expresó la Lcda. Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU-PR. “Como sociedad civil, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para garantizar que estas personas, que son parte integral de nuestra sociedad, tengan las herramientas necesarias para enfrentar el abuso y la discriminación”.

El Frente Amplio no solo brindará apoyo legal y orientación a las comunidades migrantes, sino que también trabajará en la organización de estas comunidades para promover su empoderamiento y participación en la lucha por sus derechos.

Martínez Orabona fue enfática al denunciar lo que describió como la complicidad de la administración local con las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. “No vamos a dejar de denunciar el abuso de la administración Trump ni la complicidad del gobierno de Jenniffer González. El deber constitucional de González es gobernar bajo el marco legal que provee la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, afirmó.

El Colegio de Abogados y Abogadas se une al llamado

La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godinaux , también ofreció el respaldo de la institución al Frente Amplio y sus objetivos. “El Colegio se une a la ACLU y demás organizaciones del Frente Amplio en denunciar estas políticas migratorias que violan derechos fundamentales y perpetúan el sufrimiento de comunidades vulnerables. Desde ya, nuestras comisiones y delegaciones trabajan en diversas iniciativas legales y de orientación para garantizar que la comunidad migrante en Puerto Rico cuente con las herramientas necesarias para enfrentar estas injusticias mal revestidas de legalidad. El Colegio de Abogados y Abogadas continuará vigilante y activo en el deber moral de promover una sociedad inclusiva, solidaria y respetuosa de los derechos humanos y civiles, por lo que llamamos a los demás sectores profesionales, a las organizaciones comunitarias, y a la ciudadanía en general, a unirse a la resistencia por salvaguardar la equidad y la justicia”, aseguró.

Por su parte Hilda Guerrero de Comuna Caribe enfatizó que “ningún ser humano es ilegal. Luchamos por una ciudadanía universal, y como decía el obispo brasilero Dom Demetrio, los migrantes son profetas de cambio. Siempre la vida tiene que ir en primer lugar”.

Además, el reverendo Ricky Rivera de la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. expresó que “rechazamos de manera contundente las medidas migratorias racistas y xenofóbicas del Presidente de los Estados Unidos. La historia migratoria no sólo en los Estados Unidos sino en Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica es una historia de solidaridad, compasión y aceptación. De esta manera exhortamos a las comunidades religiosas a convertirse en santuarios para proteger a nuestros hermanos y hermanas migrantes de los abusos y arbitrariedades de las agencias de migración”.

El Frente Amplio se enfocará en tres áreas principales:

  • Orientación y servicios legales: Proveer asesoría legal gratuita a personas migrantes en Puerto Rico, incluyendo la preparación de recursos legales y representación en casos de detención y deportación. 
  • Campañas educativas: Realizar talleres para educar a las comunidades migrantes sobre sus derechos y herramientas para protegerse de posibles abusos. 
  • Activismo institucional: Exigir que el gobierno local cumpla con su obligación constitucional de garantizar los derechos humanos y civiles de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. 

La ACLU-PR y las organizaciones aliadas invitaron a todos los sectores de la sociedad a unirse a este esfuerzo colectivo para garantizar que Puerto Rico siga siendo un lugar donde los derechos humanos y civiles sean respetados y protegidos.