Las organizaciones cívicas Sembrando Sentido y Somos Más presentaron hoy una propuesta de importantes enmiendas al “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico” de 2018, en buscas de lograr una gestión gubernamental “más íntegra y transparente”.

La propuesta será llevada ante los legisladores para que pueda ser analizada y eventualmente aprobada, al igual que está ocurriendo actualmente en la Legislatura con otras propuestas que presentaron hace unos meses, y que se encuentran en diferentes etapas del proceso legislativo.

La medida pone énfasis en cuatro puntos:

Enmendar el Título III para extender el Código de Ética de Contratistas a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial; prohibir las donaciones políticas de personas con contratos gubernamentales; limitar espacios que se presenten para el nepotismo cruzado y las puertas giratorias (entiéndase, que el funcionario sale del sector público y vuelve al sector privado, pero continúa influyendo decisiones del sector público); anular todo contrato que violente cualquier disposición incluida en dicho Código.

Enmendar el Título IV para robustecer el proceso para alertar o denunciar sobre posibles actos de corrupción; proveer un recurso legal externo al gobierno para asesorar a posibles alertadores; garantizar otros derechos a las personas alertadoras, y asegurar la educación a los empleados públicos, contratistas y ciudadanos sobre el proceso.

Enmendar el Título VI para aumentar la información contenida en el Registro de Personas Convictas por Corrupción; asegurar que toda entidad evidencie que contratistas a contratarse no hayan sido convictos, y asegurar la actualización de estos datos.

Y enmendar el Título VII para mejorar la coordinación y estrategias del Grupo Interagencial Anticorrupción y asegurar la transparencia de sus procesos y desempeño, al igual que la inherencia de representantes de la Sociedad Civil en el trabajo de dicho cuerpo. Propone además la creación de un Observatorio Anticorrupción con la finalidad de diagnosticar esquemas, patrones, conductas, valores y factores que propician, permiten o fomentan la corrupción gubernamental, y recomendar cambios a la política pública.

Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, sostuvo que presentan este proyecto con la idea de atajar la corrupción gubernamental, que “corroe nuestras instituciones democráticas, nos cuesta miles de millones de dólares anuales, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad y le cuesta a las comunidades con escasos recursos más que a aquellas familias con más recursos en nuestra Isla”.

“Con estas enmiendas, se expande el Código de Ética de Contratistas y los mecanismos para alertar e investigar posibles riesgos de corrupción, con el fin de prevenir y reducir los espacios que se prestan para ese delito”, agregó Masses.

De acuerdo con los jóvenes proponentes de las enmiendas al Código Anticorrupción, según diversos estudios, la corrupción gubernamental le cuesta a Puerto Rico entre $740 a $1,300 millones anuales.

Según un estudio del Departamento de Justicia federal, Puerto Rico es la décima jurisdicción con más casos de corrupción gubernamental en los Estados Unidos, con 375 condenas por corrupción en los últimos 10 años. Por si fuera poco, encuestan señalan que el 44% de la población en la Isla considera que la corrupción está presente en todas las ramas del gobierno.