Un grupo de ocho organizaciones ambientales y comunitarias presentará una objeción al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante el Tribunal federal por considerar que obstaculiza la transición a la energía renovable distribuida convirtiéndola en una alternativa más costosa, no es viable económicamente y está en violación a la política pública energética.

Las organizaciones argumentarán en Corte que el Plan viola la Política Pública Energética de Puerto Rico porque interfiere con la obligación de la AEE de terminar con la generación de energía mediante la quema de combustibles fósiles y porque el costoso “cargo heredado” o “impuesto al sol” penaliza la energía solar residencial (en los techos) dentro del programa de medición neta.

Las entidades previamente han fundamentado sus argumentos ante el Tribunal en un informe del experto en sistemas de energía renovable, Agustín Irizarry Rivera. El ingeniero concluyó que el cargo heredado que pretende imponer la Junta mediante el PAD crearía una carga energética a los puertorriqueños que se podrían escapar únicamente yéndose de Puerto Rico o desconectándose parcial o totalmente de la red eléctrica. El experto también concluyó que el cargo heredado propuesto penalizaría a los consumidores que han adoptado la generación de energía renovable a través de la medición neta haciendo más costosa la energía solar en los techos.

La licenciada Laura B. Arroyo, de Earthjustice señaló “la costosa carga que impone el Plan a las personas, negocios e instituciones de Puerto Rico viola la Política Pública Energética de Puerto Rico y los mandatos legislativos al respecto al penalizar la energía solar residencial y obstaculizar la transición energética en Puerto Rico”.

“Rechazamos el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico presentado por la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico dispone que se debe alcanzar un 40% de generación a través de fuentes renovables de energía para el 2025, 60% para el 2040 y 100% para el 2050. Por consiguiente, deben eliminarse las fuentes de energía de carbón y otros combustibles fósiles”, expresó Federico Cintrón Cintrón, de El Puente de Williamsburg Inc.-Enlace Latino de Acción Climática.

Ernaliz Vázquez, de Sierra Club advirtió que el Plan no puede ser confirmado porque el Negociado de Energía es el único ente que tiene la autoridad legal para aprobar el “cargo heredado” no la Junta en el Plan propuesto.

“La Ley 17-2019 también dispone que la energía en Puerto Rico debe ser accesible universalmente y por consiguiente asequible para todas y todos los puertorriqueños. Este objetivo se verá frustrado si el Plan de Ajuste de la Deuda actual es confirmado. Esto es de gran importancia, pues Puerto Rico atraviesa uno de sus momentos más críticos en la historia: habitado por una población cada día más envejeciente y donde casi la mitad de las personas de edad trabajadora se ven obligados a emigrar a los Estados Unidos para poder costear las necesidades básicas de vida: energía, comida, salud y techo”, declaró Julia Mignucci, de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Inc.

Ruth “Tata” Santiago, del Comité Diálogo Ambiental puntualizó que el Plan es insostenible e inviable, pues la carga económica ocasionará que las personas que puedan se desconecten total o parcialmente de la red eléctrica. Esto último conllevará al colapso inevitable de los ingresos de la AEE y, por consiguiente, no se podrá pagar la deuda.

“Un aumento más a los múltiples que ya ha habido— y que han convertido el servicio eléctrico en el más caro de cualquier lugar en los Estados Unidos— nos conduce a únicamente dos escenarios: quienes tengan el poder económico optarán por abandonar la red eléctrica a través de la instalación de paneles solares en techos con almacenamiento, o quienes no tengan el lujo de desconectarse se verán obligados a abandonar el país”, aseveró Lydia Díaz, del Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida Inc. (Yucae).

“La Corte debe asegurarse que el Plan que se apruebe en su día, no se base en deudas ilegales no auditadas, y que tampoco obstaculice la transición a la energía solar distribuida con almacenamiento. También, debe ser cónsono con lo dispuesto en la Política Pública Energética de Puerto Rico, que tenga la autorización del Negociado de Energía, y que no imponga una carga económica adicional al bolsillo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, quienes ya de por sí luchan por pagar sus cuentas eléctricas y mantenerse a flote en un archipiélago que atraviesa una de sus peores crisis económicas”, recalcó Mirna Conty, de Amigos del Río Guaynabo, Inc.

El grupo de organizaciones ambientales y comunitarias está compuesto por el Comité Diálogo Ambiental, El Puente de Williamsburg Inc.-Enlace Latino de Acción Climática, el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida Inc., la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc., Sierra Club Puerto Rico, Inc., Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Inc., la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Inc. y Amigos del Río Guaynabo, Inc. Además, cuentan con el apoyo de Earthjustice.