La directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, dijo hoy que dos nuevas leyes firmadas por el renunciante gobernador, Ricardo Rosselló, en la víspera de su salida de La Fortaleza, "amenazan derechos constitucionales de toda persona a obtener acceso a información pública y a la libre expresión".

En un comunicado dijo que el pasado 1 de agosto un día antes de la formalización de su salida de la gobernación, Rosselló rubricó su firma en las leyes 122 y la 141 y, al hacerlo "redujo la obligación del Estado de hacer públicas sus acciones, limitando de facto los derechos constitucionales al acceso de información, a la libre expresión y el ejercicio de la libertad de prensa".

 "En un acto de total desprecio al país, a oscuras, Ricardo Rosselló firmó la Ley de Transparencia, que se convirtió en su última ley", denunció la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, una organización no gubernamental dedicada al reclamo de transparencia en la administración pública.

 "Los legisladores que aprobaron esos proyectos también a cuartos oscuros y a sabiendas de lo que significa para la limitar del derecho ciudadano, son tan responsables de ese legado como el gobernador que firmó la ley y tendrán que rendir cuenta por su actos", señaló.

 "Dos días antes solicitamos directamente a Rosselló, al igual que lo hicieron otras organizaciones, que no convirtiera en ley los dos nefastos proyectos y no solamente lo hizo, sino que no se lo dijo al pueblo. A esta hora, ni La Fortaleza ni el Departamento de Estado han dado a conocer este último acto de repudio contra la democracia por parte de Rosselló", puntualizó Blondet.

 En múltiples ocasiones, tanto Espacios Abiertos como otras organizaciones, incluidos los gremios periodísticos, denunciaron, en su opinión, "trampa que constituían los proyectos de ley que Rosselló firmó por no cumplir con los principios de acceso a la información pública reconocidos local e internacionalmente".

 "El derecho a la información pública es un derivado del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, así lo expresó el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando le otorgó el rango de derecho constitucional al acceso a la información pública en 1982", dijo.

 La firma de Rosselló de las leyes de transparencia y datos abiertos, "puede presentar otra controversia que deberá resolver nuestro más alto Tribunal, puesto que son leyes que en efecto limitan derechos de estirpe constitucional", indicó Blondet.

 Entre otras cosas, la llamada Ley de Transparencia elimina la posibilidad de solicitar información pública de forma verbal, uso y costumbre en la mayoría de los casos cuando se trata de miembros de la prensa, y en el proceso legislativo de enmiendas al proyecto original eliminó sanciones administrativas que incluían una multa de 250 dólares a quien obstruyera el flujo de información pública, indicó.

 Eliminó, a su vez, la garantía de que si la información pública es de fácil acceso se omita el trámite burocrático creado por la mima ley y se entregue la misma de inmediato.

 En el caso de la Ley de Datos Abiertos, se enumeran 12 excepciones a la debida divulgación de datos, ampliando incluso las contenidas en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA).

 "Por tanto, el efecto neto de estados dos leyes es el de dificultar el acceso a la información pública de manera rápida", dijo.

 Espacios Abiertos denunció que en la víspera de su salida Rosselló firmó un total de 58 leyes que se suman a otros ocho desde que comunicó su renuncia en la medianoche del 24 de julio, para un total de 66.

 Por último, advirtió que actualmente mantiene un pleito abierto contra el Gobierno de Puerto Rico por la falta de transparencia en los asuntos públicos, analiza posibles acciones a tomar ante este nuevo atentado contra el pueblo.