Una orden ejecutiva que busca atender el problema de la ineficiencia y los costos excesivos de los servicios que ofrece el gobierno a los ciudadanos fue firmada hoy, martes, por el gobernador interino, David Bernier, quien copresidió además el grupo de trabajo que recomendó muchas de las medidas que se incluyen en el documento.

La orden, según la información ofrecida por La Fortaleza, acoge las recomendaciones del Grupo Interagencial de Reorganización y Eficiencia Gubernamental, que es uno de los grupos de trabajo creados por el gobernador tras el mensaje sobre el estado de situación del País, emitido el pasado 30 de abril de 2015.

La misma parte de la realidad, según se establece en sus “por cuantos”, que en las pasadas décadas se han ido creando nuevas entidades gubernamentales que han llevado a que hoy existan 125 organismos en la estructura gubernamental con cerca de 600 oficinas de servicio alrededor de todo Puerto Rico, a pesar de lo cual “permea la insatisfacción ciudadana” con los servicios que se ofrecen. 

Entre las medidas que se incluyen en esta determinación administrativa está la creación de lo que se denomina como nueve regiones de servicios uniformes, a las que tendrán que ajustarse todas las agencias de gobierno para centralizar así todos los servicios. 

Estas regiones, se señala en el documento, utilizan como base los estudios realizados por la Junta de Planificación para conformar el Plan de Uso de Terrenos. 

Al momento, se indica, cada agencia de gobierno tiene una región distinta de servicio lo que dificulta los trámites que hacen los ciudadanos y la conexión entre las mismas. 

Esas regiones son la Noroeste, Norte, Noreste, Sureste, Sur, Este, Oeste, Metro y Central. Cada pueblo de la Isla fue ubicado en una región y la que menos municipios tiene es la Sureste, con cuatro. La que más tiene es la Metro con 14. 

En esa misma dirección los jefes de agencia deben presentar justificación formal por la cual los servicios que ofrecen en sus distintas oficinas regionales, no se pueden ofrecer de manera integrada en las oficina de las nuevas regiones que se crearán. 

También con fecha del 31 de diciembre de 2015, se dispone que el gobierno no podrá solicitar a los ciudadanos documentos que tenga en su control y deberá revisar los requisitos establecidos para ofrecer servicios eliminando aquellos que resulten innecesarios y no estén obligados por ley. 

Además, se establece una “Red Estratégica de Servicio al Ciudadano” compuesta por un portal único de servicios en línea (pr.gov); un número único de servicios (3.1.1) y ventanillas únicas de servicios a los ciudadanos en cada municipio. 

Se faculta a todas las agencias a establecer los acuerdos necesarios entre sí, incluyendo la colaboración con la Comisión Estatal de Elecciones, para coordinar el ofrecimiento óptimo de servicios gubernamentales, mediante la mencionada Red. Esos acuerdos, se indica, incluyen, el acceso a las bases de datos, “conforme a los parámetros de seguridad y las restricciones apropiadas para este tipo de información”. 

Otra de las medidas que se adopta mediante esta orden que la que obliga a las agencias a garantizar que los ciudadanos puedan cumplir con su responsabilidad de pagos al gobierno mediante distintas alternativas, para aliviar así la carga en las colecturías y permitir que se destinen mayores recursos del Departamento de Hacienda a su responsabilidad principal de fiscalizar recaudos. 

Se implantarán, también, las recomendaciones del grupo de trabajo en cuanto a la descentralización de los procesos que hoy desarrolla el gobierno estatal y que podrían pasar a los municipios, como lo es el área de transporte escolar, en la que se desarrolló con éxito un proyecto piloto que resultó en economías sustanciales para gobierno.

Entre las recomendaciones adoptadas se incluyó también el comenzar el proceso para que organizaciones sin fines de lucro puedan, a un menor costo, ofrecer servicios que hoy brinda el gobierno estatal.

A la misma fecha antes mencionada del 31 de diciembre de 2015 deberá estar igualmente listo lo que se describió como un “One Stop Shop corporativo” que permitirá que las empresas realicen también en el Departamento de Estado los trámites que además tienen que realizar con el Departamento de Hacienda y el Departamento del Trabajo, para consolidarlos en una sola gestión.