El representante Orlando Aponte Rosario anunció esta mañana que su esposa retiró “libre y voluntariamente” la orden de protección que había pedido al Tribunal Municipal de Toa Baja por un alegado incidente de violencia de género ocurrido el pasado 13 de abril y negó las acusaciones maltrato que le atribuyó su cónyuge.

Mientras tanto, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes acordó de forma unánime dejar en pie una queja, convertida ahora en querella contra el legislador, por los alegados hechos.

“Ayer mi abogada me hizo saber que mi esposa se retractó de su solicitud de orden de protección y que el tribunal la acogió y la dejó sin efecto, razón por la cual no hay ningún caso relacionado a violencia doméstica en mi contra”, indicó Aponte Rosario.

El legislador se lo comunicó hoy al caucus del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes en la sede de la colectividad en Puerto Rico, que había citado al legislador para interrogarlo en torno al episodio.

“Niego haber hecho ese tipo de maltrato, niego las alegaciones”, reclamó el legislador popular en declaraciones a periodistas en el comité del PPD, en San Juan. Según alegaba su esposa en la petición de orden, el legislador la agredió frente a los hijos del matrimonio de 3 y 6 años y le dijo que tenía que seguir las reglas.

Según Aponte Rosario la resolución de la jueza, luego que su esposa retiró la solicitud de la orden de protección, restituye las relaciones paterno filiales. El legislador indicó que ayer lunes se comunicó con sus hijos y añadió que aunque en este momento no hay un caso de divorcio pendiente, se propone pedir la separación.

El representante popular también dijo que ahora corresponde a la Comisión de Ética dejar sin efecto la queja que pesa en su contra.

“Me parece que procedería el archivo de la queja, de la misma forma en que se archivó la orden que pidió mi esposa”, sostuvo Aponte Rosario.

Pero, aun sin conocer el anuncio que hizo Aponte Rosario de que su esposa había desistido de la orden de protección, la Comisión de Ética acordó investigar las alegaciones en su fondo.

“La Comisión de Ética no tiene un procedimiento de archivo como en los tribunales. El compañero tendrá 10 días adicionales para complementar cualquier asunto que nos quiera traer a nuestra consideración y emitiremos una determinación”, informó el presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García.

“Los nueve miembros de la Comisión, de manera unánime, luego de revisar la queja determinamos elevarla a querella,. Por lo tanto, hay una querella ética y el representante Orlando Aponte tiene un término de 10 días para ampliar, si él lo determina, su contestación o informar cualquier otro asunto que él tenga ante su consideración”, indicó por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.

El legislador independentista añadió que la querella está basada en los hechos que “son de conocimiento público y en su momento, atenderemos este o cualquier otro asunto, sin olvidar que este es un procedimiento legislativo al amparo de la Constitución (de Puerto Rico)”.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández refirió a Aponte Rosario a la Comisión de Ética luego que el pasado 21 trascendió en medios de comunicación el incidente ocurrido el pasado 13 de abril y que el representante no notificó al liderato cameral,

Como parte de la orden de protección, emitida ex parte, la jueza Lorraine Biaggi Trigo ordenó al legislador el pasado 13 de abril, desalojar la residencia del matrimonio y suspendió las relaciones paterno filiales. A Aponte Rosario también le ocuparon seis armas de fuego, para las cuales ha dicho que tiene licencias. Hoy dijo, que solicitará que las armas le sean devueltas.

“Aquí el macho soy yo”, alegó la mujer que fueron las palabras del legislador, además, de indicarle que “no sirve, que no vale nada, que su trabajo no sirve y que ella no es nadie sin él”. Además, lo acusó de hablarle mal de ella a sus hijos, “que ella está loca y que si los regaña que le den”.

La jueza ordenó al legislador desalojar sus pertenencias del hogar y se le ocuparon dos escopetas, un rife y tres pistolas. La orden establecía que Aponte Rosario no puede acercarse al hogar de los familiares de la fémina, su lugar de trabajo y a la escuela donde asisten los menores.

Sobre las armas ocupadas Aponte Rosario dijo que practicaba el tiro al blanco y el deporte de cacería.

El legislador, quien es representado por la abogada, Mayra López Mulero, informó que la citación del 22 de mayo sobre la orden de protección, quedó sin efecto.