El portavoz del campamento en contra de las cenizas en Peñuelas, Jimmy Borrero, rechazó las expresiones de la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Tania Vázquez Rivera, al considerar que las mismas obedecen a un libreto diseñado para favorecer a la empresa Applied Energy Systems (AES).

Borrero hizo referencia a sus señalamientos en el sentido de que las cenizas de carbón que se depositan en el vertedero de Peñuelas no son tóxicas. 

Vázquez Rivera, quien además es secretaria del Departamento de Recursos Naturales, expresó durante una audiencia senatorial que los depósitos en el vertedero de Peñuelas, están regulados por el Reglamento 5717, Reglamento para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos.

“Se deja llevar por lo que dice la empresa, y esos residuos ya se demostraron que son dañinos al ambiente en la comunidad Arroyo Barril de República Dominicana, por lo que tuvieron que transar una demanda millonaria”, expresó Borrero.

Para Borrero, la lentitud con que se ha realizado el proceso investigativo en el Senado de Puerto Rico para los proyectos que presentaron los senadores Juan Dalmau, Luis Berdiel, José Vargas y Larry Seilhamer, demuestra que hay una intención del gobierno de seguir permitiendo el depósito de cenizas.

En particular, señaló al senador Carlos Rodríguez Mateo, presidente de la Comisión de Salud, quien anunció que ordenará la realización de un estudio epidemiológico para determinar el valor tóxico de las cenizas de carbón.

“¿Qué estudio van a realizar?, ¿Quién lo va a realizar?, ¿El Departamento de Salud que no tiene chavos? Esa es otra estrategia del exalcalde de Salinas que permitió usar cenizas en las calles cuando era alcalde”, reiteró Borrero. 

La secretaria del DRNA y presidenta de la JCA expresó que no se opone a que la legislatura apruebe proyectos de ley dirigidos a prohibir la disposición en Puerto Rico de los residuos de combustión de carbón, aunque la agencia estatal ya ha resuelto que son un desperdicio sólido no peligroso.

Borrero dijo que no se puede confiar en el gobierno, ya que el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, fue abogado de la AES, y “un abogado corporativo no se inhibe de ayudar a un excliente”.