La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes escuchó hoy opiniones de varios sectores en torno a una resolución que pretende que la Asamblea Legislativa haga una expresión de reafirmación del principio constitucional que prohíbe la pena de muerte en Puerto Rico y se lo comunique a la Oficina del Comisionado Residente en Washington.

La inusual propuesta fue sugerida por la representante Brenda López de Arrarás mediante la resolución concurrente de la Cámara número 85, ante la posibilidad de que se aplique la pena capital en la Isla a través del tribunal federal.

El capítulo puertorriqueño de Amnistía Internacional (AI) reconoció el valor de la medida, pero propuso que la iniciativa sea más abarcadora y se enmiende la resolución para incluir sectores que no son basados en la fe o valores cristianos y condene de forma expresa la aplicación a Puerto Rico de la ley federal de pena de muerte.

“La afirmación no es justa ante la realidad religiosa plural de nuestra actual sociedad, y de los grupos y organizaciones que luchan y condenan la pena de muerte”, dijo Pedro Santiago, director ejecutivo de AI, en una vista pública que presidió la representante Paula Rodríguez Homs.

“Esta disposición federal viola de manera clara la posición de nuestro pueblo, de que en Puerto Rico no exista la pena de muerte”, dijo el ponente.

También señaló que se debe rechazar el entendido del Gobierno con la Fiscalía Federal que les permite asumir jurisdicción en casos que puedan conllevar esta condena.

Santiago afirmó que “los altos niveles de criminalidad no son una razón válida para que el estado sancione homicidios en el nombre de la justicia” y apuntó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos la considera como un “el castigo más cruel, inhumano y degradante”.

El secretario ejecutivo del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, Ángel Rivera Agosto, manifestó que “la pena de muerte, como proceso de justicia, echa por la borda cualquier consideración de vida en pro del cumplimiento de la ley”. Opinó que “un sistema de justicia que mata para prevenir el asesinato, incurre en la mentira”.
La representante López de Arrarás, de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), comentó que a Asamblea Legislativa ha aprobado resoluciones similares en el pasado.

“Para mí es una expresión sobre un asunto fundamental para nuestro pueblo, ya que en la práctica, la prohibición de la pena de muerte pudiera estar en peligro si no se toman las medidas adecuadas para expresarnos clara y concretamente en contra de su aplicación en Puerto Rico”, expresó la legisladora.

A la vista también compareció la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte, Concilio Fuente Agua Viva, Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico y la American Civil Liberties Union of Puerto Rico.

La prohibición a la pena capital está contenida en la Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.