Los operadores de pequeñas escuelas de conducir recabaron hoy, lunes, requisitos desmesurados en su contra impuestos por la Ley 75 de 2017 que los rige.

La Ley- implementada para enmendar la Ley de Servicio Público de Puerto Rico y, de esta manera, agilizar los procesos ejecutados por la Comisión de Servicio Público (CSP)- define a estas escuelas como “empresa de vehículos de alquiler”. La definición conlleva requisitos adicionales para la operación de escuelas de conducir, como tener un local comercial para operar, que, consecuentemente, incurre en una inversión mayor y permisología específica. Para los pequeños operadores, estos requisitos representan un gasto que les imposibilita cubrir.

“Lo que vemos es que hay un trato un poquito fuerte para escuelas que tienen poco volumen, o poca capacidad. Por ejemplo, la Ley los trata como si fuera alquiler de vehículos. Estas personas no alquilan vehículos. Estas personas dan un servicio y eso conlleva unos requisitos onerosos, unas exigencias más grandes, le exige un local comercial (y) un local comercial tiene unas implicaciones, en términos de inversión y permisología y todo, versus una oficina administrativa que muchos, como confiesan, operan desde sus casas, por lo que hacen es contratan, se encuentran en el lugar y dan el servicio solicitado”, explicó a Primera Hora Ángel “Tito” Fourquet Cordero, presidente de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste y representante del Distrito de Ponce quien celebró la vista pública en búsqueda de legislación para atender los reclamos.

“Esto (la Ley) se convirtió en lo que yo llamo ahora ‘consecuencias no previstas’ de legislaciones anteriores y estamos tratando de buscar un balance para favorecer el crecimiento económico, pero tampoco ser tan oneroso con el pequeño comerciante que quiere levantarse y continuar dando su servicio”, agregó Fourquet Cordero al señalar que las escuelas llevan “varios años” reiterando esta oposición.

Por su parte, los operadores de las escuelas que depusieron en la vista, que incluyeron a las escuelas sureñas Jeannette Driving School, Robles Jr. Driving School, New N Lúgaro Driving School, Iris Driving School y Pazo Driving School, catalogaron la Ley como “una legislación errónea e irresponsable”.

“Nosotros entendemos que esta definición fue una legislación errónea e irresponsable ya que ninguna escuela de conducir en Puerto Rico debe prestar su vehículo a un aspirante sin el debido proceso de enseñanza. Ninguna empresa de vehículo de alquiler en Puerto Rico alquila sus vehículos a personas sin licencia de conducir vigente ni a menores de edad. Nuestros estudiantes son aspirantes a licencia de conducir (no poseen licencia de conducir) con necesidad de enseñanza y en su mayoría son menores. Nosotros rechazamos que se nos defina como empresa de vehículo de alquiler ya que ni alquilamos ni tenemos intenciones de alquilar nuestros vehículos. Somos escuelas responsables que nos dedicamos a la enseñanza donde nuestro compromiso es formar conductores ágiles y responsables”, expuso Iris Muñiz Sotomayor, de Iris Driving.

Los deponentes también denunciaron presunta intimidación de parte del Negociado de Transporte y Servicio Público (NTSP) para que cumplan con los requisitos de Ley.

“Algunos de nosotros (somos) perseguidos e intimidados en varias ocasiones por agentes del Negociado en nuestras áreas de trabajo afectando la enseñanza y toma de examen de nuestros estudiantes”, dijo durante su ponencia Nelson Lúgaro Pagán, de New Lúgaro Driving.

Fourquet Cordero aseguró que los reclamos no se limitan al área sur de Puerto Rico, sino que sus homólogos en la Cámara Baja también han recibido denuncias similares de operadores de escuelas de conducir en distintas regiones.

¿Quién los deberá regir?

El ingeniero y presidente del NTSP y la Junta Reglamentadora del Servicio Público, Jaime A. Lafuente González, confesó que la jurisdicción compartida entre su agencia y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), mediante las leyes 75 del 2017, que concede jurisdicción al NTSP, y la 22 de 2000 (Ley de Tránsito), que dicta que el DTOP regulará las escuelas, es motivo de confusión entre los operadores de las escuelas. Por lo tanto, ha generado opiniones encontradas en cuanto quién, realmente, debería regalarlas.

Por su parte, la mayoría de los deponentes aseguraron que reconocen a la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) como la única entidad gubernamental con el andamiaje, personal y facultad absoluta para regular y fiscalizar las escuelas, licencias de conducir en todas sus categorías, vehículos de motor y sistema de identificación.

Otras, como New Robles Driving School, se oponen e indicaron que la responsabilidad debería recaer sobre el NTSP. De las 20 escuelas de conducir en Ponce, solamente tres concuerdan con esta posición, indicó Juan R. Galarza Dávila, vicepresidente de New Robles Driving School.

Mientras, el Proyecto de la Cámara 799, que determina otorgarle toda la jurisdicción de las escuelas de conducir al NTSP, espera la luz verde del Senado.

“Aquí también es importante señalar que, históricamente siempre (lo rigió) el DTOP, obviamente porque nunca van a poder sacar las licencias. Eso era otra pregunta importante, si en efecto podíamos sacar esto de la sombrilla de DTOP totalmente y la contestación fue que no puede ser sacado totalmente de ahí y quizás se haga una distinción entre las licencias comerciales, los servicios más grandes, y estas escuelas más pequeñas”, comentó Fourquet Cordero.

El NTSP y el DTOP tendrán 20 días para expresarse ante la Comisión sobre la posibilidad de crear una distinción de escuelas de poco volumen en la Ley.

“Tenemos dos alternativas: presentar un proyecto nuevo para subsanar estas situaciones o, dos, atender dentro del Proyecto (de la Cámara 799) en Senado para atender la diferencia como una enmienda o someter enmiendas mediante otro proyecto”, adelantó el representante.