La Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) proyecta investigar a las Juntas Examinadoras que conceden las licencias a diversos profesionales, anticipó el procurador Edwin García. La investigación iniciaría en noviembre próximo.

García señaló a Primera Hora que la falta de personal en la entidad no le ha permitido programar con anterioridad su indagación sobre las irregularidades que se denuncian contra estas Juntas, adscritas al Departamento de Estado.

“Estamos conscientes que hay Juntas que están bien limitadas en personal, donde a veces no han nombrado el personal, en ocasiones no tienen recursos para atender los asuntos que delegan o a veces están sobrecargados de trabajo. Nosotros los tenemos en la mirilla. Eventualmente, cerca de noviembre, no ahora, vamos a entrar en ese análisis de las Juntas, cómo están conformadas, para cotejar quiénes la integran. Hay veces que hay empleados de carrera de agencias de gobiernos que integran una Junta que pudiese entrar en conflicto de interés”, expuso.

La investigación que proyecta García surge de varias querellas recibidas en el ente sobre el manejo de solicitudes de licencias que se registran en estas Juntas Examinadoras. Por ejemplo, ingenieros, arquitectos, electricistas, plomeros, barberos, relacionistas públicos y vendedores de bienes raíces, entre otros, deben acudir a estos entes a certificarse para poder ejercer en la Isla.

El funcionario reconoció que no son muchas las querellas que reciben, ya que los ciudadanos desconocen que también fiscalizan esta labor.

“A veces la gente piensa que no intervenimos”, lamentó.

Según contó García, una de las querellas recientes que investigaron fue el de una joven checoslovaca que estudia electricidad en Manatí y no se le quería permitir tomar el examen de perito electricista, porque necesitaba un certificado de su país que estableciera que estaba graduada de escuela superior, ya que le rechazaron su diploma.

Dijo que la posición de la procuraduría fue que “si está estudiando (para convertirse en electricista), por qué no se le permite tomar examen en lo que procesa la certificación en su país natal”.

García, quien era alcalde de Camuy, también señaló que reconoce que hay profesionales que se quedan esperando sus licencias, porque la Junta no está debidamente constituida.

“No es justo para una persona que necesita su licencia y cuando vaya no pueda obtener la misma, porque la Junta no está debidamente constituida”, manifestó.

El análisis que realice la procuraduría podría culminar en recomendaciones hacia el Departamento de Estado. Si encuentra violaciones a ley, deberá referirlas al Departamento de Justicia, según consta en la ley orgánica del ente.