El Departamento de Corrección y Rehabilitación lideró este pasado año fiscal 2023-2024 los quejas que recibió la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), debido a que miles de confinados reclamaron no haber recibido el pago de los incentivos federales que se concedieron durante la pandemia del COVID-19, reveló el procurador Edwin García.

LUMA Energy, que no está bajo la jurisdicción de esta oficina por no clasificársele como una agencia de gobierno, hubiese ocupado el segundo lugar en reclamos. Sin embargo, todas las 1,619 quejas que recibieron tuvieron que ser referidas a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC). Esto dejó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como las agencias a cargo del andamiaje educativo del país como las próximas en la que la ciudadanía descargó todos sus problemas ante el Ombudsman, un ente creado para atender la falta de atención y servicios de las agencias de gobierno a la ciudadanía en general, incluidos sus propios empleados.

Así lo establece el más reciente informe anual que preparó esta dependencia para entregarlo al gobierno y a la Legislatura tan pronto como la próxima semana. El mismo comprende el año fiscal 2023-2024.

García detalló a Primera Hora el contenido del informe. El mismo precisa que del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024 recibieron 26,108 quejas, que fueron atendidas con orientaciones, se coordinaron servicios o fueron investigadas como reclamaciones.

A modo de salvedad, el exalcalde de Camuy y quien está próximo a cumplir cinco años en el cargo de Ombudsman señaló que del 1 de julio de 2024 a la actualidad han acumulado ya 12,727 casos. De estos, 3,500 fueron resueltos mediante coordinaciones de servicios, 3,128 pasaron a orientaciones y 5,821 se dirigieron a investigación, un proceso que dijo puede demorar hasta tres meses. De este grupo más reciente, no informó el desglose de agencias.

Las agencias con las cuáles los ciudadanos enfrentan más problemas están precisadas en el informe que recién se culminó esta semana sobre el año fiscal 2023-2024.

Corrección es una excepción

En comparación con otros años, “el patrón se repite más o menos. En términos de las agencias, no necesariamente Corrección, que ocupa el primer lugar. Usualmente es la AAA, como antes lo era la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) los que encabezaban. En el caso de Corrección, es por el asunto de los confinados, la transferencia a los incentivos federales”, resumió García.

Para explicar el caso de Corrección, García recordó que el presidente Donald Trump emitió unos incentivos tras la pandemia que se desató en el 2020, que en uno de los casos fue de un cheque de $1,200 por ciudadano. Este incentivo no se les dio a los confinados, por lo que reos de California sometieron una demanda de clase, la cual ganaron. Aunque se debió emitir el pago en la Isla, eso no ocurrió.

En marzo del 2024 fue que les llegaron las quejas al Ombudsman. Eso hizo que Corrección acumulara 3,897 quejas en su contra de los confinados.

García señaló que, tras la intervención de su dependencia y reuniones con la pasada secretaria, Ana Escobar, “a la inmensa mayoría” de los confinados se les pagó su incentivo entre septiembre y octubre pasado.

Reveló que tuvo otra reunión con Escobar en diciembre pasado para solicitarle la información en torno a cuántos confinados no se les pagó y la razón, si fue porque salieron del sistema y no se les ha podido localizar. La petición quedó en casos pendientes con el cambio de administración, aceptó el funcionario.

Por su parte, la AAA acumuló 1,221 reclamos. García detalló que se trata de problemas de facturación, tuberías rotas, permisos en espera y servicios no conectados, entre otras.

En algunos de los casos, García señaló que intervino con la agencia, pues se trataba de comunidades afectadas por falta de servicio.

A modo de ejemplo, detalló que en el barrio Cibao de Camuy no les llegaba el agua a 12 residencias de las parcelas. Indicó que, debido a su intervención, allí se construye un proyecto en el que se invierte $140,000 y que debe estar listo en este próximo mes.

“En el sector Las Avispas, del barrio Bartolo de Lares, fuimos nosotros varias veces, porque allí no llegaba el agua, dependían de camiones y todas las semanas me llamaba el señor Mario Hernández, porque el camión no había llegado y todas las semanas atendíamos la llamada. Hoy en día hace meses que no me llaman, porque el agua les llegó. Así que en ese aspecto resolvimos”, manifestó.

Quejas por asuntos educativos

Tras la AAA, les llega el turno a asuntos relacionados a las escuelas y el Departamento de Educación. En este grupo hay cuatro agencias que, si se unieran, su total destronaría del segundo lugar a la Autoridad.

Se trata de 971 quejas con la Autoridad de Edificios Públicos y 834 casos contra la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico (OMEP), adscrita al Departamento de Educación, por no atender el estado de la infraestructura de las escuelas. Habló de baños dañados, falta de una fuente de agua y otros problemas.

Le siguió el Departamento de Educación con 627 quejas en su contra. Estas principalmente están relacionadas falta de pagos a los maestros, falta de personal en las escuelas, así como servicios y terapias no concedidos a estudiantes del Programa de Educación Especial, precisó el funcionario.

En este grupo educativo también cae la Autoridad Escolar de Alimentos, también adscrita a Educación, con 114 casos. Si se cuenta como una sola agencia, esta estaría en el octavo puesto de entidades con más quejas. Es que después del Departamento de Educación, que ocupa el quinto lugar en reclamaciones, le siguió el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), así como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) como las agencias que más problemas enfrentan los ciudadanos.

En el caso de la Autoridad Escolar de Alimentos, García precisó que los reclamos están relacionados a falta de abanicos, problemas en las estufas y ausencia de un extractor en los comedores.

“También incluye los empleados, quienes nos hicieron un reclamo en un momento determinado porque no se había hecho lo que es la reforma civil, los planes de clasificación y retribución para un aumento de salario, cosa que ya se atendió”, dijo.

Completan la lista

En torno a asuntos relacionados a transportación y carreteras, DTOP recibió 186 reclamaciones y la ACT unas 123.

Sobre el DTOP, García precisó que muchas de las quejas estaban relacionadas al uso de la pegatina del AutoExpreso para la licencia del vehículo de motor, así como los problemas que enfrentaban los conductores para pagar las multas del AutoExpreso en medio de este cambio al marbete digital. Entre los casos también predomina el hecho de que los ciudadanos dijeron haber pagados sus multas y no se les eliminaba del récord.

El Ombudsman reveló que en febrero próximo solicitará al nuevo secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, un informe sobre cuántos conductores renovaron su marbete de manera digital y cuáles no. Dijo que busca investigar si hay conductores infligiendo la ley.

En torno a la ACT, identificó las quejas por el estado de carreteras, así como posibles incumplimientos de la empresa privatizadora a cargo de las autopistas, Metropistas, por asuntos de mantenimiento.

En la actualidad, el procurador atiende personalmente dos situaciones que afectan a la ciudadanía en general. Mencionó el caso de que se asfaltó un tramo de la carretera PR-2 en Hatillo y el que está en peores condiciones se dejó sin fondos para asfaltar.

García, quien toma este tramo diariamente para llegar desde su oficina en Bayamón a Camuy, indicó que el problema es que ni siquiera han atendido el problema de los hoyos que tiene la vía. Alegó que se espera que en dos semanas se inicie allí el proyecto que se dejó inconcluso a finales del pasado año.

Otra deuda comunitaria que mencionó fue en el sector Carreras de Arecibo, donde un puente se afectó por el huracán Fiona y los conductores tiene que tomar un tramo que les toma 20 minutos adicionales para llegar a la zona urbana.

Por último, García mencionó que la novena agencia con más quejas lo fue la Administración de Familias y Niños (ADFAN), con 111 casos.

El funcionario precisó que la mayoría de los problemas están relacionado a centros que ofrecen servicios a adultos mayores o con condiciones mentales que reclaman que la ADFAN no les ha pagado. Precisó que la situación parece ser un problema de comunicación, en donde la agencia hace la orden de pago al Departamento de Hacienda, pero esta última dependencia no tiene información de la cuenta bancaria en donde pagar el servicio.

La lista la concluye el Negociado de la Policía en la décima posición con más casos acumulados, con 89.

García precisó que en su mayoría son policías que se quejan por la falta de pago de horas extras o de los aumentos que les corresponden tras el cambio de rango. Señaló que, en estos casos, se debe esperar a que la Junta de Supervisión Fiscal, autorice estos pagos.

Si usted tiene una queja contra una agencia de gobierno, puede comunicarse con el Ombudsman al 787-724-7373.