Una nueva ley firmada por el gobernador Ricardo Rosselló obliga al gobierno a tener disponibles en el próximo año “servicios sanitarios apropiados” para personas discapacitadas en todos los lugares públicos de la isla.

La medida, de la autoría del senador del distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo, es una enmienda a la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, según se informó en un comunicado de prensa.

“Por medio de nuestro proyecto del Senado 611, ahora convertido en la Ley 35-2019, estamos haciéndole justicia a todas las personas con impedimentos en Puerto Rico… Como muy bien dice nuestra Constitución, ‘la dignidad del ser humano es inviolable y todos los seres humanos son iguales ante la Ley’”, manifestó el también presidente de la Comisión senatorial de Gobierno.

Según la medida, pese a que la Ley Americans with Disabilities Act y la Ley 44 estatal obliga a evitar las barreras para las personas discapacitadas, "encontramos que la carencia de facilidades sanitarias apropiadas en todos los lugares públicos de Puerto Rico que atiendan de manera eficiente las necesidades de las personas con impedimentos, dificulta los esfuerzos dirigidos a la total inclusión de estos individuos con el resto de la sociedad".

La nueva ley provee para que las personas afectadas por la falta de servicio sanitario radique quejas. 

No obstante, todos estas obligaciones deberán estar lista dentro de un periodo de 365 días o lo que equivale a un año. Ese fue el periodo que se concedió para que el gobierno cumpla con esta regulación. 

De acuerdo con los datos oficiales del Censo de 2010, en Puerto Rico hay cerca de 900,000 personas con algún tipo de discapacidad.