Grupos de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados y el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), advirtieron ayer que evaluarán de forma minuciosa y participarán de la discusión del borrador del nuevo Código Civil que comienza a ser discutido en vistas públicas en la Cámara de Representantes, a partir del 14 de agosto próximo.

“Pueden venir cosas con las que no estemos de acuerdo, por ejemplo, una disposición discriminatoria contra la comunidad LGBTTIQ”, subrayó el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres.

El letrado sostuvo que el organismo también hará vistas públicas sobre la propuesta legislativa “para enriquecer el proyecto de ley”. Añadió que el presidente de la Comisión de Derechos Civiles, Héctor Serrano, decidirá con el resto de la comisión, cuándo comenzará las audiencias que serán en el Colegio.

“Quienes hemos seguido el historial de trabajo de la actual Cámara de Representantes tenemos fundamentos razonables para temer que el borrador contenga medidas que atenten contra derechos importantes. En especial, cuando en el equipo de trabajo a cargo hay personas que han sido tenaces opositores a nuestros derechos humanos”, expresó la abogada Amárilis Pagán Jiménez, una de las portavoces de CABE.

Otro de los portavoces de CABE, el abogado Osvaldo Burgos Pérez, anticipó que el documento voluminoso contiene disposiciones que afectarán todos los aspectos de la vida de los puertorriqueños. “Un Código Civil influye en todo, desde lo que se considera persona, hasta la manera en que nos organizamos como familias, contratamos, disponemos de bienes y decidimos sobre nuestros procesos de muerte y herencia”, sostuvo Burgos.

Mientras tanto, el representante popular Luis Vega Ramos, quien es miembro de la Comisión Conjunta de Revisión del Código Civil, dijo que la propuesta plantea una posible redefinición del concepto de persona. En el nuevo Código se le reconoce al nasciturus (niño no nacido, que está en el vientre de la madre) la condición de persona en todo aquello “que le sea favorable”.

“Hoy persona es el que puede vivir física y biológicamente separado de la madre. La pregunta es si se está proponiendo una alteración a eso, o un estado intermedio entre la persona como la conocemos y el concebido, pero no nacido. ¿Qué otros derechos se le pueden dar? Eso tiene que verse a luz de la jurisprudencia de Roe versus Wade”, inquirió Vega Ramos.

“Esto también levanta la interrogante de si el Código va a traer alguna normativa sobre el material genético o reproductivo artificialmente preservado, como semen u óvulos fertilizados, de alguna persona”, abundó el legislador. 

Cuestionó también que se mantenga la causal de adulterio para el divorcio cuando “todo el derecho civil se ha alejado de la búsqueda de culpa a favor de la terminación más armoniosa y digna de la relación para que las personas y sus hijos, de haberlos, puedan seguir adelante con el menor sufrimiento posible”.

En términos similares se expresó el presidente del Colegio de Abogados. “Creo que el adulterio está de más. El matrimonio es un contrato civil y si una de las partes no quiere continuar la relación, no hay que buscar una causal adversativa”, indicó Torres.

Vega Ramos, por su parte, cuestionó además el que los adúlteros no puedan casarse entre sí por cinco años. “Cuando investigamos el año pasado el delito de adulterio, descubrimos que aquí no se procesa a nadie por adulterio desde la década de 1930”, sostuvo.

Inquirió igualmente sobre la disposición de extender hasta los 21 años el casarse con el consentimiento de los padres. “Si a los 18 años puedes votar y puedes ir a la guerra a matar, por qué no te puedes casar”, subrayó el legislador soberanista.

“Las áreas controversiales son las que hay que traer al Código Civil y reconocer los derechos de que estamos en el siglo 21 y hay que atender las diversas maneras de las personas relacionarse y establecer todo tipo de relación. No hacerlo es darle la espalda a una realidad social”, dijo a su vez, el representante independentista Denis Márquez Lebrón, también miembro de la comisión conjunta. 

Entre los cambios principales, el propuesto Código Civil reduce a cuatro las causales de divorcio: adulterio, trato cruel o injurias graves, consentimiento mutuo y ruptura irreparable. En área de familia, se ciñe a la jurisprudencia federal en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción entre parejas homosexuales.

El documento, que tiene mil páginas, es producto de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Civil, que se creó mediante ley hace más de 20 años.

La presidenta de la comisión conjunta, María Milagros Charbonier, quien a su vez preside la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, anunció la presentación del proyecto de Ley 1654 en una actividad en la Rotonda del Capitolio a la que asistieron los profesores de Derecho que participaron en la elaboración de la propuesta que busca atemperar el Código Civil vigente, que tiene 88 años, al Puerto Rico actual. En la sesión legislativa de ayer en la Cámara se le dio lectura a la medida.

“El Código Civil reglamenta muchos de los aspectos más trascendentales de nuestra vida, desde el matrimonio, las relaciones de familia hasta las sucesiones luego de nuestra muerte. Es una de las piezas legislativas que más impacto tiene en nuestro diario vivir, aunque quizás no nos demos cuenta de eso”, dijo Charbonier.

En el resumen que se distribuyó a los medios de comunicación, se define el matrimonio como una institución civil que procede de un contrato civil entre dos personas que les obliga mutuamente a ser cónyuges y a cumplir el uno con el otro, los deberes que la ley les impone.

Se prohíbe el matrimonio de personas menores de 18 años y se mantiene el requisito de consentimiento de los padres, tutores o autorización del tribunal para matrimonio de personas entre los 18 y 21 años.

Se añade el requisito de realizarse la prueba VIH-SIDA como parte de los exámenes médicos requeridos previo a contraer matrimonio y se aclara que los cónyuges tienen los mismos derechos y obligaciones en el matrimonio y se recalca la obligación de ambos a fortalecer y proteger los núcleos familiares.

Las causales de divorcio que se propone eliminar son: condena de reclusión por delito grave, embriaguez habitual o uso de narcóticos, abandono de uno de los cónyuges por más de un año, impotencia incurable después del matrimonio, conato de padres para corromper o prostituir a sus hijos, propuesta del marido para prostituir a su mujer, separación de los cónyuges por más de dos años y la locura incurable de uno de los cónyuges después del matrimonio por más de siete años.

La propuesta permite el matrimonio y divorcio ante un notario, cuando no hay división de bienes gananciales. Además, de acuerdo con el resumen suministrado, se permiten modificaciones a las capitulaciones matrimoniales.