A solo días para que se haga efectiva su renuncia al escaño representativo que ocupa, el representante Orlando Aponte Rosario enfrenta una nueva orden de protección en su contra por maltrato físico, emocional y sexual, reveló el periódico El Nuevo Día.

Según el rotativo, que obtuvo una copia del documento, la orden de protección contra el aún legislador popular, fue emitida por el juez Rafael J. Parés Quiñones el 15 de junio, solo dos días después que Aponte Rosario presentara su renuncia, por un escándalo similar.

El diario citó el documento, según el cual, la orden fue expedida porque “la parte peticionaria demostró que existe una probabilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato”. Además, los hijos de la pareja, de 4 y 6 años, permaneceran bajo la custodia de la peticionaria.

Previamente, la esposa del legislador solicitó una orden de protección en su contra por violencia doméstica, pero fue retirada. De las alegaciones contra Aponte Rosario se desprende que en diversas ocasiones ha agredido a la fémina, incluso con objetos y que incluso en una ocasión le apuntó con un arma de fuego.

Por otro lado, la peticionaria –esposa de Aponte Rosario desde hace ocho años– denuncia que el peticionado “utilizó su arma de fuego para intimidar a la peticionaria y en una ocasión le apuntó con ella en la cabeza”. Alega, además, que el renunciante legislador “obligaba a la peticionaria a tener relaciones sexuales”.

Aponte Rosario fue referido a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes luego que trascendiera que este violón el reglamento del cuerpo legislativo, al no revelar que se había emitido una orden de protección en su contra, razón por la que la Comisión determinó amonestarlo. Sin embargo, el 10 de junio, el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz destituyó a Aponte Rosario de todos sus puestos en la colectividad y le solicitó la dimisión al escaño.