Los gastos legales para defender al municipio de Guaynabo por querellas de hostigamiento sexual contra funcionarios y hasta contra el hijo de su alcalde, Héctor O’Neill,   han costado miles de dólares al erario.

El caso civil de Inés María Jelú Iravedra contra el municipio y el hijo del alcalde fue presentado ante el Tribunal Federal el 31 de marzo de 2016, por los abogados José Quetglas y Pedro Vázquez. O’Neill Rosa es representado por Celina Romany, expresidenta del Colegio de Abogados. 

Por su parte, el municipio es representado por el bufete Adsuar, Muñiz, Goyco, Seda & Pérez-Ochoa P.S.C., específicamente por los abogados Luis Pérez Giusti y Mariel Haack Pizarro. Dicho bufete tiene contratos con la alcaldía desde el 27 de abril de 2016, según figura en la página de Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

Los seis contratos de este bufete, por servicios profesionales al municipio, fluctúan en cantidades entre $13,000 y $50,000 por intervención.

En cuanto al caso legal de Maribel Montalvo Ríos, la agente municipal de Guaynabo que en 2009 demandó por hostigamiento al entonces comisionado de la Policía Municipal, Carmelo Correa Ruiz, el municipio transó por una cantidad de $285,000. Sin embargo, al momento se desconoce la cantidad exacta en gastos legales porque la transacción incluyó una cláusula de confidencialidad, según confirmó la abogada de la demandante, Vilma Dapena.

Entre otros requerimientos, Primera Hora solicitó a la alcaldía el detalle de las facturas por servicios legales relacionados a querellas y demandas por acoso sexual. Sin embargo, no se ha recibido respuesta.

Julio Fontanet, catedrático en Derecho, indicó que “hay muchas formas de cobrar. Típicamente en estos casos, cuando eres demandado, se factura por hora. Eso está normalmente entre $100 a $200”.

El cobro dependerá de la capacidad económica del demandado y la dificultad y naturaleza del caso, agregó. “Evidentemente, un alto perfil mediático implica una dificultad en la tramitación del caso y uno cobraría más de lo usual. No es lo mismo una demanda por ambiente hostil que por hostigamiento sexual; habría que ver cuál es la conducta que se le imputa al demandado”. 

Según la seriedad de dicha conducta, “eso puede afectar el monto por hora de los servicios profesionales”, dijo Fontanet. 

“La relevancia es obvia”

La magistrada Silvia Carreño-Coll determinó ayer que el municipio tiene que entregarle a los abogados de Jelú Iravedra los expedientes de todos los casos de hostigamiento sexual previos a esta demanda.

Así lo informaron los abogados Quetglas y Vázquez, representantes de Jelú Iravedra, quienes acudieron ayer al Tribunal Federal a pedirle a la magistrada que interviniera para que los abogados del municipio, Pérez Giusti y Haack Pizarro, accedieran de entregar la evidencia que solicitaban.

Durante la conferencia de estatus, se dio un ping-pong de recriminaciones entre ambos bandos, los primeros alegando que llevaban meses tratando de obtener información y los segundos rebatiendo que los datos referentes a casos de hostigamiento sexual anteriores “no eran relevantes”. 

Carreño Coll ordenó a las partes reunirse en su oficina para dirimir sus diferencias y finalmente, acordaron que se entregarían los documentos.

Estos expedientes revelarían otros casos similares que han sido resueltos por los mismos motivos. Sin embargo, al momento no queda claro cuántas reclamaciones por hostigamiento sexual ha tenido la alcaldía y su costo para las arcas municipales.

De hecho, los abogados de la demandante adelantaron que al menos hay dos casos adicionales a los que ya se han reportado en la prensa.

Abogado acepta era contratista

Una búsqueda en la página del Contralor también reveló que el abogado Roberto Alonso Santiago, quien representó a la agente municipal Yenetamie Díaz Zayas en parte de la querella de hostigamiento sexual y laboral contra el alcalde de Guaynabo, trabajó a su vez con el Municipio desde el 8 de mayo del 2012, hasta el 31 de diciembre de 2016. Los 13 contratos, siete de ellos con enmiendas, totalizaron más de $200,000.

La controversia que rodea a Alonso fue un comunicado de prensa que emitió el 4 de marzo en el que adjudicó declaraciones a la agente. La misma Zayas Díaz le salió al paso al día siguiente con una declaración jurada en la que aclaró que ella no había autorizado las expresiones enviadas por Alonso.

Alonso aceptó vía telefónica a Primera Hora ese mismo domingo que la perjudicada no había leído el documento.

Mientras, el abogado ayer negó conflicto de interés por haber tenido contratos con el Municipio de Guaynabo y luego representar a Díaz Zayas. “Yo tenía contratos que dependían de si hacía labor o no hacía labor. Después de agosto (de 2016) no cobré más”, dijo Alonso.

Explicó que inicialmente él no la representó en la querella federal y que se unió al caso en calidad de mediador de la controversia, que incluyó intervenir en la Oficina del Fiscal Especial Independiente, pero ni siquiera era “de forma continua”. Cobró por sus servicios, pero no quiso divulgar cuánto.