“Ellos tienen el poder de hacer esto… es normal que el PFEI pueda pedir extensión. El caso se atiende en el foro pertinente y dejaremos que ese foro tome las decisiones que crea pertinente”, dijo el Primer Ejecutivo.

Rosselló dijo no haber recibido información sobre la decisión del PFEI  la cual fue basada ante la posibilidad de que haya más funcionarios públicos que cometieron delitos mediante el intercambio de mensajes en el controversial chat.

Los fiscales independientes asignados al caso son Ramón Mendoza Rosario e  Iris Meléndez Vega, quienes evalúan la posibilidad de que Ramos Sáenz haya incurrido en violaciones a artículos del Código Penal, del Código Electoral y de la Ley de Ética Gubernamental.

Los hechos de este escándalo salieron a la luz pública a principio de año cuando el senador popular Aníbal José Torres realizó varios referidos a entidades estatales y federales para que investigaran el contenido de unos mensajes enviados por la red social y en los que participaban funcionarios del gabinete de Rosselló y Ramos Sáenz, quien para entonces era juez.

Las alegadas conversaciones escritas propiciaron que el expresidente de la CEE entrara en supuestas violaciones de canónes de ética en su profesión legal.