La propuesta privatización de los muelles de cruceros de San Juan por un plazo de 30 años levantó hoy varias interrogantes en una vista pública en la Cámara de Representantes, entre ellas, el empleo de los trabajadores de los muelles y transportistas de excursiones.

Legisladores de minoría alegaron “falta de transparencia” en el proceso, mientras, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), Fermín Fontanés defendió la propuesta y aunque el contrato está en vías de adjudicarse a la empresa Global Ports Holdings, se amparó en la confidencialidad de la Ley 29 de las APP para no dar detalles de las negociaciones en curso.

Según el funcionario, se vislumbra que el impacto económico del proyecto sea alrededor de $20 mil millones y que el volumen de pasajeros aumentaría 3.5 veces durante el término de la APP de 30 años.

Fontanés dijo que el proyecto busca hacer mejoras a los muelles y ampliar el mercado de líneas de cruceros. Sostuvo que originalmente, la propuesta fue presentada en 2017 por la compañía Global Ports Holdings para la modernización, expansión y operación de los muelles 1,3, 4, 11 al 14 y los Pan Americanos 1 y 2 de la Bahía de San Juan. En 2018, dijo que la APP recibió un total de cinco solicitudes de propuestas y tres de los consorcios, Global, Puerto Rico Cruise Terminal Partners y San Juan Terminal Cruise Partners fueron precualificados, pero dijo que dos de ellos, no cumplieron con ciertos requisitos establecidos en la ley.

Fontanés indicó que el borrador de contrato de la APP incluye como requisito “que las tarifas de pasajeros no puedan ser modificadas por el concesionario unilateralmente y tienen que ser aprobadas por la Autoridad de los Puertos”. Añadió que es responsabilidad de Puertos determinar cómo utilizará el dinero producto de la privatización

El representante popular, Luis Vega Ramos dijo que la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos “están tratando de lavarse las manos” y la gobernadora Wanda Vázquez Garced “ha delegado en otros la representación del gobierno ante las empresas de cruceros.

“Me da la impresión de que aquí hay un feudo, un control de las APP que no le están diciendo al resto del gobierno y al País los detalles de esta negociación que según las expresiones que han hecho están a punto de que se firme un contrato, sin saber cuáles van a ser las consecuencias y un mínimo o estimado de los ingresos que se va a usar de esa transacción. Tampoco sabemos para qué la Autoridad de los Puertos va a utilizar ese dinero”, sostuvo Vega Ramos.

“Una vez se dispone de estos muelles, ¿qué le queda a Puertos para administrar? Muy poco, por no decir nada. Esta es la desmantelación de Puertos por la cocina. Todas esas preguntas están sobre la mesa y las contestaciones que se han dado hasta ahora son muy insuficientes”, expresó.

“Aquí hay mucho que explicar, no hay garantías para los trabajadores de Puertos, que ya se ha planteado que no sabe qué va a pasar con ellos en la transición. No se quiso poner sobre la mesa un número de cuánto sería el pago que daría esta entidad privada por darle el control exclusivo de los muelles por 30 años para propósitos de los cruceros y ya estamos en una etapa en la que ellos mismos admiten que el contrato está próximo a firmarse y eso sin que las industrias y las empresas de cruceros sepan lo que está pasando y sin que los empleados de Puertos sepan lo que está pasando”, agregó el legislador popular.

“Hay muchas preguntas que hacerles y lo curioso es que tienes unos funcionarios que están en las APP que vienen de Puertos y reclaman desconocimiento de qué esfuerzo estaba haciendo la agencia por preservar la infraestructura de los muelles”, dijo para agregar que “Global también tiene cuestionamientos internacionales”.

Por su parte, el representante independentista Denis Márquez Lebrón dijo que hay interrogantes en torno a quién es la empresa “que se va a quedar con el contrato y quiénes la están representando”, así como las garantías sobre los trabajadores de la Autoridad de Puertos.

“Si no escuché mal no hay ninguna garantía de empleo para ellos y también están los excursionistas, la gente de transporte, que han dicho que no ha habido ninguna reunión con ellos. Además, me preocupa grandemente cuánta inversión realmente va a haber aquí, qué ha pasado con el dinero de las aseguradoras post (huracán) María. Hay muchos cuestionamientos sobre este negocio, para esta entidad y es importante saber quiénes están detrás de ella”, sostuvo Márquez Lebrón.

El presidente de la Unión de Empleados de Muelles Turísticos, Luis Malavé Trinidad , quien asistió a la vista para solicitar un turno, dijo que “no hay ninguna garantía para la empleomanía como sucedió en el pasado en el Aeropuerto”.

“El gobierno ya dijo en estas vistas que no garantiza nada y estamos en una situación bien difícil cuando el gobierno quiere implementar una APP donde la garantía de empleo no existe”, reclamó otro líder sindical, Germán Vázquez, presidente de la Unión de Transporte de Puerto Rico. Indicó que citarán a una reunión esta semana con “representantes de negocios del Viejo San Juan, con la gente de la Autoridad de Puertos, con nosotros, los que representan los barcos y los que mueven la carga de la comida en los muelles para que decidan en una asamblea qué vamos a hacer, si nos vamos pa’ la calle en una huelga general”.

“Para mí hasta el momento la vista ha sido muy productiva, dijo por su parte, el representante novoprogresista José Aponte Hernández, quien presidió la audiencia pública. Sostuvo que el Director Ejecutivo de las APP explicó “todo el proceso que se ha estado dando desde el día uno, la participación que han tenido las diferentes líneas de barcos cruceros y otros entes privados que han estado interesados y cómo ese proceso ha sido abierto hasta que en un momento dado, unos deciden no continuar en la negociación y se sigue discutiendo, pero ya de manera privada, porque así lo dispone la ley de alianzas, los que podrían ser los términos finales del acuerdo”.

En torno a la participación de la Autoridad de Puertos dijo que no estaba satisfecho. “No solamente hoy, la dejadez que ha tenido con sus propias facilidades por décadas la estamos viendo… Hay unas áreas que son un desastre y la Autoridad ha estado cobrando por la utilización de unos muelles y no se sabe, qué se ha estado haciendo con los recursos, con los bonos de la Autoridad que se han vendido para inversiones”.