“Aunque es una decisión antipática y pesada, realmente no es sorpresivo que, conforme a los Casos Insulares, el Congreso pueda discriminar en contra de los puertorriqueños en la otorgación de fondos federales”.

Así lo estipuló este jueves el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Julio Fontanet, al reaccionar a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que avaló el que los ciudadanos estadounidenses que residan en la Isla sean excluidos por el Congreso de recibir el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

El abogado constitucionalista Carlos Gorrín Peralta también estipuló que no le sorprende la decisión, pues “se ajusta al derecho que está vigente desde hace más de 100 años, desde los Casos Insulares, y desde que el Congreso aprobó en el 1900 ley primera Ley Orgánica para Puerto Rico”.

“Lo que pasa es que mucha gente se hizo de la ilusión, particularmente, por la crisis económica que atravesamos en Puerto Rico desde hace casi dos décadas que, si se revocaban las decisiones del SSI y otros programas sociales, pues habría un flujo mayor de fondos federales. Mucha gente se ilusionó de esa idea, especialmente gente que se acostumbró a la dependencia, o sea, el gobierno que ha dependido de fondos federales, porque el modelo económico ha fracasado y está en depresión hace casi 20 años y quieren mantener la vida artificialmente, la economía de Puerto Rico, a través de fondos federales”, añadió.

Este programa federal, que se nutre de las contribuciones federales que pagan los ciudadanos, ayuda económicamente a personas de 65 años o más, bajo la línea de pobreza o condiciones especiales o menores con discapacidad y ciertas condiciones como cáncer, síndrome de Down, esclerosis, entre otras.

Si se aplica a la Isla, cobijaría a unas 300,000 personas, según ha indicado la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Según la decisión mayoritaria del Supremo federal en el caso que inició la Administración de Seguro Social contra José Luis Vaello Madero, es el Congreso de los Estados Unidos el que puede determinar qué tipo de beneficios son o no extendidos a la Isla, ya que los residentes de Puerto Rico no pagan iguales contribuciones que los residentes de los estados.

Fontanet explicó que lo primero que dictaminó el Supremo en su decisión fue que “dicho discrimen no es uno irracional”, porque en la Isla no se pagan impuestos federales sobre ingresos, regalos o propiedades ni otras contribuciones.

El abogado, sin embargo, vio una ventana de oportunidad para que desde Puerto Rico se solicite un detente a ese discrimen. Dijo que esa alternativa la brindó el juez federal del Supremo, Neil Gorsuch.

Específicamente, el juez afirmó en su decisión que se erró al solicitar ver el caso bajo argumentos de que se violó el debido proceso de ley bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

“Como ninguna parte nos pidió a nosotros que anuláramos los Casos Insulares en esta controversia, yo me uno a la opinión de la corte. Pero, ha llegado el momento que reconozcamos que los Casos Insulares yacen en una base podrida. Espero que pronto llegue el día en que esta corte pueda de lleno anularlos. Debemos seguir al juez (John) Harlan y resolver esta interrogante correctamente. Nuestros ciudadanos americanos en Puerto Rico no se merecen menos”, sostuvo.

A juicio de Fontanet, estas expresiones son “sumamente interesantes y controversiales sobre la naturaleza discriminatoria de los Casos Insulares y como ello debe ser una vergüenza para los Estados Unidos. Inclusive, expresa que, de haberse planteado la validez constitucional de los Casos Insulares, él hubiera resuelto que ellos son contrarios a la Constitución federal y que no se justifica esa distinción entre territorios incorporados y territorios no incorporados”.

“Yo te diría que es probablemente el pronunciamiento más fuerte que haya hecho un juez federal sobre la naturaleza de los Casos Insulares”, añadió.

Dijo que cualquier persona que se sienta discriminada por recibir un beneficio federal menor al que recibiría en un estado pudiera incoar un pleito en el que estipule esa validez de los Casos Insulares de la que habló Gorsuch.

Fontanet también opinó que no sería conveniente pedir una reconsideración del caso Vaello Madero, pues la determinación fue ocho votos a favor de excluir a la Isla del beneficio y uno en contra, de la jueza Sonia Sotomayor. Pero, sobre todo, indicó que una decisión tan corta como la expresada, en solo seis páginas, da a entender que “era tan claro que no procedía que no había que escribir mucho más”.

Por su parte, Gorrin Peralta estipuló que la decisión del Supremo establece que no se violenta la Constitución de los Estados Unidos al discriminar contra los puertorriqueños. No obstante, aludió a que sí es una violación al derecho internacional por reafirmarse que la Isla es una colonia sujeta a los poderes del Congreso.

Dijo que el derecho internacional expone que “todo pueblo tiene derecho a una libre determinación e independencia”.

Gorrin Peralta manifestó que, ante tal violación al derecho internacional, los boricuas deben tomar acción política para reclamar una libre determinación. Rechazó que la alternativa esté en los tribunales.

“Imagino que el sector estadista diría que bajo la estadidad aplica el SSI, pero Gorsuch estableció que el Congreso podría, a base de condiciones distintas de un estado, tratar a un estado distinto es este caso por condición económica. Sugiere que, aun con la estadidad, se tratará a Puerto Rico distinto. Eso me parece muy significativo… Nos toca a nosotros quitarnos la venda de los ojos y no seguir dependiendo de los grupos que siguen fomentando una relación con Estados Unidos que resulta en una decisión como la del día hoy”, puntualizó el independentista.