La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) denegó la petición del Gobierno para extender a otros empleados públicos el bono especial que se les concedió a servidores públicos bajo el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD).

Conceder este bono representaría una inversión de $60 millones. Sin embargo, la misiva -dirigida al director ejecutivo de la Agencia de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar Marrero, y firmada por el presidente de la JSF, David Skeel- la petición del Gobierno no identificó “una fuente de financiación potencial para este costo adicional”.

Para conceder un bono especial a empleados no cobijados bajo el PAD, especificó Skeel, las entidades deben generar sus propios superávits, que incluyen aquellas con sus propios planes fiscales: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico.

“El financiamiento para cualquier distribución excedente debe provenir del superávit de efectivo excedente generado por las entidades del PDA del gobierno más allá del monto previsto”, reitera el documento.

Desde principios de mes, unos 98,270 empleados de distintas dependencias gubernamentales recibirían un bono de $2,954, según establecido en el PAD. Mientras, otros 9,452 empleados representados por la Unión de Servidores Públicos Unidos (SPU/AFSCME) recibirían $11,360 debido a que apoyaron al PAD.

Este pago estipulado en el PAD es consecuencia de que el gobierno sobrepasó las expectativas de recaudo, por lo que puede pagar a sus acreedores dinero adicional.

“Como saben, el Gobierno ya repartió el excedente de este año. Además, la Junta de Supervisión ha compartido previamente, y continúa apoyando, el principio de que todas las entidades gubernamentales deben ser autosuficientes y el cruce financiero entre ellas debe ser minimizado. En consecuencia, incluso si la Junta de Supervisión considerara la solicitud para ampliar el bono a entidades no elegibles fuera del PAD tendría que identificar una fuente de financiación de las entidades no pertenecientes a los $60 millones adicionales solicitados”, lee la carta fechada el pasado viernes.

Previo a la decisión final de la JSF, el gobernador Pedro Pierluisi admitió recomendar extender la bonificación, aunque coincidió que “cada corporación pública tiene que administrarse de tal manera que el personal puede ser debidamente compensados”.

“Cada corporación pública, las que cayeron fuera del Plan de Ajuste, tienen que tomar sus medidas para administrar sus finanzas debidamente”, sostuvo el Primer Ejecutivo tras ofrecer una conferencia de prensa el pasado jueves.

“Tenemos una Junta que es la que supervisa. Tenemos una Junta que es la que establece cuál es el presupuesto y, ahora mismo, tenemos un sobrante y es la Junta la que permite que se use o no. Yo no puedo esperar el día que ya la Junta no esté aquí, que esas decisiones sean nuestras. Yo soy el primero que no me agrada la situación, pero reconozco cuando el poder está en la Junta y lo que hago es exhortarla a que tome las decisiones que entiendo son las mejores para el pueblo de Puerto Rico”, agregó.

Skeel le recomendó al Gobierno sufragar el bono especial con fondos federales.

“El gobierno no debe considerar depender de los fondos de las entidades del PAD. La decisión de la Junta de Supervisión se tomó para alinearse con el POA y el Commonwealth Certificado Planes Fiscales. La Junta de Supervisión espera continuar nuestro trabajo conjunto en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluyó.