“La vida y propiedad de la gente está en peligro ahora mismo… no poder llamar al 9-1-1 es algo histórico y peligroso. Esto es un asunto de vida o muerte y se pudo prevenir porque llevamos meses advirtiendo que no había un plan B en caso de que ocurriera lo que pasa hoy”.

Así reaccionó Aramis Cruz, portavoz de la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones (Communications Workers of America Local 310) al hecho de que el Sistema de Emergencias 9-1-1 esté inoperante tras el cierre de los dos centros de llamadas a causa de empleados que dieron positivos a COVID-19.

En entrevista con Primera Hora Cruz sostuvo que la unión llevaba advirtiendo desde inicio de la pandemia – en marzo- lo que ocurriría si no se activaba un plan de contingencia coherente y que no pusiera en peligro la vida y propiedad de los más de 10,000 a 12,000 ciudadanos que diariamente llaman al 9-1-1 a pedir auxilio. De este número, entre el 35% y el 40% resultan ser emergencias que van desde situaciones críticas de salud, hasta el anuncio de un accidente o la denuncia de algún delito criminal.

“Desde marzo hemos tratado de llevar sugerencias a la administración y las tenemos por escrito… les hablamos de tener un plan de acuartelamiento de cinco días con personal adiestrado para que en caso de que alguien enfermera los servicios no se trastocaran en lo que se hacía el protocolo y las pruebas”, acotó.

Sostuvo que el Negociado de Sistema de Manejo de Emergencias tiene disponible 100 teléfonos que están habilitados para utilizarse en casos de emergencia como el que se suscitó esta noche, cuando el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer, decidió cerrar los centros de llamadas del 9-1-1.

“El propósito de esos teléfonos es que si ocurre un huracán o una emergencia como esta los telecomunicadores puedan recibir las llamadas vía remoto desde sus hogares… que si un ciudadano llama a solicitar auxilio al 9-1-1 esa operación no se vea perjudicada. Todos los meses esos teléfonos se verifican para que estén disponibles en todo momento y por alguna razón para la administración ese plan no funciona… la incompetencia administrativa es grande y peligrosa”, manifestó frustrado.

“Esos teléfonos están allí…”, agregó.

Expuso que su preocupación es que la salud o la seguridad de algún ciudadano esté en peligro mientras se resuelve el problema.

“El país está sin 9-1-1. Esto nunca había ocurrido… me preocupa mucho que recibimos muchas llamadas de personas con problemas de salud… esas vidas están en peligro”, puntualizó.

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Explicó que el cierre de operaciones se le notificó a los empleados a eso de las 8:10 de la noche de ayer, miércoles, luego que varios empleados arrojaran positivo a las pruebas de coronavirus.

Manifestó que la comisionada Yazmín González no les ha informado cuándo se reanudan las labores en los centros de llamadas. Hasta anoche ninguno de los centros se había desinfectado.

El Sistema de Emergencias 9-1-1 cuenta con 114 telecomunicadores entre sus dos centros de llamadas. Cada centro tiene seis turnos diarios.

Durante años los gremios que representan a empleados unionados han denunciado que el Sistema de Emergencias 9-1-1 estaba destinado a un colapso ante un desequilibrio en sus operaciones a consecuencia de un desvío de fondos federales que inició en el 2014, aun cuando funcionarios administrativos de entonces advirtieron al Gobierno el desbarajuste financiero que provocaría y que hoy mantiene a una de las agencias más importantes de seguridad en petición de auxilio.

En sus denuncias, los sindicatos explicaron que la Ley Habilitadora del 9-1-1 dispone que el origen de los fondos del presupuesto del Negociado para cubrir todo lo relacionado a los gastos operacionales procede “únicamente” de un impuesto de 50 centavos o $1 a los abonados de servicio telefónico, incluyendo los teléfonos celulares. Es decir, es una agencia que se autosustenta (no recibe fondos del Gobierno) y sus fondos son regulados por la Ley Federal de Telecomunicaciones (FCC).

“Aun así en el 2014, y luego en 2016, se desviaron un total de $24 millones diciendo que esa partida era un sobrante cuando en realidad no lo era. Ese dinero, según estipulado por ley, debía ser utilizado para otorgarle fondos a los municipios adscritos al Programa de Emergencias Médicas que nos ofrecen servicios integrados -y que actualmente son 49- y para suplir equipos a las agencias de seguridad pública a los que los telecomunicadores del 9-1-1 contactan para despachar los servicios dirigidos a auxiliar a los clientes que se comunican al centro de llamadas para denunciar sus emergencias. Ese dinero no se puede utilizar si no es para cosas del mismo 9-1-1”, destacó en una entrevista en 2019 con Primera Hora el portavoz de la unión, Luis Rivera.

Más de año y medio después de la denuncia del grupo se hizo legislación y la gobernadora Wanda Vázquez Garced “firmó una ley para que los fondos del 9-1-1 se utilizaran para asuntos como el que está ocurriendo hoy”.

“La ley que la gobernadora firmó protegé los fondos. Pero esa ley tuvo que ser, prácticamente, deshabilitada porque una vez firmada la comisionada quería flexibilizarla para tener control y como no pudo la ley quedó en suspenso… el gobierno sometió una certificación de no cumplimiento en abril pasado, cuando se trató de enmendar el estatuto, y ahí quedó todo”, lamentó.

Los Centros de Recepción de Llamadas del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 (NSE911) fueron cerrados esta noche luego de que empleados de las instalaciones reportaran resultados positivos al COVID-19, informó Pedro Janer, Secretario de Seguridad Pública.

Para garantizar la continuidad de las operaciones y que las emergencias sean atendidas correctamente, se utilizará el Despacho del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), conocido como Control Central, que opera 24 horas con personal debidamente adiestrado.

“Los empleados que tuvieron o pudieron haber tenido contacto con las personas afectadas, fueron puestos en aislamiento y se realizarán las pruebas para detectar COVID-19 en los próximos días, como establecen los protocolos del Departamento de Salud. De otra parte, ambos edificios serán descontaminados y próximamente se informará la fecha en que reanudarán las operaciones”, indicó Janer mediante declaraciones escritas.

Para informar situaciones de emergencia, los ciudadanos deben llamar al 787-724-0124. El personal del Despacho canalizará las llamadas con las agencias de respuesta municipales o estatales correspondientes para cada emergencia. De igual forma, podrán llamar al 787-343-2020 para comunicarse directamente con la Policía.