La procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez Sanabria, se opuso hoy a cuatro de las cinco medidas relacionadas con los derechos reproductivos de la mujer que son evaluadas en la Cámara de Representantes, entre ellas, el Proyecto del Senado 693, que busca limitar el aborto a partir de las 22 semanas de gestación.

En la continuación de las vistas públicas de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Bermúdez Sanabria rechazó también el Proyecto de la Cámara 1084, que prohibiría el aborto luego de la detección del latido cardíaco fetal; el PC 1410, que propone llevar el tema del aborto a una referéndum; y el PC 715, que tipificaría como doble asesinato la muerte violenta de una mujer embarazada.

En una postura similar a la que adoptaron en comparecencias anteriores los Departamentos de Justicia y de Salud, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) sólo le dio el aval al Proyecto de la Cámara 1403, que declara el aborto como un servicio esencial y su disponibilidad en la Isla, al amparo del derecho a la intimidad, reconocido en la Constitución de Puerto Rico.

“No podemos ir en retroceso de nuestros derechos ya adquiridos... Apoyamos el Proyecto 1403, porque entendemos que va a dar más acceso a las mujeres a que puedan tener unos servicios médicos de calidad. Nuestra preocupación es que se restrinja ese derecho al aborto”, sostuvo la Procuradora interina.

A preguntas del presidente de la comisión legislativa, Orlando Aponte Rosario, la abogada dijo que “para nosotros está establecido el derecho al aborto en pro de los derechos de la mujer y lo que queremos es que se legisle para brindar más opciones, no restringirlas”.

“Solicitaríamos que expresamente se determine en los proyectos que un plan médico cubra todos los servicios, previos, durante y después de una terminación de embarazo”, acotó.

¿Cree usted que el derecho a la intimidad es tan amplio como para proteger ese derecho de una mujer a terminar su embarazo o realizarse un aborto, aun cuando no esté en juego su salud física, emocional o psicológica?, le preguntó Aponte Rosario.

“Por supuesto, claro que sí que lo creo. Ese derecho nos da a nosotros la capacidad de poder decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras personas”, replicó la Procuradora interina.

Aponte Rosario le cuestionó si el derecho a la intimidad impediría al Estado establecer unos parámetros en relación a la etapa gestacional, como el Proyecto 693 y la funcionaria le ripostó que el propio lenguaje habla de restringir.

“Ese derecho que nosotros obtenemos es un derecho para ampliar no para restringir y el proyecto restringe. La lucha que nosotras las mujeres hemos tenido por años ha sido para que se nos reconozcan los derechos no para que se restrinjan. A mí me parece que estar un día como hoy discutiendo una restricción que sale del proyecto en relación a derechos de la mujer es lo que no debe estar sucediendo en este momento. Hemos luchado demasiado para poder estar aquí. Bajo otra circunstancia yo no estaría sentada aquí”, afirmó.

La Procuradora interina dijo que el PC 1403 es, “una legislación vigorosa, completa y en plena concordancia con el derecho constitucional puertorriqueño vigente que salvaguarda el derecho a la intimidad, el cual, por ser de factura más ancha, incluye la protección del aborto, tal y como ello fue reconocido por nuestro Tribunal Supremo desde Pueblo v. Duarte, supra y su progenie, hace más de cuatro décadas”.

En la vista pública número seis sobre el análisis de estas cinco medidas legislativas declararon también las perinatólogas Annette Pérez Delboy y Lauren Lynch, así cómo el obstetra Miguel Vázquez, del capítulo de Puerto Rico del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, quienes se expresaron en contra de que se restrinja el aborto.

Lynch, una especialista en medicina materno fetal, dijo a preguntas del representante Aponte Rosario que al evaluar estadísticas en los hospitales pediátricos en Puerto Rico, en los últimos 10 años no han sobrevivido fetos de más de 22 semanas.

“Restringir el acceso afectará nuestra capacidad de tomar decisiones éticas y profesionales que consideren el mayor interés de nuestras pacientes”, puntualizó por su parte, Pérez Delboy, de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal.

Sostuvo que cualquier legislación que prohíba el aborto o restrinja su acceso interfiere, “intrínsecamente en la relación entre el médico y el paciente, amenaza la comunicación entre el médico y la paciente, y compromete potencialmente el juicio médico de los médicos”.

Pérez Delboy subrayó que en el caso de los embarazos de alto riesgo, la eliminación de opciones de tratamiento médico en una fase más avanzada del embarazo, supone “importantes retos para la atención de los pacientes”.

“Esto es innecesario para Puerto Rico cuando podemos estar legislando sobre educación sexual. Lo que va a pasar es que estos pacientes no van a ir donde nosotros, van ir a terminar sus embarazos de forma clandestina”, agregó la médica.

Vázquez expresó por su parte que, “tomar decisiones médicas de las manos de los pacientes y sus médicos, y ponerlas en manos de los políticos compromete irreparablemente la integridad de esta relación y la práctica de la profesión”.

“Qué les vamos a dejar a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestros nietos, sobrinos, a esas generaciones que no van a tener la capacidad de acceder a servicios esenciales y qué le vamos a dejar a las personas que proveen los servicios (médicos); le vamos a dejar un estado hostil de trabajo”, sostuvo el obstetra para agregar que aumentaría la emigración de médicos.

Además del presidente de la Comisión de lo Jurídico, Aponte Rosario, en la vista pública, que se extendió durante todo el día, solo participó la portavoz del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz.

En la tarde testimoniaron varios grupos en contra del aborto, entre ellos, Misión Nuestra Señora del Pozo, Alerta Puerto Rico, Motiva Puerto Rico y Mujeres por Puerto Rico, Inc.

“Reconociendo a Dios como nuestro creador y dador de la vida, estamos en la mejor disposición de apoyar toda medida legislativa que establezca el derecho a la vida desde su concepción, su desarrollo y en todas sus etapas. Nuestra organización se mantendrá pro activa en la búsqueda de la legalización total en contra del aborto”, expresó Damaris Rodríguez, directora de la Misión Nuestra Señora del Pozo.

La última vista pública sobre los cinco proyectos de ley está programada para el próximo jueves 27 de octubre.