El Instituto de Estadísticas reconoció hoy, en una vista pública en el Senado, que la agencia no tiene un perfil actualizado sobre el maltrato infantil en Puerto Rico, en momentos en que todo apunta a que este problema se ha invisibilizado durante la pandemia del COVID-19.

“Es crucial investigar a profundidad el fenómeno del maltrato de menores y sus estadísticas, en especial durante este período de pandemia por COVID-19”, dijo el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Orville Disidier Flores a la Comisión de Bienestar Social del Senado. Reclamó que el Departamento de la Familia no les ha provisto datos actuales completos.

Disidier Flores dijo que el último perfil de maltrato de menores que publicó el Instituto de Estadísticas en el 2015, se fundamenta en datos del año fiscal 2012-13. En ese momento, la tasa de referidos por maltrato de menores en Puerto Rico era de 38 por cada 1,000 menores de 18 años.

Detalló que el último informe publicado en 2019 por la Administración de Familias y Niños (ADFAN) a nivel federal, reflejó un aumento de un 26.3 por ciento en la cantidad de referidos por cada 1,000 menores.

El funcionario indicó que en días recientes la ADFAN en Puerto Rico les proveyó datos “básicos” de 2020 hasta mayo de 2021, que atribuyen una reducción en los casos en comparación con años anteriores. Según la ADFAN en 2020 se reportaron 10,833 referidos y de enero a mayo de 2021, 5,434.

No obstante, Disdier Flores le hizo un llamado al Departamento de la Familia a brindarle al Instituto de Estadísticas “los datos crudos (tal y como se reciben) y los datos procesados (en la agencia) sobre este tema para poder evaluar más a fondo la calidad de estos datos”.

Disdier Flores indicó a preguntas de Primera Hora que “más allá de lo que brinda el perfil de maltrato federal que cubre hasta el 2019, en Puerto Rico no hay nada más oficial, salvo los datos que nos acaba de brindar el Departamento de la Familia parcialmente para el año 2020, pero más allá de esos datos puntuales, que son los casos y los referidos, no hay nada más”.

Subrayó la importancia de tener los datos “detallados y a profundidad” para determinar si la aparente reducción que se refleja en los datos parciales que sometió el Departamento de la Familia del 2020 hasta mayo de 2021 “se puede atribuir” al impacto de la pandemia o a otros factores.

Dijo que en la reunión reciente que sostuvo con el Departamento de Familia para plantearle la necesidad de actualizar los datos, les ampliaron “unos datos sencillos” y se comprometieron a enviarles datos cada tres meses. “Estamos esperando que pase ese período para sino, activar el sistema que tiene el Instituto de requerimiento de información según nuestro reglamento”, sostuvo el funcionario.

Explicó que mediante este proceso, el Instituto le hace el requerimiento de información, la agencia tiene 20 días para contestar y de no hacerlo se le envía una segunda petición para la que tendría otros 10 días para replicar. Si no lo hace, podrían ir a los tribunales.

“Me voy a comunicar con el Departamento de la Familia de forma inmediata y de no haber respuesta para este mismo mes esto (la activación del reglamento) estaría pasando”, expresó Disdier Flores.

“No hay estadísticas. Lo más lamentable es que ellos reconocen que la información no se les ha dado. Desde 2013 es el último perfil”, reclamó la senadora Rosamar Trujillo Plumey, presidenta de la Comisión de Bienestar del Senado.

“Lo que me preocupa es que esta es una responsabilidad dual. Hemos estado todo el tiempo diciendo a las agencias que nos provean números, pero le preguntamos al Instituto qué ha hecho, no ha hecho nada para conseguir esa información. Es importante que ellos hagan su parte y se planten al frente de la importancia de los números y las estadísticas para proveer un perfil”, sostuvo la legisladora.