Aumento en mujeres adultas mayores buscando órdenes de protección, denuncias de sobrevivientes que se sienten solas en el proceso criminal, lentitud en los procesos, deficiencias de supervisión en los programas de desvío a los agresores, falta de uniformidad en las estadísticas y ausencia de educación con perspectiva género, son algunos de los hallazgos de un estudio sobre violencia de género que dio a conocer el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

El estudio, preparado por la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género del gremio, destaca, además, que las portaciones de armas, con licencia o de forma ilegal, constituyen un elemento de letalidad para las víctimas de la violencia machista, pues son frecuentemente utilizadas en los feminicidios y en otros incidentes de violencia de género que siguen en aumento en el país.

El informe de 800 páginas, dado a conocer en una conferencia de prensa en la sede del CAAPR, recoge testimonios de sobrevivientes, revisa los programas gubernamentales que atienden el problema y presenta más de una veintena de recomendaciones.

Como parte del estudio, la abogada y trabajadora social Jenice Vázquez Pagán abordó las causas de la violencia de género y los patrones desde la perspectiva de quiénes la sobreviven y quiénes trabajan a diario con las víctimas. La también profesora de la Universidad Interamericana detalló que, en su investigación, que tituló “No es cáscara de coco”, entrevistó a cinco sobrevivientes, una intercesora legal y a dos funcionarias de organizaciones no gubernamentales que trabajan con las agencias. Agregó que por limitaciones de tiempo no pudo contactar familiares y agresores.

Vázquez Pagán indicó que en sus preguntas sobre la búsqueda de ayuda en las agencias gubernamentales y no gubernamentales las sobrevivientes y sus acompañantes en el proceso expresaron que la respuesta del Estado es muy lenta y pone en riesgo sus vidas.

“Describen el proceso como terrible y amenazante para su salud y seguridad. Parte de lo que nos lleva y de dónde surge el título de la investigación es a la necesidad de mirar las experiencias porque lo que está haciendo el gobierno no es suficiente y surge el título, cuando una de las mujeres entrevistadas, ya que apago la grabadora dice: ‘lo que pasamos las sobrevivientes no es cáscara de coco’ porque se supone que la gente conoce, se supone que los policías conocen, pero la realidad es que me he sentido muy sola en el proceso’”, relató la abogada.

“La violencia de género es una conducta aprendida que la promueve el Estado, la Iglesia, la sociedad y está imbricada en todos los discursos. Tenemos que cambiar la narrativa y el discurso”, dijo otra de las participantes del estudio, Alba López Arzola.

Sin importar la edad

La exjueza del Tribunal de Apelaciones, Sonia Ivette Vélez Colón, quien tuvo a su cargo la revisión de aparato público y gubernamental, destacó que en salas judiciales se ha observado un aumento en los casos de mujeres de edad avanzada buscando protección para terminar con el ciclo de violencia doméstica en el que han estado en una relación por muchos años. La exjueza indicó que este aumento puede obedecer a que ahora las hijas y nietas orientan a las mujeres sobre cómo buscar protección.

“Entre las cosas que pudimos destacar está el hecho de que la parte víctima manifesta el deseo de no continuar con el proceso criminal luego de haberse iniciado el mismo. La conducta ocurre particularmente cuando hay repetición en los procesos de Regla 6 (vista inicial de un caso criminal), cuando hay más vistas para poder obtener una orden de protección y los incidentes de violencia en las relaciones de pareja ya se han repetido en múltiples ocasiones”, resumió Vélez Colón.

La también exadministradora de los tribunales dijo que entrevistó a varios jefes de agencias, entre ellos, al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli; a la secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón y a la secretaria de la Familia, Carmen Ana González, más no logró hablar con la entonces procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo. Agregó que en su lugar entrevistó a una empleada de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

“La violencia de género es un problema social y un grave problema de salud pública que debemos atender”, sostuvo a su vez, la también exjueza Mercedes Marrero de Bauermeister, quien dirigió los trabajos de la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género.

“Tenemos que dar la batalla por la educación con perspectiva de género”, indicó la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del CAAPR, Josefina Pantojas. La abogada sostuvo entre otras recomendaciones que los fondos asignados a las organizaciones no gubernamentales que atienden la violencia de género no deben ser mediante el mecanismo de reembolso porque la burocracia perjudica a las sobrevivientes y sus familias. Igualmente, dijo que se recomienda al CAAPR mantener su posición de liderazgo en la denuncia de la violencia de género en sus múltiples manifestaciones.

“Haremos llegar el informe a las tres ramas del gobierno, a las agencias, a las organizaciones no gubernamentales que les ofrecen servicios a las sobrevivientes y a las facultades de derecho de las universidades”, indicó por su parte, el presidente del CAAPR, Manuel Quilichini.

La senadora y expresidenta del CAAPR, Ana Irma Rivera Lassén, subrayó que la OPM no ha cumplido con su función fiscalizadora. También, resaltó que, desde sus inicios, la Ley 54, que “es una ley de avanzada en Puerto Rico y se le ha dado mucha importancia a la parte criminal, punitiva, pero no a la parte parte civil, la de prevención, que es igualmente importante”.

“Hemos adelantado muchísimo, la Ley 54 fue un avance en Puerto Rico, pero tenemos que ir a las raíces, al patriarcado, a los anuncios. Tenemos que trabajar en las comunidades, con las mujeres, con los hombres, con los niños”, puntualizó la socióloga, Diana Valle Ferrer.