El Senado derrotó a viva voz este jueves la medida de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, que eliminaba el Fondo de Mejoras Municipales (FMM), conocido como el “barrilito”, y redirigiría los dineros para favorecer a los policías jubilados.

La senadora lamentó la decisión de la mayoría legislativa de atender la medida sin discusión y sin auscultar la posibilidad de enmiendas, lo que -a su juicio- revela la falta de voluntad política “para tocar el tema del barrilito” y, por lo tanto, defender su “permanencia” tal y como está dispuesta.

“Este proyecto no estaba escrito en piedra. Es decir, incluso, públicamente planteé que el mismo podría ser trabajado y enmendarlo si se entendía que ese dinero se podía redirigir a otros fines”, señaló la legisladora tras la votación.

La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) consignó su voto a favor de la medida. La senadora Marially González del Partido Popular Democrático (PPD), por su parte, expresó su rechazo.

El Proyecto del Senado 353 enmendaba el Código de Rentas Internas (Ley 1-2011) y, en su lugar, creaba el Fondo para Aportación al Fideicomiso para el Retiro de la Policía.

El Fondo de Mejoras Municipales es un pote de dinero que se nutre de una aportación del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y está a la disposición de los legisladores por distrito para que asignen partidas a entidades sin fines de lucro y gobiernos municipales.

La pieza legislativa, además, delegaba en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) la responsabilidad de certificar mensualmente el balance acumulado en el Fondo para Aportación al Fideicomiso para el Retiro de la Policía. Luego de esa certificación, el Departamento de Hacienda debía remitir, al Fideicomiso para el Retiro de la Policía, la cantidad acumulada.

“No cuestiono la buena intención que puedan tener muchos de los legisladores de distrito que utilizan esos fondos públicos para hacer obras buenas. Sin embargo, sabemos que, de la misma manera, la forma en que está constituido ese fondo y la forma en que se ha estado utilizando, ha dado paso a señalamientos de uso irregular”, expuso Rodríguez Veve.

Por los pasados años, el control y asignación de estos fondos ha estado bajo el escrutinio público “tras numerosos hallazgos revelados por la Oficina del Contralor (OC-25-46), que incluyen irregularidades en el uso de aproximadamente $40 millones anuales.

Desde el 2020, el trámite para disponer del dinero fue modificado para que se manejara a puertas cerradas entre los legisladores y la Autoridad de Tierras, a pesar de que previamente el proceso era público y requería la aprobación de resoluciones legislativas. Esos cambios provocaron una serie de señalamientos relacionados con la utilización de los fondos.

A principios de 2022, la Cámara de Representantes también investigó el asunto, concluyendo que la Autoridad de Tierras fue “negligente” en la administración del dinero.

“No es simplemente que el proyecto buscaba la pulcritud, la transparencia y eficiencias en el uso de fondos públicos. Es que, además, buscaba establecer prioridades en el uso de esos fondos. Nosotros tenemos muchas necesidades, pero tenemos fondos limitados y, por lo tanto, tenemos que establecer prioridades”, señaló Rodríguez Veve.

En tanto, el portavoz del PPD, Luis Javier Hernández, reconoció que el tema del “barrilito” es controversial porque hay “indicios o alegaciones” de que algunos legisladores no han hecho un uso “correcto” de los fondos, pero cuestionó “por qué la soga siempre tiene que seguir cortando por lo más fino”.

“Puedo dar fe como exalcalde que en muchas ocasiones ese dinero iba para las entidades sin fines de lucro, para personas que tienen alguna condición de salud, personas que necesitaban materiales de construcción. O sea, hay un grupo de gente que depende de ese dinero”, sostuvo al señalar que hay otras alternativas para atender las necesidades de los policías.

Al respecto, mencionó la Resolución del Senado 1 para investigar las razones por las cuales no se ha “ejecutado en su totalidad” la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”, que allegaba fondos -que podrían ascender a $40 millones, según Hernández- al Fideicomiso para el Retiro de la Policía y le mejoramiento de sus pensiones.